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EL SUEÑO MACRISTA DE UNA CORTE ADICTA ESTÁ EN SUSPENSO

La historia es sencilla. Macri viene trabajando a destajo para domesticar a la Justicia porteña porque le traja ya varios dolores de cabeza. Para ello, quiere aprovechar la vacante que se produce a partir del 1º de octubre en el Tribunal Superior.
Los sueños de una “justicia adicta” no le son ajenos al Jefe de Gobierno. Entonces, qué mejor que designar en el Tribunal Superior a la Fiscal que siempre ha dictaminado, se ha pronunciado, a favor de los intereses del Gobierno de la Ciudad. La candidata elegida es Daniela Ugolini (foto) que actualmente se desempeña como Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Ugolini es una fiscal de dictámenes polémicos. Entre ellos, dijo que era legal que el Gobierno de la Ciudad recuse al Juez Gallardo en todas las causas en las que interviene y el Gobierno sea parte, cabe aclarar, que en el fuero adminsitrativo el Gobierno de la Ciudad siempre es parte, por lo que su dictamen equivale a decir que Gallardo ya no entienda más en ninguna causa. Una aberración.
Macri busca colocar a Ugolini en el Tribunal Superior de Justicia con las mismas intenciones con las que Menem colocó a Julio Nazareno en la Corte Suprema.
Pero los sueños de Macri tendrán que esperar. Los magistrados Guillermo Shleiber, Roberto Gallardo y Elena Libertatori le pusieron un freno a la candidatura de la fiscal Daniela Ugolini para integrar el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad al aceptar las medidas cautelares interpuestas por la oposición a la iniciativa macrista. De esa manera, hicieron lugar a los cuestionamientos que había recibido la fiscal, entendiendo que en el caso no se cumple con los requisitos del Decreto Nº 1620/03 por el cual se deben dar a publicidad los antecedentes de los candidatos a jueces para que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones o adhesiones a los postulantes.
El fallo del Juez Guillermo Shleiber se centró en el planteo de los legisladores electos de Proyecto Sur de que se “trampearon” los tiempos de la presentación para que el pliego fuera votado antes del 10 de diciembre. Los futuros diputados reclamaron que se declare ilegal el procedimiento “por violar los plazos establecidos”. Según la norma, la nominación debe hacerse “dentro de los 60 días desde que se produzca la vacante”: el juez Julio Maier dejará el cargo el 1º de octubre, pero el pliego de Ugolini se publicó el 19 de agosto.
Que la integración del máximo tribunal local pudiera estar sospechada resultaría francamente pernicioso para la salud cívica de la ciudad. El Estado debe garantizar que todos y cada uno de los pasos que se den revistan la seriedad, la transparencia y el respeto integral a las normas”, advirtió en su sentencia el Juez Gallardo.
Los sueños de una Corte adicta tendrán que esperar.

La Ciudad no es tu empresa. LA JUSTICIA FRENÓ A MACRI

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad negó ayer la recusación contra el juez Roberto Gallardo, presentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Procurador porteño Pablo Tonelli, informaron fuentes judiciales. La decisión de la Cámara fue por unanimidad y rechazó la recusación presentada por Tonelli sobre un total de 700 expedientes que se tramitaban en el juzgado de Gallardo.
La decisión judicial de la Cámara de Apelaciones pone un freno a la embestida macrista contra el Juez Gallardo y contra la Justicia en su conjunto.
De esta manera, y luego de la decisión de la cámara, ha quedado en evidencia que la arremetida ha sido una clara operación política para bloquear al Poder Judicial, en la intención de elegir a los jueces amigos que llevan las causas en las que la Ciudad es parte, y optar por las leyes que a Macri le gusta cumplir.
En su rol constitucional, el Procurador es el abogado de la Ciudad debiendo defender los intereses monetarios del gobierno, pero ello no significa que deba pasar porencima de las instituciones y del sistema de derechos de los porteños.
En ese sentido, lo que la Cámara de Apelaciones está diciendo es que Tonelli se excedión en el cumplimiento de sus funciones como Procurador.
Macri buscó una acción disciplinadora que acalle a los jueces, el fin era evitarse fallos molestos que interfieran en su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad, porque a Macri la Justicia le molesta.
El fallo de la Cámara que frenó las recusaciones, remarca en su párrafo principal que “hacer lugar a la recusación planteada redundaría en desmedro de la regla del juez natural y afectaría la debida administración de justicia e independencia judicial“.

