NOTICIAS EN GENERAL

El asesinato del ex accionista del periodico La Nacion ocurrido hace casi cinco años en recoleta causa misterio y sorpresas,mucho misterio y muchas sorpresas.
Segun figura en la causa, los que asesinaron a Luis Emilio Mitre solo se llevaron documentos de la victima.
Tambien destaquemos que el edificio de posadas 1454 contaba con seguridad privada y policias las 24 hs.
Asi y todo los asesinos se valieron de coraje e ingresaron al lugar sin ser vistos.
Otro dato que se sabe es que Luis Mitre estaba cenando en Panini cuando los delincuentes ingresaron a su departamento,a esa conclusion llego la policia,dado que no habia puertas violentadas,se activo la computadora del dto pasadas las 22 hs,y Luis Mitre estaba cenando solo en un coqueto restorant del barrio porteño en ese tiempo.
Se sabe por testigos que Luis Mitre estaba por hacer el testamento,lo habia conversado con su abogado civil en el mes de su muerte,en diciembre del año 2005.
Su fortuna ronda los 30 millones de dolarres.
Otra informacion que se lee del expediente Mitre, es que, allegados y familiares, al descubrir el espantoso crimen demoraron mas de 4 horas para llamar a la policia,inclusive el testimonio de la empleada de Mitre, Ema Draid, determina que los allegados,el psicologo del muerto,un vecino y hermanos directos se pusieron en contacto con un medico amigo de la familia para que fuera a la escena del asesinato.Este medico,(segun el testimonio) de la sra Ema,les aconsejo que llamaran a la policia,el no se presentaria en el lugar de la tragedia
Lo mas alarmante de todo esto es que ni Clarin ni La Nacion siquiera tocaron el tema en cinco interminables años de agonia e impunidad judicial.
En cambio los medios monopolicos no dudaron en atacar y bastardear por años a los Belsunce-Carraascosa ni a Nora Dalmasso.
El corporativismo del silencio en el crimen sin detenidos que tiene esta causa se nota que hay ciertas familias poderosas que no son tocadas.
Como dijo Maria Elisa Mitre apenas ocurrida la muerte de su hermano,periodistas llamense al silencio,asi,en complicidad, los medios siguen sin informar la verdad que esconde este asesinato economico y mafioso!
Porque Maria Elisa Mitre paro a la prensa?
Porque esta familia,que esta siendo investigada,sigue como querellante de la causa?
porque,sin ir mas lejos,demoraron cuatro horas en denunciar el hecho a la policia?
Preguntas que hasta ahora nadie se explica,lo que se entiende es que como siempre estos medios manipulan la imformacion y se protegen mutuamente cuando les conviene.

La hermana mayor del disfunto Luis Mitre asesinado

a fines del año 2005 es la actual querellante de la causa empantanada

,recordemos que se trata de un asesinato que a casi cinco años sigue impune,sin culpables-

Del rompecabezas de este crimen se puede saber leyendo el expediente judicial que la familia Mitre al encontrar el cadaver demoro mas de cuatro horas en dar aviso policial.

Se puede saber que si llamaron en ese tiempo a un medico amigo

par que arribara al lugar de la tragedia,pero no a la policia

como correspondia.

Se puedo saber en base de testimonios que Luis Mitre estaba por hacer su testamento poco antes de ser misteriosamente asesinado en recoleta.Su fortuna ronda los 40 millones de dolares,y como era soltero podria heredar quien el quisiera.Lei por ahi que el desafortunado ya tenia a sus herederos en mente,incluso se afirma que ya tenia una especie de testamento olografo de puño y letra.

Ahora bien,como la familia Mitre puede ser querellante de una causa que desde el vamos esta intrincada?Como la fiscal de la causa o el juez Carlos Bruniard dejan que esa familia lleve una investigacion?

Esperemos que por caracter simpatico,en breve,la investigacion de

sus primeros frutos.Pero desde el vamos todavia la familia Mitre y allegados no explicaron porque, sin ir mas lejos ,demoraron mas de cuatro horas en dar aviso policial y judicial..

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La Nacion y Clarin comparten el silencio de un asesinato economico?

Hace cinco años era asesinado el accionista Luis Mitre,hermano de Bartolome Mitre,como la investigacion involucra a la familia directa(por el testamento)ni Clarin ni La Nacion tratan la verdad que esconde el expediente,eso si,ya se repartieron los 30 millones de dolares que la victima no llego a testar.El crimen sigue impune,silenciado,la desidia judicial y periodistica esta a la orden del dia.
Su cadáver fue encontrado después del mediodía del lunes 2 de enero de 2006.
Personal de Policía Federal Argentina arribó entre las 18:00 y 18:30, y el personal judicial aún más tarde. Sin embargo, la familia Mitre, familiares directos de la víctima estuvieron entre las 14:00 y las 15:00 a solas con el cadáver.

Bartolomé Mitre, hermano de Luis Mitre y -según allegados- siempre soez hacia su hermano por su condición de homosexual- es abogado, y conoce cómo se debe actuar en estas circunstancias. Denunciar de inmediato el hecho al personal policial es una prioridad para el éxito de cualquier investigación.

Pero el aviso no fue inmediato y nadie sabe si se alteraron pruebas del crimen antes de la llegada policial.

