Ballenas y Superferry: un mal negocio
El caso de la compañía Superferry que operaba una línea de buques de alta velocidad en Hawai demostró que existe una incompatibilidad entre ese tipo de tráfico marítimo y la presencia masiva de ballenas.
Desde 2007 hasta 2009, después de mucha participación ciudadana en Hawai, de activismo ambiental y de recursos de amparo, el pleito se resolvió favorablemente a las ballenas: La Corte Federal de los EEUU ordenó detener las operaciones de Superferry.
Esta empresa utiliza buques que viajan a altas velocidades, entre 35 y 45 nudos (65 a 85 Km/hora). Son buques de 110 metros de eslora con capacidad para unos 850 pasajeros y 280 autos a bordo, que conectan a las islas de Honolulu y Maui con frecuencias diarias. El buque, Alakai, tiene un diseño de catamarán (semi-swath), con motores diesel y sistema de water jets (no son propulsores o hélices), con doble casco (que se sumergen 3,5 metros bajo el agua). El costo de uno de estos buqes fue de 95 millones de dólares. El Estado de Hawai por su parte había invertido 40 millones para adaptar los puertos para la operación de los catamaranes.
La ruta del ferry viajaba dentro de áreas críticas para las ballenas jorobadas. Cerca de 5000 ballenas ingresan a las aguas de Hawaii en el invierno entre Diciembre y Mayo, con un 60 % del total de individuos en la zona de Maui. Precisamente la ruta del ferry pasaba por el medio de las zonas de más alta densidad de ballenas.
La mayor oposición surgió de la comunidad de Hawaii argumentando que las altas velocidades del buque ponían en riesgo a las ballenas jorobadas que se encuentran llegan a parir y cuidar las crías en sus costas (Hawaiian Islands Humpback Whale National Marine Sanctuary) como así también la fuerte dispersión de especies invasivas (alojadas en los vehículos) entre las islas.
Las discusiones estuvieron planteadas alrededor de un dilema: la única posibilidad de navegar en esas aguas es a baja velocidad (menos de 14 nudos), pero el negocio estaba basado en el concepto de los servicios diferenciales que el buque brinda por su alta velocidad.
La empresa había operado regularmente desde Diciembre de 2007, pero finalmente detuvo sus operaciones al principio de 2009 declarandose en banca rota después de que la Corte Suprema declarara que no podía seguir operando hasta no completar los estudios de impacto ambiental necesarios. A pesar de que la empresa interpuso recursos legales para operar mientras se realizaran los estudios, la corte suprema se mantuvo en su posición y debido a esto la empresa terminó quebrando.
Varias lecciones deja este caso para las comunidades con actividades de tráfico marítimo, turismo y fauna silvestre. La primera de ellas es que no se puede planificar una actividad económica sin antes haber realizado estudios de impacto. La segunda es que hasta tanto no ser terminen y se aprueben las medidas ambientales no se puede operar porque no existe seguridad jurídica que proteja el negocio al largo plazo (sustentabilidad). Tercera, la comunidad no se opone al tráfico marítimo, se opone a la posibilidad de que se afecte a algunas ballenas. La cuarta, y la más importante, una comunidad organizada tiene el suficiente poder para regir su propio destino (y el de su hábitat).
Fuentes:
http://www.hawaiifreepress.com
Noticia publicada originalmente en: http://www.bioreporte.com/bahia
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