El PRO AVISA: JUECES MOLESTOS SERÁN DEMANDADOS Y RECUSADOS

El Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, afirmó que “Estamos dispuestos a demandar a cualquiera que cause daños y perjuicios, sea un peatón o un juez“. Ello sucedió en el marco de la visita del funcionario macrista a la Legislatura a la que fue convocado debido al conflicto de poderes instalado desde que el Gobierno presentara más de 700 recusaciones contra el Juez Gallardo.
Previamente, hay que decir que Pablo Tonelli es el Procurador General de la Ciudad, es decir, que es el abogado de la Adminsitración Pública o el abogado del Estado de la Ciudad. En dicho desempeño cumple la importante función de ser el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado porteño, además de ser quien dictamina en materia jurídica sobre la interpretación de leyes, decretos, resoluciones y demás actos administrativos. Asimismo, representa al Estado de la Ciudad en juicio. Según el Artículo 134 de la Constitución representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses.
Lo que diera origen al avasallamiento del Poder Judicial por parte del macrismo es una acción de amparo iniciada por la Asociación Civil Casa Amarilla por mora en la adjudicación de viviendas por parte de la Ciudad. El Juez Gallardo ordenó a la Ciudad asignar adjudicatarios a los solicitantes, ordenó reactivar las obras y embargó 14 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a la cuenta de su juzgado, como es habitual cada vez que se produce un emabrago judicial ya que el tribunal es el custodio de las sumas embargadas.
Esos son los antecedentes de la causa por daños y perjuicios que inició la Ciudad contra el Juez y contra la Asociación Civil Casa Amarilla por considerar “innecesaria la transferencia de fondos embargados“. En la demanda por daños, la Ciudad plantea un resarcimiento de 138 mil pesos.
Al haber un juicio pendiente entre las partes (la Ciudad y el Juez) por la causa por daños y perjuicios, Pablo Tonelli resolvió recusar al magistrado en “aquellas causas donde la Ciudad sea parte demandada“, dejándole a Gallardo todas aquellas en las que el Gobierno porteño es demandante -las ejecuciones fiscales-.
Es decir que mientras el Juez le exige a la Ciudad que cumpla con una Ley que otorga viviendas sociales, el macrismo demanda a ese Juez porque esa plata retenida por el Juzgado le impide obtener intereses. Es de destacar que esa plata tenía un fin específico dado por una ley, por lo que el Gobierno no la puede gastar en otra cosa.
Pero más grave aún es el hecho de demandar a un Juez por una sentencia judicial que obliga al Gobierno a cumplir con una ley. Un Juez no puede ser demandado por sus sentencias, sino imaginen lo que sucedería con cada Juez que dicte una sentencia contraria al Estado. Ningún Juez fallaría en contra del Gobierno de la Ciudad y entonces, todos los porteños nos encontraríamos indefensos frente al accionar del Estado de la Ciudad.
¿No será eso lo que quiere lograr Macri al atacar, perseguir y demandar a un Juez?

El PRO quiere jueces macristas


Todo comenzó cuando el Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo citó a Macri y algunos de sus funcionarios en el marco de una causa en la que se investiga la muerte por falta de atención médica de un menor de 4 meses en un centro de evacuados de la Villa El Cartón, ubicado en el Parque Roca en el barrio de Villa Lugano.

Ningún funcionario macrista acudió a la audiencia.
En cambio, decidieron demandar al Juez por presuntos daños y perjuicios sufridos por el Estado de la Ciudad a raíz de un fallo del juez que obligó a parar la licitación de Mobiliario Urbano (carteles publicitarios que se encuentran en la vía pública) por presuntas irregularidades en el proceso de selección de las empresas. Además, decidieron recusar al Juez Gallardo en todas las causas de su juzgado.
En el día de hoy Gallardo denunció la situación en la Legislatura y el Ministro de Seguridad y Justicia, el ex Juez Federal, Guillermo Montenegro le pidió “que renuncie al cargo de juez y se postule como jefe de Gobierno o como legislador“.
Claro que el macrismo nada dijo acerca de la muerte de un bebé de cuatro meses por falta de atención médica, y que lo que realmente le molesta es una Justicia independiente que investigue. Las declaraciones de Montenegro y la acción desplegada por el Procurador General de la Ciudad constituyen una clara operación persecutoria y de disciplinamiento hacia los jueces de la Ciudad.
Macri quiere elegir las leyes que cumple (recordar que no cumplió con la Ley de Comunas) y quiere elegir a los jueces.
La recusación masiva, es decir, el vaciamiento del Juzgado a cargo de Gallardo, constituye un obrar ilegal e inconsitucional que violenta la división de poderes, piedra basal del Estado de Derecho. Macri lo sabe, Macri lo hizo.

