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SEGURIDAD: LA RECETA DE MACRI ES CRIMINALIZAR A LOS POBRES Y PICANA

Pomposamente el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, anunció que va a “desterrar a las mafias“. Lo hizo flanqueado por parte de su gabinete y motivado en que “hay miedo y preocupación de la sociedad por la inseguridad”.
Si nos quedáramos sólo con estas dos frases de Macri estaríamos pensando en la “mafia de la efedrina” o en “algun cartel de narcotraficantes” o, quizás, en una vasta organización criminal que azota las calles de la Ciudad de la Furia.
A Macri le preocupa que las calles, o mejor dicho, las avenidas, estén llenas de jóvenes y niños y niñas que piden monedas a cambio de limpiar los parabrisas de los autos, o a cambio de indicaciones para estacionar y, luego, cuidar los autos estacionados. A esa “mafia” de jóvenes, niños y niñas excluidas se refiere “el niño Mauricio”.
En el caso de trapitos y limpiavidrios, queremos que la gente no se sienta amedrentada”, explicó Macri al anunciar su proyecto de modificación del Código Contravencional de la Ciudad. El macrismo pretende convertir a limpiavidrios y trapitos en delincuentes, esa es su solución al problema de la seguridad de los porteños.
Claro que esa peligrosa “mafia” que se dedica a cuidar coches y limpiar parabrisas en las calles de Buenos Aires debe ser combatida por la flamante Policía Metropolitana. Por eso, Macri sube la apuesta y, después de que un fallo judicial prohibiera a esa Policía Metropolitana que use pistolas eléctricas, Mauricio Macri anunció la presentación de un proyecto para que sean autorizadas por ley en la Legislatura.
En vez de anunciar planes sociales que apunten a la integración social de aquéllos jóvenes que tienen que salir a cuidar coches (trapitos) y limpiar parabrisas para sobrevivir, Macri junto a su Ministra de Desarrollo Social anuncia penas de prisión para quienes desarrollen esas actividades. Palo y, por las dudas, pistolas eléctricas.
Pero también Macri se muestra orgullosa de su nueva Policía, una policía que ostenta el increíble record de tener más delincuentes en sus filas, que detenciones producidas. Casualmente y, luego de las detenciones de “el fino Palacios” y de Chamorro y de Ciro James, el Jefe de Investigaciones de la Policía Metropolitana ha sido procesado criminalmente por proteger prostíbulos vip cuando era subcomisario de la Federal. Se trata del el ex comisario Miguel Angel Colombo, otro recomendado del “Fino”.
Curiosa idea la de Mauricio para brindar seguridad a los porteños y porteñas largando a las calles un rejuntado de policías de distintas jurisdicciones con oscuro pasado. Rara idea de Mauricio la de combatir a las mafias ocupándose de niños, niñas y adolescentes que cuidan coches o limpian parabrisas.

EL ÚNICO Y VERDADERO OBJETIVO DE LA POLICÍA DE MACRI

La Policía Metropolitana, que el gobierno porteño pondrá en las calles en las próximas semanas, contará con un cuerpo especial para actuar frente a los cortes viales y las protestas sociales que impidan u obstaculicen el flujo vehicular en la Capital Federal“, sostiene Pablo Tomino en el diario La Nación el pasado día lunes 28 de septiembre.
Con esta noticia, dada en primicia (como es de esperar) por la “Tribuna de Doctrina”, queda al desnudo la intención de Mauricio Macri al crear su propia policía: REPRIMIR CORTES DE CALLES, REPRIMIR PIQUETES, REPRIMIR LA PROTESTA SOCIAL.
Allá lejos y hace tiempo, cuando recién comenzaba a transcurrir el gobierno del “niño Mauricio”, su Fiscal General anunciaba con bombos y platillos “la ofensiva judicial contra el corte de calles“. El plan ya estaba escrito, lo primero era instruir a los fiscales contravencionales de la Ciudad para que denuncien todo corte de calles; lo segundo, fue el impulso de las causas contravencionales contra los infractores; lo tercero, la denuncia política acerca de la inactividad de la Policía Federal (Rodríguez Larreta: -,“Estoy harto de que unos pocos invadan el espacio público, que es propiedad de todos. Estos cortes les joden (sic) la vida a miles de porteños que van a trabajar o a la escuela”); y, cuarto y último, lanzar a la calle el escuadrón antipiquete de la policía propia. Un único objetivo: criminalizar y reprimir la protesta social.
Para ello, el ministro Guillermo Montenegro ordenó que los integrantes de la nueva policía tengan un duro e intensivo entrenamiento y, como se puede observar en la foto que ilustra este post, han elegido un uniforme de entrenamiento acorde. Vestimenta negra y escudo fascista en la espalda…

