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EN LA JUSTICIA PARA RESTITUIR EL SERVICIO DE ZOOTERAPIA

UN LUGAR PARA LOS CHICOS Y SUS  animales

 Página/12 SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2010

 

El servicio funcionaba desde hace 17 años en el Parque Roca, para chicos con diversas discapacidades. Pero el mes pasado fue cerrado. Ahora, una jueza ordenó reabrirlo. Si no lo hace, el ministro de Salud, Jorge Lemus, será multado.

La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que reabra de forma “inmediata” el Servicio de Zooterapia para niños con discapacidades que funcionaba en el Parque Roca. El programa de terapia no convencional, dependiente del Ministerio de Salud porteño, había sido cerrado el 19 de octubre, situación que llevó a que un grupo de vecinos presentara una acción de amparo contra el Ejecutivo para solicitar su reapertura. El próximo lunes, el ministro Jorge Lemus deberá explicar ante la Justicia los motivos del cierre y, de no hacerlo o de responder de forma parcial, será pasible de una multa, según establece el fallo.

La jueza Elena Liberatori, del Juzgado 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ordenó el jueves por la noche a través de una medida cautelar la “inmediata reapertura del Servicio de Zooterapia del Parque Roca” e instó al ministro de Salud, Jorge Lemus, a que el lunes “informe al tribunal acerca del cumplimiento” de la medida dispuesta. “En caso de incumplimiento o de informe parcial”, Lemus podrá recibir “una multa de hasta 30 por ciento de su sueldo mensual bruto”.

El Servicio de Zooterapia, ubicado en la avenida Julio Roca 3490, albergaba, según los vecinos demandantes, a 500 niños con diversas discapacidades psicofísicas que a través de la terapia con perros lograron mejorar sus condiciones de salud. En el último mes que funcionó, el espacio terapéutico tuvo 467 prestaciones, según contó Elsa Szarchman, coordinadora del servicio hasta el momento en que cesaron sus actividades.

En la argumentación de la acción de amparo, firmada por Juan Manuel Di Teodoro, se expresa que “el cierre del servicio resulta lesivo de los derechos y garantías de los niños que son allí atendidos”. El texto agrega que “el daño que se les está haciendo a estos niños puede llegar a ser irreparable, toda vez que corren riesgo de retrotraer su situación al momento previo de sus tratamientos”.

Di Teodoro expresó que tanto a él como al resto de los vecinos que iniciaron la demanda les pareció “una barbaridad que no se tenga como prioritaria la atención de estos chicos”. Según el firmante del amparo, “Lemus dijo que tenía problemas presupuestarios” para sostener el servicio, pero a la vez que lo cerraba, en su cartera “compraron cuatro Citroën C4 por una suma de 400 mil pesos”.

Szarchman, que tuvo a cargo el servicio desde su creación, hace 17 años, informó que todavía no recibió aviso alguno del ministerio para reincorporarse en su trabajo y denunció una “campaña” en su contra, encabezada por funcionarios de esa cartera.

Susana Scazzioti, madre de Candela, una pequeña con síndrome de Down que asistía a zooterapia, expresó: “Estamos a la espera de que el ministro conteste y que vuelva a abrir el centro. No podemos estar sin el servicio”. 

Al momento de dictar la cautelar, Liberatori estaba de guardia, por lo que la causa fue derivada al Juzgado Nº 5, a cargo de Fabiana Shafric.

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CACEROLAS DE HUMO

La Ciudad de la Furia se llena de humo por la quema de pastizales realizada por los productores agropecuarios.
Porteños y porteñas sufrimos en los últimos días las consecuencias de tanto monóxido de carbono en el ambiente, y hasta vimos a muchos y muchas con barbijos para aminorar los efectos del humo.
Sorpresivamente esta vez no hubo cacerolas sonando, ni señoras paquetas indignadas, ni hombres a bordo de 4×4 haciendo sonar sus bocinas…
A los que hoy se refugian en sus hogares y cierran ventanas y balcones para que el humo no penetre y no dañe las vías respiratorias de la familia, y también, a aquéllos que nos indignamos cuando nos desabastecieron de alimentos y que hoy nos indignamos porque nos llenan nuestras casas de humo, les dedicamos estas palabras del poeta…

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LA REFORMA CONSTITUCIONAL SEGÚN MAURICIO

Antes de adentrarnos en el análisis de las intenciones de Mauricio para reformar la Constitución de la Ciudad, vale la pena hacer un poco de memoria para rastrear sus intenciones. El año pasado, en primera vuelta, Macri superó a Daniel Filmus por 45,76% a 23,75%. No obstante la abultada ventaja, hubo una segunda vuelta porque el presidente de Boca (en uso de licencia) no alcanzó la mitad más uno de los votos, como prevé la Constitución porteña para evitar el balotaje. Sin embargo, los macristas afirman que el balotaje no los desvela, aunque reconocen que a partir de la experiencia de 2007 solo cabe concluir que “si hay mucha diferencia en la primera vuelta, deberían acotarse los márgenes, y así evitar un gasto inútil de recursos“.