Esos no son los únicos datos ’sorpresa’ de este caso que se perfila a ser similar al de María Marta García Bensulse pero con una ‘tecnología’ perfeccionada.

Como ha señalado Jorge Asís, sin simulación ni atisbos de pudor, se impuso “el corporativismo del silencio”, un silencio que se convirtió en el mayor punto de acuerdo, casi unificador, entre el gobierno y La Nación.

Su asesinato fue reportado por el mismo diario La Nación 48 horas después de ocurrido el hecho, y el caso no trascendió por los medios, lo cual es poco común ya que los policiales siempre son cubiertos por la prensa gráfica.

Los medios digitales lideraron la investigación: primero fue Jorge Asís Digital con sus elocuentes noticias y luego U24 que siguió el caso desde que se dio a conocer. (Ver al final de esta nota las notas relacionadas).

Y ambos sitios de internet lograron que el caso se hiciera eco en la prensa gráfica. Primero fue en el Diario Perfil y luego en la tapa de la Revista Noticias, aunque luego el tema volvió a perder trascendencia.

Entre tanto silencio el cadaver de Mitre esconde una rica herencia que, de seguir el caso en estas líneas, sólo quedará distribuirla entre los beneficiarios de la misma.
PASARON 5 AÑOS,NADIE PRESO,SE SABE QUE LA HERENCIA QUE NO LLEGO A LEGAR ERA DE 30 MILLONES DE DOLARES(LES QUEDO A LA FAMILIA)
Se reactiva la causa Mitre:El testamento olografo que dejo? Aunque Jorge Asís es pesimista, la causa por el asesinato de Luis Mitre podría reactivarse en poco tiempo. El mismo Asís alude en su último artículo al testamento ológrafo que habría dejado el ex accionista de La Nación y que nadie encontró. Aunque la Justicia no tenga la menor idea si en las horas previas a llamar a la policía se estuvo buscando en los placares del muerto un sobre que decía “Luis Emilio Mitre, testamento ológrafo”, habría más de dos personas ajenas a la familia que conocerían esa historia. En los próximos días podría haber novedades que por efecto simpático muevan el expediente de ese crimen impune. Segun testigos, Luis Emilio Mitre en el mes de diciembre,el mes de su muerte,estaba ultimando detalles de su testamento que oscila entre 25 y 35 millones de dolares.Tambien estan siendo investigadas las finanzas de los hermanos Mitre. Segun se desprende de la causa la familia Mitre y allegados demoraron mas de cuatro horas en dar aviso a la policia cuando descubrieron el cadaver http://www.blocdeperiodista.com/searc…

http://www.youtube.com/watch?v=V27dXdCJ7Go

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0187/articulo.php?art=0825&ed=0182

Alianza para el crímen: Magnetto, B. Mitre y P. Perlata Ramos con la Dictadura de Videla

Hasta ahora todos los juicios y las condenas que merecieron los genocidas de la dictadura de Videla, Massera, Agosti y otros… fueron justamente a los que se ensuciaron las manos con sangre en las mesas de tortura, pero nunca habían sido tocados los verdaderos responsables e instigadores de semejante locura asesina: los civiles.

A raíz de los “hijos adoptivos” de la dueña del Grupo Clarín (Ernestina Herrera de Noble) y ahora, con la investigación de la apropiación por ese grupo y por La Nación y La Razón de la empresa Papel Prensa, se comienza a develar la vinculación directa entre militares y civiles y los negocios absolutamente oscuros que perpetraron juntos y para lo cual necesitaron de represión salvaje, tortura, asesinatos y la desaparición de 30 mil personas…

Cada vez queda más claro.

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Papel Prensa: la alianza entre los tres diarios y las tres armas

Las pruebas que vinculan a Magnetto con el interrogador de los Graiver

Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del Ejército: la burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba “los interrogatorios” a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos.

Ya nada será igual, nada, después de la publicación de estos documentos secretos a los que Tiempo Argentino accedió de manera exclusiva. Se trata del epílogo a una intensa labor de este colectivo de trabajo periodístico que durante seis meses investigó el robo a los Graiver de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto.
Hasta hoy.
Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. [1] La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar –la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti– también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. [2]
Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos.
Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. [3] La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente.
El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.
Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)
En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver.
Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino.
Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reunían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. [4]
En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.” Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura.
Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico. Lo mismo ocurrió con Eva Gitnach de Graiver, la mamá de David, a quien sentaron frente al Consejo de Guerra para interrogarla: “¿Participó en la venta de acciones de Papel Prensa?” “Sí”, contestó. “La llevaron a firmar la venta, pero no participó en las reuniones previas en que se decidió dicha venta.
–Preguntado: ¿Actuó en el movimiento pro liberación de Cuba?
–Contestó: No sabe qué es.” [5]
¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reunía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les “tomaba declaraciones” a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una “prevención sumarial”, es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por “el Oficial Superior Preventor” (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo –cuando la ocasión se presentara– ante el fuero judicial. En el caso de los Graiver, el operativo de “legalización” lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). [6] Así de ilegal, así de perverso.
La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas.
Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta”.
Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos.
Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?
El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.
Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.” [8]
El 12 de abril secuestraron a Rafael Ianover, el último eslabón del grupo. Ya toda la familia estaba en el limbo de las desapariciones y el entramado empresario desarticulado. La Junta Militar sabía que tenía que evitar que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver. ¿Cómo podían lograr que la justicia no interviniera? Determinando un poder superior al judicial: el del secuestro y la interdicción (privación de un derecho civil). Así lo hicieron el 19 de abril. La Junta Militar reconoció, finalmente, tener detenidos a los Graiver y su entorno. Se les aplicó el artículo 2 del acta del 18 de junio de 1976, incisos “a”, “d” y “e”: perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”. La CO.NA.RE.PA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, lo haría en su lugar. El delirio del régimen llegó al paroxismo ese día, cuando la imputación fue realizada a dos personas ya fallecidas: David (cabeza del grupo) y Jorge Rubinstein (su mano derecha).
Todo esto parece surrealista. Inexplicable. Pero así ocurrió. La contundencia de los documentos elaborados por la burocracia asesina es inapelable. Se sabía que los represores no tuvieron límites y llegaron a los más bajo de la condición humana.
Pero no descendieron a esos infiernos en soledad.
Acá están las pruebas.

Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso

Fuente: Tiempo Argentino
http://ufaaaaaaa.blogspot.com/2010/09/alianza-para-el-crimen-magnetto-b-mitre.html

La directora estatal en Papel Prensa, Beatriz Paglieri, sostuvo hoy que tanto el CEO de Clarin, Héctor Magnetto, como el director de La Nación, Bartolomé Mitre “pretenden marcarle la agenda al juez y están muy preocupados” por la declaración que prestará mañana Rafael Ianover, vicepresidente de la empresa en épocas de David Graiver, ante el juez platense Arnaldo Corazza.

Corazza tiene a su cargo la investigación del traspaso de acciones de Papel Prensa de los Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón ocurrido en 1976 durante la última dictadura cívico-militar.

Paglieri, quien apelará la suspensión en su cargo de directora de Papel Prensa -dispuesta por el juez comercial Eduardo Malde-, se refirió hoy a la presentación efectuada ayer por los directivos de los matutinos ante Corazza y dijo que: “Parece que a confesión de parte, relevo de prueba” en relación al pedido de Magnetto y Mitre de participar en la declaración que mañana hará Ianover.

“Están preocupados por la declaración de Ianover” aseveró Paglieri y aclaró que “éste es un procedimiento que recién comienza”.

La funcionaria, designada junto a Eduardo Gallo y Pablo Cerioli para representar al Estado en Papel Prensa, aseguró que desde la presentación del informe “Papel Prensa: La Verdad”, el 24 de agosto, “no se ha recibido observación alguna”, aunque “fue puesto en Internet y está en conocimiento de todo el mundo”.

Reiteró que el documento de 26 mil fojas “es muy contundente” y que “las personas involucradas están preocupadas y eso lo demuestra que ayer hayan ido a presentarse y pretender marcarle la agenda al juez”.

“Son demasiados elementos los que constan”, dijo Paglieri y consideró que se abre un proceso judicial “donde cada uno tiene derecho a defenderse pero no a través de los titulares (de los diarios)”.

Además, desmintió que la operación de compra de Papel Prensa concretada el 2 de noviembre de 1976 -en plena dictadura militar-, haya sido “voluntaria y lícita” como ratificaron ayer los directivos de los dos matutinos en su presentación.

“Estas personas no estaban libres, habían sido visitadas por un grupo de tareas, ella (por Lidia Papaleo de Graiver) estaba amenazada de muerte. Declaró que Magnetto le dijo el 2 de noviembre del `76 que si ella no firmaba peligraba la vida de su hija y la de ella. La amenaza es parte de un mecanismo de terrorismo de Estado”, insistió.

“No sé si Magnetto va a ir preso, pero tengo la certeza de que va a tener que declarar en juicio y si hay delito nosotros estamos convencidos de que el delito lo cometieron los diarios y no la figura que armaron que es esa empresa de paja (FATEL)”, afirmó ante la consulta periodística.

Los directores de los diarios Clarín, La Nación y La Razón se reunieron con el encargado de las “investigaciones” bajo tortura a la familia Graiver para preparar “los interrogatorios a tomar el 11 de abril de 1977”, según publicó ayer el diario Tiempo Argentino a partir de cuatro documentos militares.

Se trata de Oscar Gallino, oficial superior preventor, a cargo en ese entonces de los tormentos del centro clandestino de detención Puesto Vasco y ex subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno de la zona 4, Campo de Mayo. También fue comandante de la represión en el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.

De acuerdo con el primer documento, del 7 de abril de 1977 firmado por Gallino, el militar recibió “a los directores y asesores letrados de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa”. En ese entonces, los directores de los tres diarios eran Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos, según los boletines oficiales del 7 de febrero y 14 de junio de 1977.

En el segundo informe, del 9 de abril, Gallino relata que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26% del total del paquete accionario”, con el objetivo de “producir sendos informes” y de preparar “los interrogatorios a tomar el 11 de abril de 1977”.

El “Ejército argentino” revela, en otro documento secreto, cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver para conocer en detalle las transacciones comerciales y así poder hacerse con el “botín de guerra”.

De esta manera, el jefe de los torturadores del Puesto Vasco le escribió al presidente del Banco Central para abrir una cuenta en el marco de “una investigación de carácter reservado, por orden de las autoridades superiores del Ejército” en la que iban a ser depositados “resultantes de amortización y rentas”. Lo cierto es que en esa nota, que data del 13 de abril de 1977, Gallino se aseguró el marco para hacerse depósitos de $2.130.000 en efectivo y $3.173.356 en cheques, además de títulos y acciones en diferentes empresas.

