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APUNTEN CONTRA BURSTEIN

Con cierto tono pedante, los Diputados Martín Ocampo y Fernando De Andreis interrogaban a Burstein tratándolo como si él fuera el culpable del espionaje ilegal. El macrismo tenía claro que debía transformar a la víctima en victimario, algo así como demostrar que la mujer violada provocó al violador.
Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA, fue quien dio origen a la causa por las escuchas ilegales en la que Mauricio Macri está procesado y está a un paso de ser sometido a Juicio Oral.
Los macristas se olvidaron del marco institucional, del respeto a las instituciones y de la calidad institucional y la arremetieron contra Burstein. La cosa no podía terminar bien. En medio de gritos e insultos se decidió un cuarto intermedio para tratar de apaciguar los ánimos.
Durante el intervalo un camarógrafo de canal 7 que estaba junto al periodista Fernando Alonso fue golpeado cuando intentaban entrevistar a Sergio Burstein. También fue agredido un periodista de Radio Nacional, Claudio Leveroni. De estas agresiones no se harán eco ni ADEPA, ni la SIP, ni Clarín, ni el diario La Nación.
Trompadas, corridas, insultos… Una vez más, el PRO conseguía su objetivo. La Comisión Investigadora no continuaba con su labor, el testimonio de Burstein continuará otro día. El daño estaba hecho y seguramente muy pocos medios darán cuenta del ataque a la prensa, el cerco mediático cuidará de los hombres y mujeres de Macri.

LA COMISIÓN INVESTIGADORA ESPECIAL EN SU LABERINTO

Como si se tratara de una interminable zaga de enredos, la Comisión Investigadora Especial (CIE) de la Legislatura porteña no encuentra el rumbo, virtualmente paralizada, se enreda en su laberinto.
Desde su concepción hasta su puesta en funciones la “Comisión” no logró hacer pie. Concebida como la herramienta necesaria para esclarecer la red de espionaje ilegal montada en el seno del Gobierno de la Ciudad sólo ha servido para que asistamos a un circense espectáculo de chicanas en donde los protagonistas estelares son los Diputados del PRO.
La CIE iba a realizar en el día de ayer su primera ronda de testigos. Para ello, había citado a funcionarios judiciales de la Ciudad, autoridades universitarias, entre otros. Nadie acudió a la cita y la Comisión Investigadora hizo el rídiculo, de eso no hay dudas. Un acierto de la estrategia macristas que busca vaciar a la CIE.
Sin embargo, no todo es estrategia, habilidad e inteligencia macrista. Hay que decir que la oposición le viene “errando al vizcachazo”. La resolución de citar a testigos de los que podría presumirse su renuencia a colaborar con la “comisión” es una torpeza inadmisible. Más lo es, sobrevalorar su propia competencia al pretender que funcionarios de la Universidad Nacional de La Matanza se sometan a un interrogatorio bajo juramento, siendo que es el Congreso Nacional el único que puede obligar a comparecer en su seno a funcionario de universidades nacionales. En el mismo sentido, la convocatoria a prestar declaración testimonial al Fiscal General de la Ciudad constituye una “paparruchada” de los diputados y diputadas de la Ciudad. En efecto, el Fiscal General es uno de los titulares del Ministerio Público y por tanto integrante del Poder Judicial, en tal carácter, interviene en todos los asuntos que sean llevados ante el Tribunal Superior de Justicia representando el interés de la Ciudad de Buenos Aires ejerciendo el control de legalidad de los procesos y procedimientos. Lo que olvidaron en la CIE que cualquier controversia que surja de las actuaciones de ella misma deben ser llevadas a estudio del Tribunal Superior, y que, en caso de llegarse a la promoción del juicio político al Jefe de Gobierno, su supervisión también estará a cargo del Tribunal Superior y, quien deberá intervenir es el Fiscal General. ¿Era necesaria su citación?
La Comisión Investigadora Especial es legal, tiene fundamento en la Constitución de la Ciudad, pero carece de legitimidad. Una legitimidad que ha sido menoscabada por el accionar del macrismo y que la oposición no pudo, no supo o no quiso resolver. Es la política la que falla, la que no logra que la discusión y la investigación se produzca en el marco institucional de consenso y racionalidad. La falta de apoyo y movilización por parte de una porción importante de los porteños o, de sector social alguno, contribuye a esa falta de legitimidad y permite las maniobras del PRO. La política es la que no está dando las respuestas adecuadas.
Esta cuestión surge indubitable cuando recordamos lo sucedido en ocasión de la tragedia de Cromañón, cuando funcionó una irregular Comisión Investigadora en la que no se permitió la participación de legisladores oficialistas, pero que contó con cierta legitimidad.
Es de esperar que no se cumpla con aquel vaticinio de Marx que aseguraba que “la historia se repite primero como tragedia y después como farsa“.