¿Propuesta republicana? Qué tiene de republicano el PRO???

Frente a un nuevo suceso de intolerancia y una nueva muestra de autoritarismos por parte del Gobierno macrista, La Ciudad de la Furia se ve obligada a refexionar acerca de la “independencia de la Justicia”.
En ese sentido, es dable recordar que la razón fundamental para que existiera la independencia del sistema judicial frente al resto de los poderes fue para que los gobernantes no pudieran utilizarlo para perseguir a sus enemigos o para defender los intereses de sus amigos. Fue por ello que se introdujeron mecanismos que buscaban impedir que magistrados y jueces fueran nombrados por el Poder Ejecutivo, acudiendo en algunos casos a los nombramientos vitalicios de la Corte Suprema, a la carrera judicial y, en otros, a la intervención del Poder Legislativo para neutralizar el Poder Ejecutivo.
Pues esta breve y sencilla reflexión parece ser desconocida por Macri y su gobierno. Que Macri no es abogado ya lo sabemos, pero que el Procurador General de la Ciudad, que sí es abogado, desconozca uno de los principios rectores del Estado de Derecho y del sistema republicano de gobierno es demasiado.
¿Que sucedió? El Gobierno de la Ciudad presentó más de trescientas recusaciones contra el Juez Roberto Andrés Gallardo, por lo que le quitó todas las causas que tenía en su juzgado ya que es parte del fuero contencioso administrativo de la Ciudad y en todos sus expedientes el Estado de la Ciudad es parte. ¿Que quiere decir recusar? La recusación implica el hecho de impedir legítimamente la actuación de un Tribunal, Juez, o Perito en un juicio. ¿Cuándo se puede recusar a un Juez? Cuando concurre una causa susceptible de poner en entredicho la debida imparcialidad judicial.
¿Qué hizo el Juez Gallardo para que Macri diera la orden de recusarlo en todos los juicios? Gallardo, según el relato de Página/12, convocó a una audiencia al Jefe de Gobierno y a varios de sus ministros para que dieran explicaciones acerca de por qué no habían acatado una orden judicial que los intimaba a prestar asistencia médica las 24 horas en un centro de refugiados en el Parque Roca, donde sobreviven los ex habitantes de la Villa Cartón en condiciones muy precarias, ya que en ese lugar había muerto un bebé de cuatro meses sin que hubiera ningún médico para ayudarlo. Debido a la inasistencia de Macri, Gallardo ordenó los allanamientos en siete dependencias del gobierno porteño y ese mismo día desde la Procuración porteña le contestaron con una querella por daños y perjuicios y con tres centenas de recusaciones en todas las causas en las que intervenía. Interviene en esa misma causa la Asesora Tutelar General de la Ciudad, Laura Musa.
A Macri no le gusta que la Justicia lo investigue, y, mucho menos que lo interrogue. Macri quisiera tener jueces amigos como en la época de Menem, en la que zafó de una causa por contrabando. No es la primera vez que desafía a la independencia de los jueces, ya en el verano se dijo acá que “respetar la Justicia no es Pro“.
A Mauricio no le gusta la Justicia y por eso, de nuevo, La Ciudad de la Furia contempla absorta un triste e irreal conflicto de poderes, ya que el Poder Judicial está para controlar los actos de gobierno y ordenar el respeto al Estado de Derecho.