LAS CALLES SON DE MACRI: SI NO LE GUSTA TU MARCHA TE DENUNCIA

Sin siquiera sonrojarse, el macrismo sigue denunciando y criminalizando la protesta social. Con el visto bueno del Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, ahora el Gobierno macrista denunció a los dirigentes de la CTA por por cortar calles durante su movilización y protesta del pasado día miércoles 22.
El Jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, justificó la presentación de la denuncia afirmando que “jodieron la vida a un montón de gente” y agregó que “Estamos hartos de que unos pocos invadan el espacio público“.
Una vez más, el macrismo recurre a su antojadiza lectura del Art. 78 del Código Contravencional y de Faltas (”Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.”)repetida hasta el hartazgo por parte de su fiscal estrella, Germán Garavano, que pretende colocar a dicha norma por encima de la misma Constitución Nacional y la de la Ciudad.
No es la primera denuncia, ni la primera vez que los fiscales comandados por Garavano y su adjunto Cevasco festejan ante ello. La misma Fiscalía General informa que ya llevan 760 causas por obstrucción de la vía pública, casi una por día desde que asumió Garavano. La política judicial y criminal de la Fiscalía General se concentra en este tipo de denuncias (recibidas o realizadas por los mismos fiscales) y en la confección de un mapa de la venta ambulante o artesanías en la Ciudad. Rigen su actuación bajo el lema “circular dejarás” pero también se comprueba que “hay piquetes y piquetes“.
La cuestión a dilucidar es por qué algunas marchas son consideradas contravenciones por parte de Macri y Garavano y otras no, al punto que ni siquiera las denuncian. La respuesta es sencilla, si las concentraciones y/o manifestaciones son en contra del Gobierno Nacional no hay denuncias, tal como sucedió durante los cacerolazos en favor del campo. Ahora, si las marchas y/o manifestaciones incluyen cuestionamientos al Gobierno de la Ciudad o a Macri sus organizadores son inmediatamente denunciados.
Parecía ser que la cosa es más o menos así, “si tu marcha no le gusta, te denuncia“. Una postura republicana y democrática del niño Mauricio y sus amigos.