Entonces, hay que eliminar al ballotage o balotaje de la Constitución porteña o asimilarlo al sistema nacional. Mauricio no quiere correr riesgos después del desgaste lógico de cuatro años de gobiernos y así asegurarse la reelección.

Siempre con la mirada puesta sobre los costos presupuestarios, el macrismo, entiende que constituye un gasto irracional los 186.697.964 pesos que tiene de presupuesto el Consejo de la Magistratura (superior en 10.100.000 pesos al presupuesto de la Legislatura). Es decir, no se pone el acento en el funcionamiento de una institución como el Consejo de la Magistratura sino en el costo de la misma, y por eso muestran números que a simple vista asustan y molestan como ser que mientras en el consejo hay 844 empleados, en el Poder Legislativo trabajan 2798 personas. Es decir, posee más presupuesto para financiar una estructura dos veces menor. Sin embargo, el dato que más alarma a los equipos técnicos de Pro consiste en la incongruencia entre el personal del Consejo de la Magistratura y la dotación de recursos de todo el Poder Judicial porteño, que justamente asigna el consejo: para desempeñar muchas menos tareas, el consejo emplea 844 personas, contra los 680 agentes distribuidos entre los 31 juzgados contravencionales y los 12 contencioso administrativo y tributarios. Mediante la reforma constitucional, el macrismo quiere quitar al organismo la facultad de administrar el Poder Judicial, su presupuesto y sus recursos humanos.

Ahora bien, hay que señalar que los consituyentes han incorporado el Consejo de la Magistatura con el objeto de fortalecer la independencia del Poder Judicial y por ello ente sus funciones está la selección mediante concurso público de los jueces y los propone a la Legislatura para su designación, no dejando en manos del Poder Ejecutivo la designación y selección de los magistrados. Por otro lado, a los efectos de democratizar el Poder Judicial ha colocado en el Consejo la facultad del dictado de los Reglamentos Internos del Poder Judicial, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los magistrados, la reglamentación del nombramiento, renovación y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados, y, finalmente, la elaboración del Presupuesto y administración de los recursos del Poder Judicial. Antes al ser ejercidas por los mismos jueces éstas facultades hacía que el Poder Judicial se transforme en una casta privilegiada pudiendo acceder a la carrera judicial sólo aquéllos que recibían los favores de los integrantes de la familia judicial. Las restantes competencias del Consejo son la de recibir las denuncias contra los jueces y decidir sobre la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, competencias que las antiguas constituciones otorgaban al Poder Legislativo. Al estar estas competencias en el seno del Consejo de la Magistratura y al ser este un órgano compuestos por tres miembros elegidos entre los jueces y fiscales, tres miembros elegidos por los abogados y tres miembros elegidos por la Legislatura, se le confiere seriedad y rigor técnico a la remoción de magistrados evitando el manoseo político-partidario de dichos procedimientos. ¿Qué busca Mauricio con desmantelar el Consejo de la Magistratura? Es una preguntga que requiere un análisis más profundo y que da para un nuevo post, en esta oportunidad sólo nos preguntamos ello.

Mauricio y Gabriela consideran al Ente Regulador de Servicios Públicos como “un reducto de burocracia inútil” que le cuesta al Estado porteño más de 16.600.000 pesos anuales. Posee, indican, 300 empleados para “organizar una audiencia pública” y “redactar un par de informes” por año, pese a que la ciudad todavía comparte con la Nación el control de los servicios públicos. Creen conveniente desintegrarlo. Nada más y nada menos que dejar a la Ciudad sin control sobre los Servicios Públicos que se prestan en la Ciudad. Ciertamente, es menester reconocer que todavía existen competencias que son ejercidas por la Nación, pero también es cierto, que la Ciudad debe pelear por el ejercicio pleno de su autonomía y no renunciar a ella disolviendo organismos que han sido creados para defender a los usuarios de los servicios públicos que se prestan en la Ciudad. Por otro lado, no deja de ser llamativo que varios de los servicios que se prestan en la Ciudad son realizados por empresas privadas conducidas por el grupo SOCMA (automotores Plaza S. A.) o por amigos de Franco Macri.