El 12 de abril secuestraron al vicepresidente del grupo, Rafael Ianover, el último eslabón, con lo que la junta militar puso en marcha un operativo para que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver.

Lo hizo al reconocer tener detenidos a los Graiver y su entorno, a quienes se les aplicó el artículo 2º del acta del 18 de junio de 1976, incisos a), d) y e) por lo que perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”, que desde entonces quedó en manos de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial.

El papel de la prensa. Ayer, el diario La Capital de Rosario publicó una editorial en la que denuncia ser “víctima de la situación monopólica” generada a partir de los precios diferenciales y el sistema de cupos que se aplican en Papel Prensa a partir de una política comercial impulsada por los matutinos porteños Clarín y La Nación.

“El perjuicio de la monopólica posición comercial de Papel Prensa para los diarios del interior es difícil de medir a lo largo de tantos años de inequidad”, sostiene el matutino santafesino, que dice: “Sin embargo, si se toman los últimos doce meses La Capital tuvo que erogar casi medio millón de dólares más para proveerse de papel en el exterior”.

“La Capital –dice el editorial– paga el papel chileno, polaco, finlandés o ruso, entre otros orígenes, a u$s719 la tonelada. En la Argentina, Papel Prensa lo vende a u$s635 la tonelada pero, seguramente, tanto a Clarín como a La Nación les cuesta aún más barato. Para cubrir la necesidad mensual de papel, este diario debe comprar 450 toneladas, de las que la empresa Papel Prensa sólo le provee menos del 20 por ciento. Las cifras son elocuentes”.

Fuente: El Argentino

Junto a Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos, el hombre fuerte de Clarín se reunía con los militares de la dictadura para armar los interrogatorios a realizarle a los Graiver por Papel Prensa.
Héctor Magnetto, el poderoso cabecilla del Grupo Clarín, se reunió al menos cuatro veces con los torturadores de la familia Graiver, quienes eran dueños de Papel Prensa, según informó ayer el diario Tiempo Argentino. El matutino accedió a documentos que vinculan al torturador de Lidia Papaleo de Graiver con el hombre fuerte del pulpo mediático.
Los cuatro documentos clave fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20.
El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.
Según la nota, “Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo”.
“Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el ‘Operativo Amigo’ -complemento del despojo accionario de Papel Prensa-, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal”, sostiene el artículo.
“En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió -con la anuencia de Videla- que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el ‘oficial instructor’, es decir, en el interrogador del caso Graiver. Los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana”, añade el testimonio.

http://www.laarena.com.ar/el_pais-torturados_de_los_graiver_se_reunia_con_magnetto-52063-113.html

Tiempo Argentino dice que Magnetto se reunía con los torturadores de los Graiver
05 de Septiembre de 2010
Nacionales

El CEO del Grupo Clarín Héctor Magnetto se reunía con los torturadores de los Graiver, según una investigacion del diario oficialista Tiempo Argentino.

La investigación se basa en cuatro documentos rubricados por el general de brigada Oscar Gallino, oficial Superior preventor, a cargo de las torturas del centro clandestino de Detención Puesto Vasco, donde estaban secuestrados los Graiver.

La publicación es una más de la saga por la movida del Gobierno para culpar al Grupo Clarín de comprar Papel Prensa y despojar a sus anteriores dueños, el Grupo Graiver, en complicidad con la Dictadura Militar.
Los documentos que revela Tiempo Argentino fueron producidos los días 7 de abril de 1977 (uno de las 10.30 y otro de las 16.30 horas) y el 9 de abril de 1977 (8.40 y 20 horas, respectivamente), que describe las reuniones que realizan los presidentes de los directorios de los diarios Clarín (Magnetto), La Nación (Bartolomé Mitre) y La Razón (Patricio Peralta Ramos) con el general Gallino.
En esos documentos, detalla TA, se establece la participaciòn de los directivos de los diarios con los delitos de lesa humanidad.

“Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto. Hasta hoy”, dice TA.

“Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año”.

“Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos”.

“Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente”.

“El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa””.

“Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo”.

“Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)”

“En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver”.

“Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino”.

“Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reu-nían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos”

“En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.” Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura”

“Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico”, revela Tiempo Argentino.

“La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas”, señala.

“Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta””, precisa.

“Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos”, explica.

“Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?”.

“El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.
Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.””, dice el informe de Tiempo Argentino.

Papel Prensa: la alianza entre los tres diarios y las tres armas
Las pruebas que vinculan a Magnetto con el interrogador de los Graiver
Publicado el 5 de Septiembre de 2010
Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso
Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del Ejército: la burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba “los interrogatorios” a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos.