Si no fuese Macri de qué trabajaría

Repetidas veces se ha dicho y se ha informado acerca del procesamiento firme en sede penal de Mauricio Macri por el caso de las escuchas ilegales. También, mucho se ha hablado respecto de si conformación de una Comisión Investigadora Especial o iniciación del procedimiento de Juicio Político.
De lo que poco o casi nada se habla es de las consecuencias que tendría para una mujer o un hombre común un procesamiento firme en sede penal. Veamos algunos ejemplos:
  1. La Ley 471 (Ley de Empleo Público de la Ciudad) establece en su Artículo 7º -Condiciones de Admisibilidad- que no pueden ingresar a la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “…Quienes hubieran sido condenados o se encuentren procesados con auto de procesamiento firme situación procesal equivalente por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o estuvieren afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos“.Es decir que Mauricio Macri no podría ser empleado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero sí puede ser Jefe de Gobierno, una incongruencia del ordenamiento vigente.
  2. La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25.164) establece que no podrá ingresar a la Administración Pública Nacional el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. Entonces, Mauricio Macri tampoco podría ser contratado por el Estado Nacional.
Si Mauricio Macri no fuese quien es, y saliera a buscar trabajo después que fue confirmado su procesamiento no podría trabajar ni en la Ciudad, ni en el Estado Nacional. La misma restricción existe en las universidades nacionales y en los estados provinciales. Pese a la gravedad que representa un procesamiento penal para una persona común, Mauricio Macri continúa minimizando y ninguneando las acusaciones que pesan en su contra.

SE VIENE “LA INVESTIGADORA” CONTRA MACRI

El pasado martes 20 de julio, el macrismo hizo pesar su número en la Legislatura porteña y logró frenar el intento opositor de crear una comisión investigadora para analizar la conducta del Jefe de Gobierno en el caso de las escuchas telefónicas ilegales. También desactivó temporalmente un pedido de licencia y otro de juicio político.
Con 20 Diputados presentes el PRO impidió que la oposición logre los dos tercios de los legisladores presentes para aprobar el proyecto del Diputado Kravetz sobre tablas.
En un inesperado giro, 24 horas después, el mismo Mauricio Macri solicitó a sus propios legisladores que promuevan su Juicio Político.
Ese mismo día, la Legislatura porteña decidió que tanto los proyectos de creación de una comisión investigadora, como los de citación al Jefe de Gobierno y pedidos de licencia, como así también, los de promoción de juicio político se debatan en el recinto el próximo 12 de agosto en Sesión Ordinaria.
Desde ahí en adelante la oposición se debate en dos cuestiones. Una es acerca del procedimiento formal para que se inicie o se promueva el juicio político. Otra es entre la oportunidad política para su inicio y la creación de una Comisión Investigadora.
Respecto de la cuestión procedimental los debates demuestran poco apego a la letra de las normas vigentes y a las opiniones doctrinarias mayoritarias, debate que esclarece el blogger Mendieta, con quien coincidimos aquí, y que hoy el diario BAE trata de manera muy seria.
La otra cuestión que hace a la oportunidad, mérito y conveniencia del juicio político o la comisión investigadora resulta claro que la jugada de Macri es de un cinismo de proporciones que imagina un juicio político abreviado y veloz que le asegure un 2011 de campana electoral sin sobresalto, para lo cual sus Diputados y Diputadas apurarán las definiciones mientras sus abogados fatigarán los tribunales federales con chicanas y dilaciones para evitar el juicio oral. No aparece, entonces, como la mejor opción para los opositores, salvo que se decidan a confrontar las pruebas y argumentos que existen en contra de Macri con la débil e insostenible tesis PRO. Esto requiere que “la política” ocupe la centralidad de la cuestión, y “lo judicial” pase a un segundo plano. Los opositores debieran aceptar el desafío macrista y demostrar lo que todos ya sabemos, hubo un montaje de un aparato de espionaje en el seno de la Policía Metropolitana y eso configura “mal desempeño”. Hay que ver como reaccionan los integrantes dudosos del Bloque PRO ante la contundencia de los hechos. Esta opción pone a prueba la seriedad y fortaleza de la oposición en la Ciudad. La Comisión Investigadora, en cambio, no obsta a que luego de finalizada su labor se promueva el juicio político a Mauricio Macri y el plazo para actuar lo puede establecer la propia Legislatura cuando se apruebe su creación. Asimismo, la Comisión Investigadora a crearse debe contar con integrantes de todos los bloques, lo que garantiza la participación de aquellos bloques parlamentarios minoritarios.La pelota está en la Comisión de Asuntos Constitucionales que debe dictaminar la semana próxima. Ahí, sus integrantes deben aprobar el despacho de creación de Comisión Investigadora que debe ser tratado el próximo 12 de agosto. La Constitución de la Ciudad establece en su Artículo 83 que la Legislatura puede crear comisiones investigadoras sobre cualquier cuestión de interés público y respeta la representación parlamentaria.
Todo indica que habrá Comisión Investigadora y, probablemente y en paralelo, el PRO insista en el Juicio Político. Macri está jaqueado y coloca, también, a la Ciudad en jaque.