Según la columnista del Diario La Nación, Ángeles Castro, “tras las complicaciones que las medidas cautelares de la justicia porteña llevaron no sólo a la gestión de Macri, sino también a la de Aníbal Ibarra, el borrador de la reforma incluye restringir los artículos 14, 15 y 16, relacionados con los recursos de amparo. Palabras más, palabras menos, las fuentes sostienen que “es inviable que, como la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, los jueces obliguen al gobierno a dar una solución habitacional hasta a un extraterrestre que se instale en una plaza“.

La acción de amparo es un medio procesal de protección de los derechos constitucionales, y, como tal, es un elemento que hace a la existencia misma de un derecho fundamental. En dicho sentido se ha expresado el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal en materia de amparo, al sostener que “la acción de amparo es una acción principal. Ni es subsidiaria, ni es heroica, ni es residual ni es de excepción, y sólo cede ante la existencia de un medio exclusivamente judicial, más idóneo, esto es, más expedito y rápido”. La única conclusión posible es que la protección de los derechos fundamentales, no es PRO, y que quienes reclaman ante la Justicia son Extraterrestes.

Aunque, con absoluta sinceridad, lo que más le molesta a Macri son los amparos que han paralizado obras tales como el complejo habitacional y urbanísitico que se pretendía construir en la Ciudad Deportiva de Boca, más conocido como Santa María del Plata sin pasar siquiera por la Legislatura y sin realizar el debido estudio de impacto ambiental; o el que impide el funcionamiento del Helipuerto en la Costanera Sur.

Finalmente, todo el ímpetu reformista se reduce a la intención de eliminar a las Comunas como parte del gobierno porteños, impidiendo la descentralización y desconcentración del Gobierno de la Ciudad, y el involucramiento de todas las fuerzas políticas en los temas barriales que hacen a la vida cotidiana de los vecinos de la Ciudad de la Furia. Como ya se ha dicho desde aquí, las urnas están bien guardadas si de comunas se trata.

No podía ser de otra manera, cada vez que un gobernante asume sus funciones intenta moldear las instituciones a su antojo y busca la manera de perpetuarse en el poder, Mauricio no es la excepción.

La reforma constitucional según Mauricio consiste en recortar todo instrumento de participación popular, de control de gestión y de democratización de las instituciones porteñas.

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Las urnas están bien guardadas

Si de Comunas se trata, las urnas están bien guardadas! El Jefe de Gobierno ya se ha manifestado públicamente en contra de la realización de las elecciones para elegir a los representantes de las Juntas Comunales. La Legislatura porteña le puso fecha a la demorada elección de autoridades de Comunas, la nueva división política de la Ciudad. Será (¿?) el 10 de agosto del corriente año próximo, según establece la norma que fue aprobada. Ese día, se supone que los porteños elegiremos a las siete autoridades que estarán a cargo de cada una de las 15 comunas en las que fue dividida nuestra Ciudad.
Debemos tener presente que la LEY DE COMUNAS (Ley Nº 1.777) constituye un proceso de Reforma Política y de Reforma de Administración del Estado. Ello es así, porque las Comunas son gobiernos locales barriales con funciones ejecutivas propias y otras que se llevarán adelante en forma concurrente con el Gobierno central de la Ciudad. Implican una descentralización administrativa y política de la Ciudad. La Reforma Política era necesaria, porque los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no están representados en sus barrios y porque no tienen capacidad de elegir respecto de quienes tienen que velar por sus intereses más directos y cercanos en su vida cotidiana. La LEY DE COMUNAS acerca la representación de los vecinos a la decisión sobre sus prioridades. Serán sus propios vecinos quienes los deberán representar.
Por otro lado, la LEY DE COMUNAS implica un proceso de Reforma del Estado, que incluye procesos –como señaláramos– de desconcentración y de reforma administrativa, con capacidad efectiva de ejercer atribuciones administrativas en el marco de las comunas, con ejecución de presupuesto y obras en el marco de su competencia o de las que le delegue el Gobierno Central. Claro que el cumplimiento de los objetivos previstos en la LEY DE COMUNAS va a depender que quienes sean los miembros electos en la Junta Comunal y de la participación de los vecinos, sus clubes, sus asociaciones y demás organizaciones controlando, exigiendo y peticionando por los problemas del barrio.
Parece que una vez asegurado el sillón de Jefe de Gobierno, Mauricio Macri no quiere compartir el poder del Gobierno de la Ciudad con los vecinos, más todavía cuando se aseguró casi la mitad de la Legislatura, teniendo margen para votar todas las leyes que quiera.
Ante tanta concentración de poder, ¿por qué compartirlo con los vecinos que sean electos por sus vecinos en las comunas? Se debe haber preguntado Macri.
En estos días, los equipos PRO analizan reformar la Constitución de la Ciudad y en lo referente a las Juntas Comunales sostienen lo siguiente:
Los 105 cargos comunales (siete por cada una de las 15 comunas) implicarán un gasto anual de casi 6.200.000 pesos, que el jefe de gobierno califica de innecesario. Cree que las unidades descentralizadas pueden -como los centros de gestión y participación comunales (CGPC)- ser dirigidas por un solo funcionario”.
El número de miembros de las Juntas Comunales quedó establecido en la Constitución porteña, pero fue la Ley 1.777 votada por la Legislatura, incluidos los diputados macristas, la que les adjudicó un sueldo equivalente al 60% del salario de un legislador (aproximadamente $ 8.000 en bruto). Por eso, si se trata de un problema presupuestario basta con la reforma del Artículo de la ley corresponidente, aunque no podemos menos que tildar de falaz dicho argumento, porque de esa misma manera podemos concluir que el gasto en sueldos del Poder Legislativo resulta innecesario y que por ello la solución sería cerrar la Legislatura.
En el PRO también sostienen que: “si las juntas resultan integradas por distintas fuerzas políticas, la toma de decisiones terminará bastardeada por intereses partidarios y complicará, en lugar de hacer más expeditivas, las soluciones para los problemas cotidianos de la gente”.
Este último argumento pone al desnudo el pensamiento vivo del macrismo, no quieren la participación de los distintos sectores políticos en el gobierno de los barrios, quieren que haya un delegado del Jefe de Gobierno y no una Junta que represente a los vecinos. Es que el Gobierno PRO va por la máxima concentración del poder y pretende destruir todo lo que sea participación popular y sus instituciones, como lo son las cooperadoras de las escuelas y los centros culturales.
Así las cosas, el Ingeniero Macri no respeta el mandato constitucional y se dirige a infringir las leyes vigentes, ignorando que la Legislatura puso fecha de elecciones y que su responsabilidad es cumplir con la Ley.
Guardar las urnas es PRO. Que no haya Comunas, va a estar bueno.