Ya nada será igual, nada, después de la publicación de estos documentos secretos a los que Tiempo Argentino accedió de manera exclusiva. Se trata del epílogo a una intensa labor de este colectivo de trabajo periodístico que durante seis meses investigó el robo a los Graiver de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto.
Hasta hoy.
Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. [1] La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar –la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti– también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. [2]
Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos.
Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. [3] La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente.
El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.
Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)
En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver.
Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino.
Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reu-nían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. [4]
En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.” Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura.
Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico. Lo mismo ocurrió con Eva Gitnach de Graiver, la mamá de David, a quien sentaron frente al Consejo de Guerra para interrogarla: “¿Participó en la venta de acciones de Papel Prensa?” “Sí”, contestó. “La llevaron a firmar la venta, pero no participó en las reuniones previas en que se decidió dicha venta.
–Preguntado: ¿Actuó en el movimiento pro liberación de Cuba?
–Contestó: No sabe qué es.” [5]
¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reu-nía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les “tomaba declaraciones” a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una “prevención sumarial”, es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por “el Oficial Superior Preventor” (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo –cuando la ocasión se presentara– ante el fuero judicial. En el caso de los Graiver, el operativo de “legalización” lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). [6] Así de ilegal, así de perverso.
La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas.
Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta”.
Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos.
Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?
El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.
Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.” [8]
El 12 de abril secuestraron a Rafael Ianover, el último eslabón del grupo. Ya toda la familia estaba en el limbo de las desapariciones y el entramado empresario desarticulado. La Junta Militar sabía que tenía que evitar que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver. ¿Cómo podían lograr que la justicia no interviniera? Determinando un poder superior al judicial: el del secuestro y la interdicción (privación de un derecho civil). Así lo hicieron el 19 de abril. La Junta Militar reconoció, finalmente, tener detenidos a los Graiver y su entorno. Se les aplicó el artículo 2 del acta del 18 de junio de 1976, incisos “a”, “d” y “e”: perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”. La CO.NA.RE.PA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, lo haría en su lugar. El delirio del régimen llegó al paroxismo ese día, cuando la imputación fue realizada a dos personas ya fallecidas: David (cabeza del grupo) y Jorge Rubinstein (su mano derecha).
Todo esto parece surrealista. Inexplicable. Pero así ocurrió. La contundencia de los documentos elaborados por la burocracia asesina es inapelable. Se sabía que los represores no tuvieron límites y llegaron a los más bajo de la condición humana.
Pero no descendieron a esos infiernos en soledad.
Acá están las pruebas. <