EL LABERINTO DEL JUICIO POLÍTICO

 Por Juan Manuel Di Teodoro *

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fallo unánime, ha decidido ratificar el procesamiento de Mauricio Macri, lo que, además de las consecuencias jurídicas, trae aparejado el hecho de que llegó el momento para que intervenga la Legislatura porteña.

De manera casi unánime y uniforme, legisladores opositores opinan que la Legislatura debe conformar una comisión investigadora especial para evaluar la responsabilidad política del jefe de Gobierno en el caso de las escuchas ilegales. En el mismo sentido, se afirma como una verdad casi irrefutable que sería imposible iniciarle un juicio político al jefe de Gobierno por el número de legisladores con que cuenta el bloque PRO.

Pues bien, parece que muchos han olvidado que los miembros de la Legislatura porteña se dividen por sorteo en una Sala Acusadora, integrada por cuarenta y cinco diputados y diputadas, y en una Sala Juzgadora, compuesta por los quince legisladores restantes, respetando la proporcionalidad de los bloques parlamentarios. En otras palabras, la Sala Acusadora es el reflejo de la Cámara de Diputados de la Nación, y la Sala Juzgadora, el reflejo del Senado de la Nación, y cumpliría su función una vez iniciado el juicio político propiamente dicho.

La Sala Acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión de trece (13) miembros, que se denomina Comisión Investigadora y es de carácter permanente (equivalente a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados) y es la que por simple mayoría de sus miembros dictamina ante el pleno de la Sala si da curso o no a la acusación, la que necesita para su admisión el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la mencionada Sala Acusadora (30 sobre 45). Esta Comisión Investigadora cuenta con un plazo de 60 días hábiles parlamentarios para avocarse a su estudio y establecer con amplias facultades de investigación si hay elementos para elevar a la Sala Acusadora un dictamen que solicite el juicio político. Es entonces la Sala Acusadora la que decide promover el juicio político, y no el plenario de la Legislatura, nunca hacen falta 40 votos sobre 60 como se sostiene. Recién ahí comenzaría el juicio político, con la suspensión provisoria en sus funciones del acusado.

Es en este punto que resulta importante destacar que cualquier diputado o diputada, incluso un particular –de conformidad con el Reglamente Interno de la Legislatura–, puede presentar un proyecto solicitando el inicio del proceso de juicio político y la investigación sobre la posible causal de mal desempeño o comisión de delito doloso. Para ello no se requiere ninguna mayoría especial.