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¿Hasta cuándo?


Últimas imágenes del desabastecimiento.
Los ruralistas patotean a un camionero que transporta naranjas y las tiran todas en la ruta 14.
Un niño junta lechuga en las inmediaciones del Mercado Central de Buenos Aires, lechuga que los mercadistas tiraron porque estaban en mal estado.
Góndolas vacías en un supermercado porteño.
Imágenes que reflejan con nitidez la realidad. Acá no hay doble discurso, no va a haber otro recuadro con asambleístas ruralistas, ni con D’Elía patoteando a un provocador o profiriendo estupideces.
La violencia con la que se expresan los denominados mediáticamente “ruralistas” resulta inaceptable. En un país, en un continente, donde se mueren niños por falta de alimentos “ellos”, los hombres y mujeres que forjaron la patria, desperdician comida.
Datos del desabastecimiento.
El viernes arribaron al Mercado Central unos 230 camiones con mercaderías. El 30% de la mercadería tuvo que ser tirada. El sábado arribaron más de 400 camiones y hubo que tirar el 40%. Durante el fin de semana se mataron 1.3 millón de pollitos porque no se los podía alimentar. Este lunes 31 no ingresó ganado en el Mercado de Liniers. Los panaderos anuncian que aguantan pero que ya les están ofreciendo bolsas de harina con un 33% de aumento.
Por otro lado, los “ruralistas” nos quieren hacer creer que les debemos la gran parte del crecimiento de la patria, cosa que las frías estadísticas desmienten rápidamente ya que, tal como se señalara en vidabinaria.blogspot.com, sólo el 10% de la población es rural y el rubro agricultura, ganadería, caza y silvicultura representa sólo un tercio de lo que representa el rubro industria manufacturera para el Producto Bruto Interno.
La sonora “Ciudad de la Furia” se hacía oír en reclamo de los pequeños productores agropecuarios que eran asfixiados por este Gobierno. ¿Qué dirán ahora? Ahora que el Gobierno Nacional anunció las nuevas medidas.
Las medidas llegan a un productor con menos de 500 toneladas, son 150 hectáreas. Representa el 80% de los productores los que verían preservada su rentabilidad tal como la tenían antes de la suba de retenciones.
Se prevé un subsidio a los fletes de quienes estén a 400 o más kilómetros de la zona portuaria.
Liquidación de reintegros automática a través de cuentas corrientes de los productores, lo que implica que el sector debe blanquear sus operaciones; el beneficio alcanza tanto a propietarios como a arrendatarios de campos, es decir, a todos los que trabajan la tierra.
Con la aplicación de estos reintegros, se les devolvería a los pequeños productores el dinero adicional que desembolsarán por la nueva suba de las retenciones.
Según cifras del ministerio de Economía, entre el 60 y el 70% de los productores estaría beneficiado con la medida.
Se abre el registro de exportación de trigo: se garantiza precio pleno de trigo
Se lanza en conjunto con el Banco Nación nuevos créditos productivos con una tasa subsidiada al 6% para los que agregan valor. Se empezará con tambos y galpones para pollos
Se crea la subsecretaria rural, un reclamo histórico del campo que estará destinada a generar políticas de apoyo al sector de pequeños productores que puedan crear valor agregado.
¿Hasta cuándo se repetirán las imágenes que ilustran este post? Volverán los porteños y porteñas de Barrio Norte a indignarse en nombre de los pequeños productores, o asumirán con inusitada sinceridad que lo que realmente los motiva es confundir a Cristina con De la Rua?
Los forjadores de la patria somos todos y, fundamentalmente aquellos que estamos sufrieron el desabastecimiento de alimentos. Somos muchos los que no sufrimos la especie social del “Síndrome de Estocolmo” y que no estamos dispuestos a aplaudir a quienes nos toman como rehenes en su puja con el Gobierno Nacional.