HAY PIQUETES Y PIQUETES

Los cortes de calles en “la Ciudad de la Furia” siempre desatan distintas polémicas, tanto en lo discursivo, como en los hechos concretos.
En el día de hoy conocemos por medio de los medios de comunicación que la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas condenó a siete trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) por manifestarse en la avenida General Paz, en cinco días repartidos entre agosto, septiembre y octubre de 2007. En dicha sentencia se argumentó que los integrantes del grupo (delegación gremial de ATE) “actuaron con dolo directo, buscaban con su accionar la obstaculización de vehículos”. Es decir, que los camaristas contravencionales y de faltas han interpretado que los trabajadores han impedido u obstaculizado intencionalmente y sin causa justificada el tránsito vehicular en la Av. Gral. Paz, pues eso, es dolo directo.
Lo novedoso y peligroso de este fallo es que ya no se trata de una aplicación antojadiza del Artículo 78 del Código Contravencional (Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento), sino que se trata de la realización de una lectura parcial, arbitraria y discrecional del mismo, ya que se omite considerar la segunda oración del mismo. En esa parte se señala expresamente que el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención, por lo tanto, no resulta aplicable la figura del dolo intencional, ya que el objetivo principal lo constituye el reclamo sectorial y no la obstrucción de la vía pública. En pocas palabras, lo que ha dicho la Cámara, es que, no importa si salieron a protestar o ejercer un derecho constitucional (el de peticionar ante las autoridades) sino que al salir y marchar sobre una avenida hay sólo intención de obstruir la vía pública.
La judicialización de las manifestaciones callejeras es una de las iniciativas del Fiscal General de la Ciudad, el macrista Germán Garavano. Esta judicialización se transforma en la práctica en la criminalización de la protesta social y política. La condena a la que se hace referencia es el producto de la denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal (fiscalía) según expresa indicación del Fiscal General.
El que avisa no traiciona, podría decir Garavano. Este blog ya se había echo eco de los anuncios del macrismo y de este Fiscal General allá por enero de 2008. Todo comenzó, cuando diez días después de la asunción de Macri en la Ciudad, la UOCRA realizó 39 cortes de calles simultáneos, como reclamo por más medidas de seguridad contra accidentes en su trabajo, lo que enfureció a Mauricio. Los fiscales denunciaron y la causa judicial derivó en una “probation” (un acuerdo de partes según el cual los organizadores debieron pintar escuelas).
Esto siguió, en junio de 2008, unos 1.000 taxis convocados por el Sindicato de Peones de Taxis de Omar Viviani, cortaron Avenida de Mayo contra el plan de Macri de sumar carriles exclusivos en avenidas. Se concentraron frente al edificio comunal y durante tres horas la zona estuvo completamente colapsada. El Gobierno porteño denunció a Viviani en la Justicia Contravencional que, tras un juicio abreviado condenó al sindicato a realizar tareas comunitarias.
Ahora, si se trata de piquetes y cortes de calle no son lo mismos unos u otros. Ningún Fiscal Contravencional de la Ciudad, ni su Fiscal General, Germán Garavano, ni el Fiscal General Adjunto, Luis Cevasco, salieron a denunciar a los piquetes caceroleros que se manifestaban en apoyo al reclamo sojero de las entidades patronales del campo.
Para Garavano y Macri queda claro que el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad es para criminalizar la protesta social y no para judicializar los cacerolazos y piquetes de Belgrano, Barrio Norte y Recoleta. Es que hay piquetes y piquetes.

CIUDAD PRO: SIN PROTESTAS Y SIN POBRES. El Fiscal General las reprime y los persigue


No es la primera vez que desde la asunción del Ing. Macri se observa la obsesión en mantener “el orden” a cualquer precio. Muchas veces parecen actuar bajo los efectos del síndrome “De la Rua”, es decir, con una necesidad de demostrar quién es la autoridad en la Ciudad.
No son hechos aislados. Para demostrar ello, previamente tenemos que recordar que el diseño insitucional de la Ciudad, además de ser novedoso, establece que el Jefe de los fiscales debe ser designado por la Legislatura.
El Artículo 126 de la Constitución de la Ciudad establece: “El Fiscal General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces son designados y removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que los miembros del Tribunal Superior de Justicia“. Y los jueces del Tribunal Superior son designados por designados por el Jefe de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. De esa manera, el bloque de Diputados PRO impuso su mayoría para la designación del Fiscal General Germán Garavano.
A poco de asumir Macri la Jefatura de Gobierno, Germán Garavano anunció su intención de restringir el derecho a la protesta y sancionar a quienes organicen cortes de calle para reclamar sus derechos. Se establecía de esa manera un nuevo mandamiento: Circular dejarás!
Mientras ello sucedía, la “humana y sensible” Gabriela Micheti lanzaba una nueva proclama “El espacio público es innegociable“.
Entonces, el Ministro de Espacio Público, el Fiscal Garavano y la policía desalojaron violentamente a un grupo de cartoneros. Eran noventa personas –entre ellas cerca de treinta niños– en condiciones precarias de vida. Estaban a metros de la calle La Pampa y el cruce de las vías del ferrocarril Mitre, frente a la plaza Barrancas de Belgrano.
Así las cosas, y mientras el Fiscal General de la Ciudad se preocupaba por los grandes temas de la seguridad porteña, los estudiantes secundarios comenzaban a protestar por la reducción de las becas. Asambleas y tomas de los colegios secundarios constituyeron la nueva amenaza según Garavano y Macri.
Confección de listas negras, órdenes a la policía y citación de alumnos y padres a las Fiscalías Contravencionales de la Ciudad. Era la criminalización de la protesta estudiantil. Los y las adolescentes eran el nuevo enemigo elegido por el Fiscal General.
En todo este tiempo, también fueron los artesanos objeto de persecución y hostigamiento por parte de Garavano. Fue así, que el pasado jueves 25 llegó la gota que rebalsó el vaso. A escasos metros de la Legislatura porteña un grupo de policías de civil, la denominada brigada, decidió secuestrar 48 mates (sí, mates) y labrar un acta contravencional contra la artesana que los vendía. En minutos y ante la evidente arbitrariedad de los policías de civil se inició una protesta sobre la calle Perú y muchas personas rodearon un patrullero a fin de evitar que el mismo partiese con los mates.
El titular de la Comisaría 2º decidió devolver los mates y dejar sin efecto el acta contravencional, pesar de lo indicado por la Fiscalía Contravencional, cuando la protesta se transformó en sentada y ante la presencia de medios de comunicación y de Diputados porteños.
Los Diputados y Diputadas porteños decidieron requerir la presencia del Fiscal General en la Legislatura a efectos que de explicaciones relacionadas con la política general que le ha dado al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Garavano concurrirá a la Comisión de Justicia de la Legislatura y deberá decir por qué en esta Ciudad ya existe una Justicia que decidió perseguir a pobres, trabajadores, estudiantes secundarios, artesanos y toda persona que proteste o reclame sus derechos.
En la Ciudad PRO no hay lugar para los pobres.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA ESTUDIANTIL – Escuela que protesta, escuela que cierra