Por Daniel Cecchini y Eduardo Blaustein dcecchini@miradasalsur.com Lidia Papaleo de Graiver reiteró ante la Fiscalía platense que firmó bajo amenaza. Clarín publicó otra cosa. (TELAM) || Al presentar el informe Papel Prensa-La Verdad, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la presentación del proyecto de ley para ser tratado en el Congreso. (TELAM)Otras notas“Mi padre denunció ilícitos en los ‘80”A mediados de la década del ´80 la fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Ricardo Molinas, investigó y denunció la trama de corrupción que se gestó alrededor de Papel Prensa. Su hijo, Fernando Molinas, era en ese momento secretario privado del ya fallecido fiscal y llevó adelante gran parte de las averiguaciones sobre el tema.
- Clarín y La Nación afirman que su padre no encontró ilícitos cuando realizó la investigación acerca del traspaso de Papel Prensa de la familia Graiver a los tres diarios. ¿Cuál es la verdad?
Testimonio de Osvaldo Papaleo“Los empresarios de Clarín, La Razón y La Nación hacen una primera reunión con Isidoro Graiver (hermano de David) en la que le hacen una propuesta ridícula y le dicen que era eso o nada. En ese clima se hace una segunda reunión donde se firma un preconvenio, en noviembre del ’76, en el despacho de Bartolomé Mitre en la calle San Martín. Allí los integrantes de la familia son separados para presionarlos individualmente.
Bajo torturaEl relato de Lidia Papaleo de Graiver frente a la asamblea de accionistas de Papel Prensa no deja dudas sobre la complicidad de civiles y militares para apropiarse de la empresa.
Fallo clave para Papel PrensaParece una paradoja, pero cuando el miércoles pasado el juez Federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar si hubo delito en la transferencia de las acciones de Papel Prensa durante la última dictadura, dio un paso que tendrá consecuencias decisivas para el progreso del caso.
Hay más papeles secretos sobre Papel PrensaEn abril de 1977, el general Oscar Bartolomé Gallino fue el instructor de los consejos de Guerra a los que la dictadura cívico-militar sometió a los herederos, socios y empleados de David Graiver, titular de las acciones mayoritarias de Papel Prensa.
Papel Prensa: un reclamo de JusticiaLa detención de José Alfredo Martínez de Hoz por orden del juez federal Norberto Oyarbide, a principios del mes pasado, luego de decidir su procesamiento por secuestro extorsivo y un embargo sobre sus bienes por dos millones de pesos, no sólo tendrá consecuencias en esa causa sino que también abrirá las puertas para que otros delitos económicos cometidos durante la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad. El despojo de Papel Prensa a la familia Graiver puede ser uno de ellos.
La difusión del informe Papel Prensa-La Verdad y la presentación por parte del Ejecutivo del proyecto de ley que declara de interés público la producción de papel de diario –que propone, entre otras cosas, el precio igualitario del insumo para todos los medios gráficos del país– hizo que Clarín y La Nación profundizaran su campaña para de­sinformar a la opinión pública sobre sus responsabilidades en la apropiación de la empresa durante la última dictadura cívico-militar. Esta semana, además de sacar de la galera a un contradictorio Isidoro Graiver –hermano menor de David, que un año antes del despojo de la empresa había sido desplazado de la dirección del Grupo Graiver–, publicaron una solicitada y desplegaron un rosario de artículos y entrevistas con las que trataron de desmentir el informe. A continuación, Miradas al Sur analiza las diez falacias más notorias de las muchas que esgrimieron en estos días.
La prensa libre. “Quieren controlar el papel para controlar la prensa libre… Controlar el papel es controlar la información.”
A confesión de parte, relevo de pruebas. Desde hace 33 años, Clarín y La Nación controlan, con la propiedad mayoritaria de las acciones de Papel Prensa S.A., la producción y la venta del papel de diario en la Argentina y, por lo tanto, también la hegemonía de la información. El pacto secreto de sindicación de acciones firmado por los tres diarios apropiadores de Papel Prensa el 18 de agosto de 1977 establecía que todos los votos de los firmantes serían unitarios –en otras palabras: todos debían votar lo mismo–, lo que transformó a Clarín, La Nacióny La Razón –este último hasta su quiebra– en dictadores sobre el resto de los accionistas (fundamentalmente el Estado, poseedor del 28%) y sobre la producción y venta del papel de diario. Cuando, a mediados de los ’80, se produjo la quiebra de La Razón, Clarín adquirió la totalidad de las acciones de Papel Prensa que tenía ese diario, llamativamente excluidas de la quiebra. Desde entonces –sin perjudicar los intereses del diario fundado por Bartolomé Mitre–, Clarín es accionista mayoritario de la empresa, con el 49% de las acciones y, en connivencia con La Nación (22%), presiona al resto de los medios del país con el manejo de las cantidades y precios del papel de diario. Con la potestad sobre el papel, los dos diarios subsidian el papel de diario que utilizan –en contra de los intereses del resto de los accionistas de Papel Prensa y de la empresa misma–, fijando para sí mismos un precio de compra de la bobina de papel que es menor a su costo de producción. Según un estudio de costos y mercado realizado este año, el resto de los medios que compraron papel a la empresa en los últimos seis años debieron pagar el papel un 58% más caro que Clarín y La Nación. En definitiva, una ventaja competitiva desleal e indescontable que demuestra que quienes controlan a “la prensa libre” en la Argentina son Clarín y La Nacióna través de Papel Prensa.
Cuestionamientos judiciales. “Nunca, en 27 años de democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su origen.” Y además: “La compra también fue investigada ya en democracia por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades”.