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El fútbol se muere


Un fin de semana sangriento con las canchas de fútbol como telón de fondo. Una vez más, nadie se hace cargo de lo que todos sabemos, nadie dice lo obvio. Tampoco hay quien haga su trabajo como debe hacerlo.

La muerte de Emanuel Alvarez, el hincha de Vélez que recibió un balazo en el tórax en cuando se dirigía en un micro a la cancha de San Lorenzo de Almagro no es un hecho ajeno al fútbol, y el “fútbol” es responsable.

No se puede decir honestamente que este trágico hecho nos sorprenda.

El clima de violencia que rodea cada domingo las canchas argentinas se respira y se vive desde que uno decide ir a ver un partido de fútbol. Todo se inicia con el viaje y la decisión del medio de transporte a tomar. Los alrededores de cada estadio se militarizan y lo que debería ser una fiesta se transforma en un injustificado calvario para el sufrido hincha de fútbol argentino.

Hasta cuando vamos a seguir escuchando a los dirigentes del fútbol decir que ellos no pueden hacer nada? O frases del estilo “se trata de un hecho policial“?

Cuándo, realmente, se van a ocupar de proteger al HINCHA? Las soluciones que se proponen son siempre demagógicas como para que los medios de comunicación digan que la AFA y los clubes, o los funcionarios y la policía están haciendo algo. ¿Alguien puede pensar seriamente que suspendiendo el fútbol se va a acabar la violencia? Eso es como decir que debido a la gran cantidad de robos cometidos por los denominados “motochorros” la solución pasa por prohibir la venta de motos.

Mencionábamos el clima de violencia que se vive desde que uno decide ir a la cancha. Ese clima es alimentado por la Policía Federal y sus monstruosos operativos con cada vez más efectivos (agentes) y cada vez menos efectivos a la hora de prevenir hechos de violencia. El caso de Emanuel es una muestra cabal de ello. Micros con hinchas de Velez escoltados por la policía que ni siquiera han podido, no ya identificar al agresor sino identificar desde donde provino el disparo.

Dirigentes que son amigos de los barras constituyen el otro eslabón de la cadena de violencia que se vive en el fútbol. Aguilar es la muestra más patética de ello. Macri y Pompilio también. Los clubes hacen de cuenta que vigilan, pero después sus dirigentes no denuncian a ningunos de los “barras”, que en su mayoría son socios del club, en otros casos, empleados también y, por desgracia, los nombres de los jefes de las barras son repetidos hasta por los chicos que van con sus padres a las canchas.

Del otro lado, el periodismo contribuye a generar el folklore del aguante y del mito de los hinchas que siguen al club de sus amores a todos lados. Les hacen notas a los jefes de las barras y nos quieren hacer creer que ellos son el “alma del fútbol”. Nobleza obliga, en este punto hay que hacer la salvedad de que existen excepciones de aquellos que desde sus crónicas han denunciados a los delincuentes y sus vinculaciones con los dirigentes.

Quienes tienen brindarnos seguridad y quienes lucran con el fútbol callan lo que todos sabemos. Sabemos que la reventa de entradas las manejan las barras, sabemos que en los recitales la barra del club del estadio en que se realiza es parte de la seguridad y que maneja los “estacionamientos” en los alrededores, sabemos que los jefes de las barras trabajan de barras bravas, sabemos que son siempre los mismos y que la policía no los toca, etc.