ASÍ HABLA LA JUSTICIA

En La Ciudad de la Furia sólo se habla de la instalación de las carpas. El presente será un intento de abordar el mismo tema pero desde el ámbito jurídico. Mas no será un análisis concienzudo de producción propia, sino que será una transcripción de lo dicho por la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Facultad de Derecho nos hartamos de escuchar que los Jueces hablan a través de sus sentencias y que de esa manera se manifiesta la Justicia.
Pues la Justicia se ha manifestado en el EXP 29882 /1, según sentencia suscripta por el Dr. Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de nuestra Ciudad.
Antes de transcribir los puntos salientes de tan honrosa pieza jurídica, me encuentro en la obligación de recordar que el Juez que dictó la sentencia es el mismo que multó a funcionarios del Gobierno de la Ciudad por no respetar los Derechos Sociales de los porteños, que multó a Anibal Ibarra con la quita de un porcentaje de su sueldo, que lo mismo hizo con funcionarios de Telerman. Es decir, un Juez que se encuentra muy lejos de casarse con el poder.
Realizadas que han sido las aclaraciones de rigor, va lo que dijo la Justicia respecto a las carpas instaladas en la Plaza de los Dos Congresos por militantes Kirchneristas:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Junio de 2008. VISTOS: I .- La presente acción es iniciada por el Sr. DIEGO GABRIEL KRAVETZ, el día 23/06/2008 a las 5,06 hs. PM, en virtud de lo cual fue presentada ante el Juzgado Contravencional y de Faltas nº 22, cuya titular lo remitiera al Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, por considerar que era competencia de dicho fuero (fs.9). Sorteado el expediente, el mismo es radicado en el Tribunal del suscripto (fs.10). El objeto de la pretensión es que “..dicte medida cautelar tendiente a asegurar el libre ejercicio de los derechos constitucionalmente garantidos de peticionar ante las autoridades y de manifestación, los que se ven arbitrariamente violentados por el accionar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto ha ordenado desalojar a los manifestantes que se encontraban ejerciendo los derechos aludidos en la Plaza de los Dos Congresos, solicitando que en forma inmediata conmine al GCBA al cese de su ilegítimo accionar” (sic) … Agrega que “..los manifestantes realizaron una presentación ante las autoridades pertinentes del Gobierno de la Ciudad a los efectos de poner en su conocimiento el accionar aludido, solicitando la pertinente autorización”. En virtud de lo expuesto solicita que “….se dicte con carecer urgente esta medida cautelar autónoma tendiente a dejar sin efecto la resolución mediante la cual se impide el derecho de estos manifestantes de proclamar sus ideas, de reunirse y de peticionar ante las autoridades, todos amparados expresamente tanto en la Constitución Nacional como en su par local, con expresa y ejemplar imposición de las costas procesales que el presente devengue.” … CONSIDERANDO: Que las medidas cautelares han sido concebidas como un medio tendiente a impedir que el tiempo torne ilusorio el eventual reconocimiento del derecho cuya protección jurisdiccional se pretende (arg. art. 177 C.C.A.y T; Cám. Cont. Adm. Tributario, Sala I, in re “Rubio Adriana Delia y otros c/ GCBA s/amparo” expte Nº 7 del 28/12/00)… En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado que es necesario “una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia” (11/7/96 in re “ Milano Daniel c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, y en igual sentido, CNFed. Cont. Adm. sala V 3/3/97, y sala II 28/5/96, como así también, CNFed. Cont. Adm. Sal II, 19-08-99, L.L.1999-E, 624 –DJ,1999-3-903). (lo resaltado me pertenece) … La cuestión traída a consideración no puede ser resuelta sin tener presente el contexto político social en que se verifican los hechos. El juez no puede resolver en términos de autismo o ignorancia de la realidad. Lo concreto es que en los últimos tres meses la sociedad argentina ha sido protagonista de un conflicto de proporciones considerables y lo concreto también es que en la última semana dicho conflicto ha reducido significativamente su intensidad luego de la decisión Presidencial de elevación parlamentaria. En ese contexto, es dable esperar que los sectores antagónicos expresen libremente sus ideas. También es deseable que lo hagan generando el menor impacto posible en la cotidianeidad del resto de los ciudadanos. Es decir, al momento de resolver he de tener presente que a la luz de lo acontecido en el pasado inmediato (corte generalizado de rutas y desabastecimiento), el nivel expresivo de la actual manifestación política, en la que prima facie no aparece comprometida la circulación vehicular ni la seguridad pública, no sería objeto de reproche. No significa esto que el Gobierno local carezca de poder de policía, ni tampoco que los manifestantes, resulten de la extracción política que fuere, no deban cumplir con la normativa vigente. Lo que si colijo es que ese poder de policía debe ser ejercido, en forma racional y prudente, atendiendo a la particulares circunstancias de cada caso. En el actual marco socio político, llevar a cabo el desalojo de los manifestantes no haría sino exacerbar los ánimos que con tino se intenta calmar desde el poder público Federal. Además, es de rutina en la gestión judicial y también en la administrativa, la verificación de ciertos pasos progresivos