Hasta aquí hemos despejado algunas incógnitas. No es necesaria la intervención del pleno de la Legislatura, ni la creación de ninguna Comisión Investigadora Especial si lo que se quiere es iniciar el procedimiento de juicio político.

La Legislatura porteña debe saber que si la voluntad política es el inicio del procedimiento de juicio político al jefe de Gobierno la creación previa de una Comisión Especial no es un requisito previo ni condición necesaria para ello.

* Abogado. Director general de Despacho Parlamentario, Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149898-48136-2010-07-21.html

SIN EXCUSAS

A Mauricio Macri se le acabaron las excusas. Las voces más disimiles se suman para contradecir al procesado Jefe de Gobierno.
El empresario Franco Macri afirmó que “pondría las manos en el fuego” para confirmar “ que el gobierno no tienen nada que ver”en la causa por escuchas ilegales en la que fue procesado su hijo. ”Estoy seguro que no es un proyecto del gobierno hacer que Mauricio tenga problemas” sostuvo textualmente Franco Macri.
“El fallo es muy serio”, dijo la diputada de la Coalición Cívica,Elisa Carrió, sobre la ratificación del procesamiento a Mauricio Macri en la causa de las escuchas telefónicas.
No me consta que esté involucrado Kirchner, lo han hecho muchas veces, con las famosas carpetas” pero “ahora no me consta en el caso de Macri”, aseguró Felipe Solá, quien añadió que le sorprendió “mucho” la decisión por unanimidad de la Cámara Federal de la Ciudad de ratificar el procesamiento de Macri.
La única defensa esgrimida por Mauricio Macri fue responsabilizar a Néstor Kirchner por su procesamiento pero ni su papá ni los más acérrimos antikirchneristas le creen. Al “niño” Mauricio se le acaban las excusas y cada vez está más clara su responsabilidad en el armado de un aparato de inteligencia ilegal a la sombra de la flamante policía metropolitana.

MACRI RECONTRAPROCESADO. Consideraciones sobre el fallo de la Cámara Federal

Mauricio Macri está preocupado, ya no es la misma enjundia con la que atacaba a Néstor Kirchner después de cada procesamiento judicial. Tampoco las caras del gabinete PRO y de sus principales espadas legislativas no eran las mismas de antes. Gestos adustos, sonrisas nerviosas, y dirigentes gambeteando a periodistas.
No es para menos, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fallo unánime, ha decidido ratificar el procesamiento del Jefe de Gobierno por considerarlo “prima facie” autor penalmente responsable del delito de acceder indebidamente a una comunicación telefónica o electrónica, del delito de abuso de autoridad y del delito de falsificación de documentos públicos en concurso real con los delitos de interceptar telecomunicaciones privadas o de acceso restringido y el delito de falsificación de documentos. La imputación de estos delitos no parece corresponderse con la de una conducta de un hombre de la Democracia y la república, pero esa parece ser la particularidad del jefe de Propuesta Republicana.