Desde este pequeñísimo lugar creemos que se puede comenzar a erradicar la violencia en el fútbol garantizando al hincha, al espectador un trato humano al ingresar a los estadios. Con operativos policiales razonables que no traten como ganado a los que van a la popular, ni a los visitantes. Con ingresos organizados para que no sean un embudo en dónde todo el mundo empuje y se convierta en un escenario propicio para los pungas y para el robo de entradas.

Después de eso, QUE NADIE MÁS INGRESE SIN ENTRADAS A LAS CANCHAS porque también todos sabemos que las barras bravas entran sin entrada. A partir de allí, muchos indeseables no ingresarán a las canchas.

Sí, suena fácil y simplista pero si alguna vez concurrieron como hinchas a un estadio de fútbol sabrán de que se habla. No podemos esperar nada de Grondona, ni de Castrilli, ni de sus amigos; ellos no pueden ser parte de la solución porque son parte del PROBLEMA.

Emanuel Álvarez nos duele a todos los hinchas de fútbol de la Argentina, porque con Emanuel se está muriendo de a poco el fútbol.

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Circular dejarás! “2″

Signo de los tiempos que corren, en los cuales se habla de “el campo” como un actor social más, desde LA CIUDAD DE LA FURIA reflexionamos sobre el derecho a la libre circulación que tanto Macri, como su Fiscal estrella (Germán Garavano) defendieron con devoción durante los primeros días del año. Circular dejarás!, titulaba este blog.

No será nuestra intención ser originales y desde este humilde lugar reconocemos la lúcida pluma de Mario Wainfeld, quien en su columna dominical del diario Página/12 decía:

Un lock out se nombra con la proletaria expresión “paro”. Un corte de rutas expandido se bautiza “tractorazo”. Se llama “campo” al conjunto de entidades representativas de los productores, excluyendo tácitamente del pronombre colectivo a los castigados asalariados. Hay pactos implícitos entre sectores corporativos y muchos medios de difusión que denotan la imbricación entre el poder y el manejo del lenguaje, como predicaron Lacan y Humpty Dumpty.
Cuando los trabajadores –ocupados o desocupados– apelan al piquete o a la huelga, proliferan como hongos los reproches a la falta de imaginación de la protesta y los cálculos a mano alzada sobre los costos económicos de la acción. Cuando obran así corporaciones más presentables, se soslayan. Sin embargo, a ojito, da la impresión que un lock out no es muy inventivo. Y que cortar rutas en la Argentina no es el colmo de la creatividad. Pero son pocos los que registran minucias.
Cuando se levantan los productores se decide que su bronca prueba que tienen razón. No es igual con la crispación de los camioneros o los petroleros de Santa Cruz.
Cuando las entidades agropecuarias limitan la libertad ambulatoria, los diarios de negocios o tribunas de doctrina abandonan su estribillo favorito, aquel que reza que “los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás”.

Durante estos días no habrá ningún Fiscal Federal, que al estilo Garavano, intente procesar a algún dirigente de la paqueta, tradicional y oligárquica Sociedad Rural… el corte de ruta sólo es delito cuando los que las cortan son trabajadores o desocupados.

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CENSO + 1.471





Este lunes se inició el censo de empleados del Gobierno de la Ciudad, procedimiento acordado en enero pasado entre el Poder Ejecutivo y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado porteño (SUTECBA). El macrismo sostiene que de esa manera se podrá saber quien trabaja y quien no trabaja. Sostienen que ahora van a saber cuántos empleados tenemos en la administración pública. “Este es un problema serio que tiene la ciudad, porque los distintos gobiernos han hecho un desastre administrativo tan grande que ahora tenemos que hacer un censo para saber cuántos empleados hay”, consideró Grindetti -Ministro de Hacienda- ante distintos periodistas.
Frente a esas declaraciones y frente a los fundamentos esgrimidos para defender la realización del censo, no nos cabe más que hacer un poco de memoria y recordar que Macri cesanteaba a 2.400 trabajadores porque eran ñoquis. De las propias palabras de funcionarios como Rodríguez Larreta y Grindetti queda absolutamente claro que los despidos de fin de año fueron absolutamente injustificados.
Lo que no saben ahora, tampoco lo sabían en diciembre de 2007.
Es por eso, que tampoco puede justificarse como es que la primera medida adoptada en materia de recursos humanos haya sido el despido de 2.400 trabajadores y que, recién tres meses después, decidan realizar un censo para saber cuántos trabajadores existen y qué funciones cumplen.
La improvisación es la característica del gobierno de Macri. Despide a hombres y mujeres que en promedio cobraban 1.400 pesos en diciembre de 2007 y recién en junio de 2008 va a saber quienes trabajan y quienes no. Toda una demostración de coherencia PRO.
Pero eso no es todo.
En casi tres meses de gestión, Mauricio Macri ya contrató o autorizó la contratación de 1.471 empleados y funcionarios. Fueron incorporados a la planta de personal por el jefe de Gobierno, la vicejefa Gabriela Michetti, los ministros y los responsables de los organismos descentralizados que dependen de Macri.
Algunos ejemplos, aunque de muestra sobra un botón, comprueban lo que decimos: El Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo del arquitecto Marcelo Chaín, ha contratado en su “planta de gabinete” a 328 personas. La Jefatura de Gobierno, es decir, Macri, designó en total a 191 personas, que cobran entre 1.200 y 4.000 pesos: 33 en la Dirección Técnica y Administrativa, 62 en la Mesa de Entradas, 38 en la Coordinación legal, 54 en la Secretaría Legal y Técnica y los restantes en su despacho. Uno de ellos es el ex director de Cultura de Boca Juniors, Jorge Alves, su histórico colaborador: lo nombró jefe de despacho.
“A confesión de parte, relevo de prueba” decían los antiguos juristas, y en este caso, es el propio Jefe de Gobierno y sus Ministros que coinciden en sostener que no saben quienes trabajan y quienes no, ni las funciones que cumplen. “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” parece ser la frase de cabecera de Macri, que dice reducir el costo político de la gestión y ya contrató a 1.471 personas que por los montos de sus sueldos superan el gasto que producían los 2.400 cesanteados en diciembre.
Macri sólo les hizo lugar a sus amigos y colaboradores. Nada más.