antes de la toma de decisión del desalojo compulsivo (inspección, intimación, corrección, etc). La mesura en pro de la paz debe primar en la decisión de quienes tienen el alto mandato de hacer cumplir la constitución. Es decir, la decisión judicial, debe, teniendo en cuenta el marco socio político imperante, lograr un equilibrio entre la seguridad pública y el derecho de expresión de los manifestantes, todo ello en aras de contribuir a la pacífica y democrática resolución de los diferendos suscitados. He de considerar muy especialmente, el criterio sustentado por el actual Jefe de Gobierno en ocasión del mega evento realizado por la iglesia evangélica en fechas 14 y 15 de marzo de 2008 (Buena Música y Buenas Noticias – Pastor Luis Palau) y que mereciera la autorización oficial en un expediente de rápida resolución (Dec. 185/08). En dicha resolución el actual mandatario local, dispuso que la entidad organizadora …”será responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daño o accidentes que pudieran surgir como consecuencia de la totalidad de las tareas y/o actividades que antes, durante o una vez finalizado el evento sean ejecutadas con el objetivo de llevar adelante la celebración del mismo, debiendo en cada caso contar con los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente…” y además determinó que “…será responsable de la seguridad, conservación y limpieza del espacio público durante el tiempo en que se extienda la actividad a realizarse. Al término de la misma deberá tomar los recaudos pertinentes a efectos de que el lugar utilizado quede en perfecto estado de conservación y limpieza…” Nótese que en el caso que menciono, el Gobierno de la Ciudad, autorizó el emplazamiento de un gigantesco escenario sobre la Plaza de la República y permitió la interrupción de la circulación vehicular total y parcialmente según los horarios y las jornadas, desde el día 6 de marzo y hasta varios días después de finalizado el evento, con las consiguientes afectaciones de derechos de los ciudadanos porteños. De eso se trata pues cuando se gestiona el espacio público, de lograr un adecuado equilibrio entre los derechos en pugna. Manteniendo, obviamente un trato igualitario. En el caso que nos ocupa, no se verifican ninguna de las situaciones apuntadas: No existe hasta el momento interrupción en la circulación automotor ni se ha impedido la circulación peatonal, conforme surgiría de las constancias anejadas. Es decir que, con un criterio de razonabilidad, podría colegirse que las mismas premisas permisivas y las delegaciones de responsabilidad efectivizadas en el caso traído a ejemplo, podrían válidamente trasladarse al sub lite, máxime cuando las afectaciones que esta expresión pública genera, parecen a primera vista de mucho menor impacto que la referida supra. Por último no escapa al tribunal que si bien la normativa de la resolución 361(SSMA-04) establece ciertos plazos de anticipación para la presentación de las autorizaciones, no es menos cierto que la dinámica política y la necesidad de la expresión pública hacen muchas veces inaplicable a rajatabla dicha norma. Sin ir mas lejos, y dentro del mismo marco político de autos, en los últimos días se han producido, como es de dominio público, varios cortes de arterias en la Ciudad de Buenos Aires, originadas en sectores conocidos como “caceroleros”, impidiendo el tránsito ciudadano y la libre circulación peatonal y vehicular, y no se tiene noticia que el Gobierno de la Ciudad haya denunciado policialmente dicha circunstancia y pretendido el desalojo forzado de los manifestantes. En ese supuesto, el Gobierno si ha tenido en claro lo espontáneo de la dinámica política y ha actuado con debido tino al no solicitar su represión. De lo que se trata es justamente de igual trato. Así las cosas, habré de hacer lugar a la tutela judicial solicitada, no sin ordenar en forma paralela la inmediata intervención del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina, a fin de que se sirvan inspeccionar las estructuras emplazadas y determinar la seguridad de las mismas a fin de evitar situaciones accidentales que pudieran derivar en daños para las cosas o las personas. Dicho cuerpo deberá informar al tribunal dentro de las 24 hs. lo constatado y en su caso las recomendaciones que efectuara a los titulares de los emplazamientos ubicados en la Plaza de los Dos Congresos, frente al edificio del Congreso de la Nación, sobre la Avenida Entre Ríos entre las Avenidas Rivadavia e Hipólito Irigoyen. Por lo hasta aquí expuesto y en función de lo que establecen los arts. 10 y 14 de la CCABA, y 179 y ss del CCAyT, RESUELVO: HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. ORDENAR al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, se abstenga de aplicar la Disposición . Nro. 4089-DGOEP-08, y/o cualquier otra homóloga que la reemplace o sustituya y que tenga idéntico objeto que la citada. PONER EN CONOCIMIENTO DE LO RESUELTO al Señor Jefe de la Policía Federal Argentina. ORDENAR a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal que releve la totalidad de las estructuras (carpas) ubicadas en la Plaza de los Dos Congresos e informe dentro de las 24 hs. sobre la seguridad de las mismas y los eventuales riesgos que los emplazamientos pudieran presentar, efectuando en su caso las recomendaciones técnicas que resulten menester… Oportunamente archívese. . .”


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