Parafraseando al ex presidente innombrable, Mauricio aplica la política de “escuela que protesta, escuela que cierra“. No se trata de un mero eufemismo; el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió una circular a los directivos de las escuelas medias a los efectos de que en las escuelas tomadas se identifiquen a los chicos que ocupen el establecimiento al momento de la toma, que se comuniquen con los padres de esos alumnos para que éstos los retiren de la escuela y les indica que ningún docente deberá permanecer en el establecimiento fuera del horario escolar.
Además, la Dirección de Area de Educación Media ordenó expresamente que se suspendan las clases en las escuelas tomadas debido a la incapacidad de garantizar la limpieza de las aulas al estar ocupadas las 24 horas.
No se debe pasar por alto que en la semana previa a las vacaciones de invierno, Mauricio ordenó denunciar penalmente a los estudiantes que tomaban el colegio Mariano Acosta en reclamos de mayores becas a los alumnos de menores recursos. El gran diario argentino nos informaba el pasado 25 de julio que entre 40 y 50 alumnos fueron identificados en la investigación criminal seguida por la Fiscal Verónica Andrada, en orden al delito de “usurpación“.
En síntesis, hasta acá tenemos que el primer paso dado por Macri ha sido recortar en un 50% las becas que otorga el Ministerio de Educación macrista a estudiantes secundarios, que el segundo paso fue responder a las protestas de los secundarios con denuncias penales, que el tercer paso ha sido ordenar a los docentes y directivos que suspendan las clases y que no permanezcan en los establecimientos tomados. En esta escalada no es descabellado suponer que Macri y Narodowski soliciten a la policía que reprima y desaloje a los adolescentes que se encuentran en los colegios.
La actitud asumida por Macri es digna de un gobierno totalitario y asume una acción persecutoria inadmisible en Democracia. Anotar los nombres de los alumnos que toman una escuela para luego denunciarlos por la supuesta comisión de un delito penal es el inicio de una escalada criminalizante y expulsiva hacia los jóvenes que estudian en las escuelas de nuestra Ciudad.
Los argentinos teníamos un sistema educativo público que nos enorgullecía por su carácter igualador de oportunidades. Pasó el menemismo y lo colocó en terapia intensiva… llegó Mauricio Macri y, en breve, comenzaremos a avergonzarnos por el carácter autoritario y su aporte al aumento de la exclusión social.
La criminalización de la protesta estudiantil es el primer paso.


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