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EN BUSCA DE LA SEGURIDAD PORTEÑA


No vamos a teorizar sobre la necesidad de la existencia de la Policía, ya que ello, a esta altura, está fuera de lugar. La policía, al igual que otros instrumentos de ordenamiento y control social, deriva en forma directa de la organización del Estado y, más precisamente, de la organización del poder político y económico.
El tema, es que, su existencia produce efectos sobre los ciudadanos y habitantes de la Ciudad mayores que los de otros instrumentos y métodos de organización como lo pueden ser los jueces o la escuela. La policía se presenta como una reproducción del poder mismo, y, también, como una manifestación de la forma más primitiva y directa del poder: LA FUERZA.
En ese marco, y también durante la prolongada transición hacia la asunción de las nuevas autoridades de la Ciudad, referentes del “macrismo” y del Gobierno Nacional han venido discutiendo respecto del traspaso de la Policía por parte del Estado Nacional hacia el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ya en campaña, el anterior Jefe de Gobierno había lanzado su proyecto de Policía Porteña en una glamorosa presentación.
Si bien todos los candidatos a Jefe de Gobierno insistían en la necesidad del traspaso de la Policía Federal, es claro que, con los resultados en la mesa el Gobierno Nacional comenzó a contradecir a su candidato y sostuvo la necesidad de estudiar en profundidad la temática. A medias, cumplieron con parte de la promesa electoral, la LEY CAFIERO se reformó y ya no existen impedimentos legales para que la Ciudad cuente con su propia fuerza policial. De traspaso, nada.
Por otra parte, no resulta ser un dato menor que un Jefe de Gobierno que ha sostenido que se ha venido preparando durante años para ejercer el cargo que detenta actualmente, que en en campaña afirmaba que “HAY EQUIPO”, y que tuvo 6 largos meses entre que ganó la elección y que asumió, recién ahora anuncie que en una semana va a presentar SU plan de seguridad. ¿A qué se dedicaron Macri y sus asesores durante todo este tiempo?
Hay un debate interno que no terminó respecto del proyecto de Policía que se implementará, para presentar el proyecto de ley en la Legislatura“, confirmó el jefe de Gobierno en la conferencia de prensa posterior al almuerzo con Alberto Fernández.
No es un dato menor porque la creación de una fuerza policial no es algo que deba improvisarse. Improvisación es lo que demuestra el Jefe de Gobierno cuando comenta que el debate interno no terminó, y cabe preguntarse entonces si realmente empezó.
En ese punto las crónicas periodísticas son vagas y algunas hablan de la creación de una Academia policial. Esa simple definición nada nos ilustra respecto del modelo de formación que tendrá la policía porteña. Sostienen los funcionarios macristas que la nueva policía contará con salarios más altos que los de la federal, que estará equipada con elementos de última tecnología y que será el Estado quien provea de uniformes a los nuevos agentes. Todas definiciones vacías en cuanto a la inquietud respecto del modelo de formación.
Por qué decimos esto, porque lo que distingue a una sociedad avanzada de aquellas que no lo son, no es el número de misiles de que dispone, ni el número de medallas que obtienen sus atletas, ni la renta per cápita ni otras cosas por el estilo, importantes por cierto, pero poco caracterizadoras de lo que podríamos denominar progreso. En cambio, el rasgo definitorio del progreso que caracteriza a una sociedad avanzada es el nivel de organización social racionalmente obtenida, o dicho de otra manera, el grado de desarrollo jurídico de esa sociedad. Entonces, si vamos a tener a una fuerza policial que desconozca la idea de Derecho, el Gobierno de la Ciudad no hará otra cosa que reproducir a la “maldita policía” de Duhalde y a la policía del “gatillo fácil”, y no importará cuánto equipamiento tecnológico tenga o cuán alto sean sus salarios.
La otra cuestión fundamental en la concepción de una fuerza policial tiene que ver con la militarización de sus funcionarios. Tal es el modelo de la Policía Federal y de todas las policías provinciales de nuestro país. La militarización no sólo remite a un orden jerárquico y a su correlato de obediencia, sino que remite a la filosofía con la que se forman los futuros agentes policiales, y de ahí, que la crítica a la militarización de la policía constituya una crítica absoluta a la idea de tratar al delincuente o presunto pertubardor como a un “enemigo”. No debe soslayarse que el objeto y el objetivo de los militares es la inocuización o destrucción del enemigo. Además, el hecho de estar preparado y capacitado profesionalmente para luchar contra un enemigo provoca la aplicación de tácticas bélicas que, obviamente, no son las idóneas para mantener la delicuencia dentro de cotas soportables para el público, como no resulta idóneo que la población tenga ante sí una Policía absolutamente militarizada que la convierta en un ejército de ocupación en vez de ser un intermediario entre el ciudadano y la administración de Justicia.
El fin a plantearse con la creación de la Policía Porteña debiera partir de la idea de que particulares y policías no son enemigos, no todo sujeto que se encuentra frente a un policía es un delincuente, ni todo policía que se halle frente a un sujeto, aunque éste sea un delincuente, se comporta como un energúmeno. El DERECHO ofrece las pautas necesarias y razonables para encontrar salidas adecuadas al mantenimiento de la paz social.
Lamentablemente el recuerdo de las vívidas imágenes del desalojo de los cartoneros de hace unas semanas atrás, y la concepción autoritaria de la primacía del derecho de circulación que expuso el, también macrista, Fiscal General de la Ciudad, nos remite a la creación de una policía a imagen y semejanza de esa ideología, consecuencia directa de los discursos demagogicos de dirigentes del PRO y del mismo Mauricio Macri.