Doblemente falso. Poco después de recuperada la democracia, el fiscal Ricardo Molinas realizó una profunda investigación sobre la transferencia de las acciones de Papel Prensa, durante la cual examinó los documentos existentes y tomó declaración a los miembros de la familia Graiver y a otros partícipes de la “operación”. Al finalizar la investigación, Molinas realizó varias denuncias penales y pidió la nulidad de la adjudicación recaída en los tres diarios. En el cuarto punto de su dictamen, Molinas dice: “Que la Junta de Comandantes, integrada por Jorge Rafael Videla, Eduardo E. Massera y Orlando R. Agosti,, máxima autoridad de facto del país a fines de 1976, a pesar de conocer y estar investigando, según sus propios dichos, aquella vinculación entre Graiver y Montoneros, autorizó al Grupo Graiver a transferir las acciones clase “A” a los periódicos Clarín, La Nación y La Razón apenas un mes antes de la detención, desaparición e interdicción de aquéllos, ocultando todo lo referente a dicha vinculación hasta que la transacción quedó concretada, lo que constituía el delito de encubrimiento por omisión de denuncia.” Molinas alude también a una investigación anterior, realizada durante la dictadura a instancias de Massera, que también encontró evidentes irregularidades en el traspaso de las acciones, que invalidaban la operación. En el punto 6 del dictamen, el fiscal señala: “Que el veedor-interventor designado tardíamente en Papel Prensa S.A. por la Ley 21.168, en agosto de 1977, es decir, casi un año después de las transferencias de las acciones y seis meses después de la detención-de­saparición de los integrantes del Grupo Graiver, determinó e informó lo que calificó como graves irregularidades e incumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios responsables, es decir, los representantes estatales en la empresa, el directorio del Banade, el secretario de Estado de Desarrollo Industrial, doctor Raymundo Juan Pío Podestá, y del ministro de Economía, doctor José Alfredo Martínez de Hoz”. Y agrega, en el siguiente punto: “La actuación de la Junta de Comandantes, al omitir denunciar los hechos notificados por el veedor-interventor, configuró, además, el delito de encubrimiento”. En otras palabras: la transferencia de acciones fue por lo menos irregular y los dictadores la encubrieron. En sus conclusiones, Molinas sintetiza: “Quedaba acreditado, con otros testimonios concordantes, que al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar dicho grupo. Para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. En este caso, la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa S.A., eligiendo ellos mismos como compradores a los mencionados diarios”. No es casual que la investigación de Molinas fuera abortada por el menemismo, el mismo ciclo que multiplicó el poder de Clarín mediante la privatización de medios.
La operación apropiadora. “La compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época”. “(…) los Graiver estaban libres: no habían sido secuestrados ni torturados ni amenazados por la dictadura gobernante”.
Es una falacia. La noche del 2 de noviembre de 1976, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en las oficinas del diario La Nación. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por menos de un millón de dólares, de los cuales sólo recibió 7.000 al firmar. La viuda de Graiver ya había recibido varios avisos amenazantes desde su regreso al país, en septiembre de ese año. Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa y primo de Martínez de Hoz, le había dicho: “Quiero que sepa que no puede vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros”. Francisco Manrique le había anunciado que la Junta Militar no quería que Papel Prensa quedara en manos de los Graiver, que querían borrar al grupo del mapa empresario del país. Héctor Magnetto le había exigido que firmara la venta para salvar su propia vida y la de su hija. Y esa noche del 2 de noviembre, al salir de la reunión, Bernardo Sofovich, abogado de Ernestina Herrera de Noble, le advirtió: “Usted ahora se va de acá. Tome un avión a donde pueda, y que después alguien se ocupe de su hija, pero váyase ya”. Los argumentos de Clarín-La Nación banalizan una época de absoluto terror a la que se sumaban claros rasgos antisemitas: ninguna “transacción comercial” en la que mediaran los genocidas, en alianza con las mismas empresas periodísticas que convocaron al golpe y aplaudieron a los golpistas una vez en el poder, pudo tener el más mínimo viso de “normalidad”.
Las detenciones. “Los integrantes del Grupo Graiver, vendedores de la empresa, fueron ilegalmente detenidos cinco meses después de la venta de Papel Prensa y por imputaciones ajenas a este tema.”
Tal como Francisco Manrique había adelantado a Lidia Papaleo y otros integrantes del Egasa, los dictadores tenían la intención de borrar del mapa empresario argentino al Grupo Graiver. ¿Por qué esperaron cinco meses para secuestrar a sus integrantes y despojarlos de todas sus propiedades a través de consejos de guerra armados con declaraciones arrancadas bajo tortura y la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conarepa)? La respuesta salta a la vista: esperaron a concretar el despojo de Papel Prensa por parte de los tres diarios cómplices de la dictadura y así pagar el precio de esa complicidad. Lidia Papaleo firmó el último documento relacionado con la transferencia de acciones de la empresa el 9 de marzo de 1977. Ese mismo día fueron secuestrados sus suegros y en los días subsiguientes, ella, otros familiares y miembros del Grupo Graiver cayeron víctimas de la “Operación Amigo”, dirigida por el jefe de la Policía Bonaerense, coronel Ramón Camps. Luego de permanecer desaparecidos y ser torturados durante más de un mes en Puesto Vasco (lapso en que murió en la tortura el apoderado del grupo, Jorge Rubinstein), los sobrevivientes fueron trasladados al Pozo de Banfield y sometidos a consejos de guerra instruidos por el general Oscar Bartolomé Gallino. Como resultado de esos “juicios”, la Conarepa decidió la interdicción de las siguientes empresas del Grupo: Santa Celia S.A., Editorial Olta S.A., Indalco S.A., Egasa, Complot S.A., Juan Graiver Inmobiliaria y Establecimientos Gráficos Gustavo S.A. La única empresa de la que el Grupo Graiver pudo “desprenderse” antes de los secuestros fue, llamativamente, Papel Prensa. Más aún: el único miembro del Grupo Graiver que permaneció en libertad un mes más fue Rafael Ianover, testaferro de David Graiver. Recién fue secuestrado el 12 de abril de 1977, poco después de que él, también, firmara el boleto de venta de sus acciones. “Si firmo, ¿no me va a pasar nada?”, le preguntó a Patricio Peralta Ramos. “Tiene mi palabra de honor”, le contestó uno de los dueños de La Razón.
Testimonios en tribunales. “Así surge (que los Graiver nunca mencionaron a Papel Prensa en sus testimonios judiciales) de las causas en las que declararon en democracia.”