En sus considerandos, la Sala I ha tenido especialmente en cuenta que se encuentra debidamente probado en la causa que Jorge “el fino” Palacios era la pieza clave de una asociación ilícita destinada a la realización de tareas de inteligencia (entre ellas epionaje y escuchas telefónicas), en la que Ciro James era una parte importante dada su vinculación con “el fino”, relación que era “tributaria de una relación vertical de mando que se había forjado cuando ambos trabajaban en la Policía Federal Argentina“. Asimismo, destacan los camaristas que Palacios fue designado por Macri al frente de la Policía Metropolitana donde “estaba prevista la incorporación de Ciro James en un cargo de jerarquía“. Para su incorporación a la nueva fuerza policial, Ciro James presentó su perfil como especialista en tareas de inteligencia refiriendo en su CV sus amplias relaciones con otras fuerzas de seguridad, tanto nacionales como internacionales. Macri aparece como responsable, en términos jurídicos, resulta evidente al ser una parte indispensable en la contribución al armado de un aparato de inteligencia montado a la sombra de la Policía Metropolitana.
La sospecha fundada sobre Mauricio Macri y su responsabilidad penal empieza a hacerse evidente ante dos sugestivos hechos: 1) la contratación de Ciro James en el Ministerio de Educación se realiza casi en la misma fecha en la que se interviene el teléfono de Néstor Leonardo, cuñado de Macri; 2) la prueba surgida a partir de las antenas de telefonía celular demuestran la comunicación telefónica entre James y Macri, y además, prueban la presencia de James en las cercanías del domicilio particular de Mauricio Macri instantes después de retirar las grabaciones de las conversaciones de Leonardo de la SIDE. Sin embargo, los camaristas toman como determinante para que el reproche penal sea atribuido a Mauricio Macri el hecho de que es el Jefe de Gobierno el único funcionario capaz de decidir la contratación de James en el Ministerio de Educación con un sueldo como el que percibiría en la Policía Metropolitana ocupando un cargo jerárquico. Esa contratación de James es la contribución de Macri al armado del aparato de inteligencia, ya que le provee de un recurso humano altamente calificado y lo suficientemente relacionado para llevar adelante sus tareas.
La elección del Ministerio de Educación como dependencia para la contratación de Ciro James surge a partir de que el responsable administrativo de dicho Ministerio es Andrés Ibarra quien conoce al “fino” Palacios desde que trabajaron juntos en el Club Boca Juniors y porque Ibarra fue designado en ese lugar por pedido de Mauricio Macri al entonces Ministro Mariano Narodowski.
Asimismo, a pesar de estar contratado en el Ministerio de Educación, Ciro James se ha presentado en el Ministerio Público Fiscal como representante de la Policía Metropolitana en distintas reuniones oficiales.
La responsabilidad de Mauricio Macri aparece claramente visible en este resumen de hechos. El tiempo se acaba para Macri y las excusas también, ya no pueden acusar a un Juez Federal y sus relaciones con el poder político nacional porque han intervenido un nuevo Fiscal, el Dr. Germán Moldes, y tres nuevos magistrados, los Dres. Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
De aquí en adelante lo que queda es continuar reuniendo elementos de prueba y elevar la causa a juicio oral. Si la Legislatura de la Ciudad no da pronto una respuesta política a este inédito hecho de gravedad institucional, quizás sea un Tribunal Oral en el que ponga fin a la gestión Macri al frente de nuestra Ciudad. La responsabilidad penal de Macri es cada vez más clara.