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Vermouth con papas fritas! y… GOOD SHOW!!!


Este sábado 1° de marzo a las 9:30 de la mañana el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, convocó a la inauguración del período de sesiones ordinarias 2008 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con la Constitución de la Ciudad, debía referirse al estado general de la administración de la Ciudad y exponer los lineamientos de la gestión para el presente ejercicio.
Previo a su discurso, se proyectó un video muy parecido a los presentados durante la campaña, un estilo muy “Durán Barba”, que mostró las deficiencias de la Ciudad en materia de insfraestructura, escuelas, hospitales, entre otras cosas.
Resulta oportuno reconocer la creatividad y la transgresión de Macri al proyectar un video como parte de un mensaje de apertura de la actividad legislativa. En verdad, una vez más, Macri estuvo en los márgenes de lo legal; la Constitución y la costumbre legislativa indican que debe dar un mensaje, no transmitir imágenes de video…
Imágenes de video, casi en color sepia, otras en blanco y negro, con luz difusa, en la que se transmitían constantes golpes bajos para mostrar lo mal que está la ciudad. Las imágenes se sucedían: instalaciones deterioradas en el espacio público, hospitales, escuelas, bibliotecas y oficinas en pésimo estado; basura en la vía pública, baches, inundaciones, dificultades en el transporte, venta ambulante, artesanos en la vía pública y protestas callejeras y movilizaciones populares. Inmediatamente después, un sugerente título: “Inseguridad” y escenas violentas que, según Jaime Durán Barba, ocurren en el Bajo Flores.
Casi al final de su discurso, Macri reconoció su propia improvisación al anunciar que en los próximos días lanza su PLAN DE SEGURIDAD PARA LA CIUDAD, no era que había equipo?
Imágenes de video para un show bien montado. Prolijo, cuidado, pocos invitados y poca gente en las tribunas…
Imágenes de video, que según Mauricio hablan por sí solas para darle contenido y color a una deficiente lectura de un discurso que poco tuvo de novedoso y que nos deja a la espera de más de 40 kilometros de subtes y…
“Comunicación sin emoción
una voz en off con expresión deforme
busco algo que me saque este mareo
busco calor en esa imagen de video
Nada, nada personal
nada, nada personal…
nada especial!!!”
A continuación el video PRO…

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