Falso. El domingo pasado, Miradas al Sur reprodujo declaraciones realizadas en 1986 ante la Justicia por Rafael Ianover y Lidia Papaleo de Graiver, donde relatan que fueron interrogados sobre Papel Prensa mientras permanecían detenidos-desaparecidos. En fojas 247 consta la declaración de la viuda de Graiver: “Que también desea aclarar que en Puesto Vasco en ocasión de ser torturada se hallaba presente el comisario Etchecolatz. Que tanto en el Pozo de Banfield como en la Comisaría de Banfield concurrían Beto Cozzani, la Tota y Darío Rojas, quienes le preguntaban por Papel Prensa, y que junto con (Alfredo) Abuin manejaban la vinculación entre Papel Prensa y Egasa”. Páginas antes está registrado el testimonio de Ianover: “Que si bien no puede ver por estar vendado, lo hacen sentar en una silla, haciéndole escuchar marchas peronistas. Luego de un rato le quitan la venda y lo llevan a una habitación en la cual lo espera un señor vestido de civil que lo interrogó sobre su accionar en Papel Prensa S.A., quién era el presidente, cómo habían sido nombrados, etc.” (fojas 222). “Que al día siguiente lo vuelven a vendar y a atar las manos, lo meten en un coche en el asiento trasero, conduciéndolo al lugar donde había estado el día anterior con la diferencia de que lo hacen subir por una escalera de caracol a dos pisos y lo introducen en una celda en la cual se encuentra solo por espacio de cuatro días, llegando al quinto día el general Gallino, designado preventor, quien lo interroga nuevamente respecto de Papel Prensa” (fojas 223). Estos testimonios fueron utilizados como prueba en los juicios de Von Wernich y Etchecolatz y están incorporados a la causa que hoy su sustancia en el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional número 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza. Miradas al Sur también reveló el domingo pasado que el instructor de los consejos de guerra, general Gallino, participó entre el 9 y el 15 de abril de 1977 de tres reuniones con los propietarios y responsables legales de Clarín, La Nación y La Razón y que luego de esas reuniones interrogó a los integrantes del Grupo Graiver que permanecían de­saparecidos en el Pozo de Banfield.
El papel de Lidia Papaleo. “Lidia Papaleo también declaró en sede judicial que no participó de las negociaciones, que fueron llevadas a cabo por Juan e Isidoro Graiver.”
Falso. La viuda de Graiver sí participó de las “negociaciones” a las cuales fue obligada bajo amenaza de muerte. Como ya se señaló, luego de la muerte de David Graiver, Lidia Papaleo, en su carácter de esposa, tenía derecho al 50% de las acciones de las cuales su marido era titular y, además, era custodia de su hija, que tenía derecho a otro 25% de la sucesión. Juan Graiver y su esposa, como padres de David, tenían derecho a otro 25%. Por eso firmaron los documentos que les pusieron adelante. Por el contrario, Isidoro no tenía derechos sucesorios y apenas era propietario de algunas acciones residuales. Desde 1975 había quedado legalmente afuera de las decisiones del Grupo, por decisión de David, quien le compró su participación por 2 millones de dólares. Mal puede entonces haber llevado adelante negociaciones sobre acciones que no le pertenecían.
Torturas y presiones. “El paquete accionario de Papel Prensa no le fue arrancado a la viuda de Graiver bajo torturas, como sostienen en forma falsa, a coro con el Gobierno de Cristina Fernández, sus funcionarios, voceros y escribientes, y a tono con su hermano Osvaldo Papaleo y con el hoy canciller Héctor Timerman, en aquellos años director del diario pro golpista La Tarde”.
Se trata de una tergiversación. Al presentar el informe Papel Prensa-La Verdad, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que los Graiver habían sido amenazados y presionados, que se encontraban en una suerte de “libertad ambulatoria” o “libertad condicional” al momento de ceder sus acciones. En ningún momento afirmó que Lidia Papaleo o Ianover firmaron las transferencias bajo tortura. En el mismo sentido, Clarín y La Nación titularon el jueves pasado –un día después de que la viuda de Graiver declarara ante la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata– que había firmado la venta de Papel Prensa cuando estaba en libertad. Omitieron decir que, ante los fiscales, Lidia Papaleo ratificó que había sido presionada y amenazada para que firmara el boleto de venta.
Operación inconclusa. “Cuando los miembros de la familia y del Grupo Graiver fueron secuestrados algunos y detenidos en forma ilegal otros, en marzo y abril de 1977, la operación de venta de Papel Prensa estaba concluida.”
Falso. Cuando Lidia Papaleo fue secuestrada, el 14 de marzo de 1977, el juez de menores que debía velar por los intereses de la hija de Graiver, María Sol, no había dado conformidad al contrato. Sin autorización del juez, ese 25% de acciones de clase “A” correspondiente a la hija de Graiver no podía ser transferido por más que la madre firmara. Eso significaría que al menos un cuarto de las acciones clase “A” fueron despojadas. Es llamativo que Clarín publique esta semana –33 años después de los hechos– que María Sol no tiene nada que reclamar, dado que se trata de un delito cometido cuando ella tenía dos años, cuya resolución no depende de su voluntad actual. Además de otras irregularidades, el mencionado boleto de venta tenía una imposición (y si hay imposición, no hay contrato, porque éste sólo puede ser firmado por personas que están en igualdad de condiciones) que lo hacía más sospechoso aún: si el juez a cargo de la sucesión no aprobaba la operación, “el escribano retendrá dichos fondos (los depositados por Fapel en la supuesta compra) en su poder hasta que la aprobación tenga lugar”. Esto es: la operación debía realizarse de cualquier manera, no había vuelta atrás.
De qué jugó Gallino. “No hubo ningún tipo de reunión entre compradores y vendedores de Papel Prensa en los meses de secuestro de los Graiver.”
Cierto: ninguno de los representantes de los diarios iba a visitar Puesto Vasco o el Pozo de Banfield. Para eso lo tenían al preventor de los consejos de guerra, general Gallino, quien como ya se señaló se reunía con ellos y después interrogaba a los Graiver, sus socios y sus empleados en el centro clandestino de detención.
Contradicciones de Isidoro. “En abierta desmentida de las falacias que sostiene el kirchnerismo, Isidoro Graiver afirma: ‘Es importante resaltar que tanto durante la negociación, como durante la materialización de la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., el suscripto, los accionistas y los demás negociadores de la venta de acciones de Papel Prensa S.A. no fuimos privados de la libertad, ni amenazados en forma alguna’.”
Falso. El propio Isidoro Graiver desmiente sus dichos en la entrevista realizada en junio pasado y publicada esta semana por Tiempo Argentino. “La presión era permanentemente. Los aprietes eran permanentes”, les dijo a los periodistas Cintia Ottaviano y Juan Alonso. “A todas luces era un afano, lisa y llanamente, un afano. El precio tuvo claramente poca vinculación con el valor real.” Isidoro se fue a Londres un día después de la solicitada. A confesión de parte, relevo de pruebas.