PROcesado, RECONTRA PROCESADO

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazó la apelación del jefe de Gobierno y confirmó el procesamiento dictado en primera instancia en el marco de la causa que investiga escuchas telefónicas ilegales. En fallo unánime, los tres camaristas avalaron lo dispuesto el pasado 14 de mayo por Oyarbide cuando procesó y embargó por 250 mil pesos a Mauricio Macri.
A Mauricio Macri se le acabaron las excusas, ya no se trata de un Juez que hace lo que le dicta Kirchner, sino que se trata de otros 3 jueces que integran la Sala 1 de la Cámara Federal que han ratificado que Macri está involucrado en las escuchas ilegales realizadas a dirigentes sociales, a sus familiares y a dirigentes políticos como penalmente responsable de ser partícipe de una asociación ilícita (junto al “Fino” Palacios y Ciro James) y del delito de encubrimiento, al contribuir al ocultamiento de la red de espionaje montada en el seno del Gobierno de la Ciudad.

MACRI ACORRALADO POR SUS DELITOS


Acorralado por sus propios actos de gobierno o, mejor dicho, por sus propios hechos delictivos, Mauricio Macri planifica su embestida para sacar del medio al Juez Oyarbide.
Los pasos dados a partir del momento en que se conoció su procesamiento por ser parte de una asociación ilícita fueron en la dirección de mostrarse como una víctima del Gobierno Nacional. En esa estrategia señaló a Néstor Kirchner como el culpable de todos sus males.
Sin embargo, se trata de una estrategia voluntarista que no lográ despejar las sospechas que recaen sobre el propio Jefe de Gobierno. Macri no puede culpar a nadie de haber elegido a “El Fino” Palacios como Jefe de la Policía Metropolitana. Tampoco puede Macri culpar a nadie por confiar ciegamente en Palacios (aseguró que le confiaría la seguridad de su familia). A pesar de contar a su favor con la devaluada imagen del Juez Oyarbide, Macri no ha podido negar la existencia de las escuchas ilegales en las que están involucrados dos ex jueces misioneros, unos tantos policías de la provincia de Misiones, Ciro James, Chamorro y “El Fino”.
La estrategia tendiente a victimizar a Macri y mostrar a Kirchner como el gran manipulador comienza a derrumbarse cuando está comprobado que se escuchaba a Sergio Burstein (familiar de víctimas de la AMIA), a Carlos Ávila (ex titular de TyC y aliado del Gobierno Nacional en el “Fútbol para Todos) y a Néstor Leonardo (esposo de Sandra Macri repudiado por Franco y Mauricio).
De la mano del “Gran Diario Argentino”, Macri culpa a la SIDE porque supuestamente un agente de inteligencia fue quién realizó el llamado anónimo que alertó a Burstein de que tenía sus teléfonos pinchados. De comprobarse ello, en nada modifica la situación procesal de los imputados ya que el teléfono de Burstein había sido intervenido por la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE por orden del juez de instrucción número 1 de Misiones y a pedido de Ciro James, que estaba a punto de ingresar a la policía Metropolitana bajo las órdenes de “El Fino” Palacios, un enemigo de Burstein en la interna de la investigación del atentado de 1994.
No debemos olvidar que tanto la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (integrada por 3 camaristas) como la Cámara de Casación Penal (también integrada por 3 camaristas) confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva de James y Palacios, lo que significa que dieron validez a las evidencias que recolectó Oyarbide. En base a ello, le reclamó al juez que no investigara cada escucha como un hecho aislado, sino que avanzara determinando la existencia de una organización paraestatal de espionaje.
La semana pasada los Diputados Nacionales del PRO presentaron un pedido de juicio político contra el Juez Federal Oyarbide insistiendo con la tesis de que la causa está armada. El detalle de la conferencia de prensa estuvo dada por la presencia de la Diputada “coimera” Gladys Gonzalez
que fuera denunciada por la Revista Veintitres por intentar sobornarlos con pauta publicitaria del Banco Ciudad (González era miembro del Directorio del Banco) a cambio de notas favorables. Parece que era lo mejor que podían juntar para defender a Mauricio.
De lo que no quieren hablar en el entorno de Macri es de que la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos en la licitación del mobiliario urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Otra causa penal en su contra, otro fuero penal, otros camaristas.
Macri está acorralado ya no por su inacción al frente del Gobierno de la Ciudad o su falta de gestión, sino por la comisión de delitos contra la administración pública. A nadie puede ya culpar de sus propios actos. Como nos enseñan en la Facultad de Derecho, “nadie puede alegar su propia torpeza”.

MACRI SIGUE HASTA LAS MANOS

Mauricio grita, Mauricio se enoja, Mauricio agravia. Ahora también recusa al Juez que lo procesó.
En una maniobra de último momento, un manotazo de ahogado, Macri recusa al Juez Oyarbide por una supuesta conversación que mantuvo con el dirigente entrerriano Héctor Maya. Según el inverosímil relato de Maya, se encontró “con el doctor Oyarbide allá por noviembre, diciembre, accidentalmente en un comedor. (…). Me señaló la presión del Gobierno para ir por Macri“. Maya afirma que el Juez Federal le habría dicho que “Soy prisionero del Ejecutivo y tengo que llevarme puesto a Macri”.
El infantil relato de Maya data de finales de 2009 y lo que lo hace más increíble es que recién ahora, después del procesamiento del Jefe de Gobierno, se lo presente como prueba en el proceso penal. Más aún, el entrerriano Maya no tiene testigos de lo que supuestamente le dijo Oyarbide.
Pero todo cierra cuando recordamos quien es Héctor Maya. Maya fue agente de la SIDE bajo las órdenes de Miguel Ángel Toma durante la Presidencia de Menem, luego ascendió a Subsecretario de la SIDE durante la efímera Presidencia de Rodríguez Saá y, ahora, representa al Peronismo disidente y es aliado del PRO en Entre Ríos.
Macri grita, Macri se enoja pero ya nadie está para cumplir con sus caprichos. Macri está hasta las manos y se desespera con la sola idea de que la Cámara Federal confirme su procesamiento y avance la causa penal por las escuchas ilegales y la red de espionaje montada en su administración.

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