Por Daniel Cecchini y Eduardo Blaustein dcecchini@miradasalsur.com Lidia Papaleo de Graiver reiteró ante la Fiscalía platense que firmó bajo amenaza. Clarín publicó otra cosa. (TELAM) || Al presentar el informe Papel Prensa-La Verdad, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la presentación del proyecto de ley para ser tratado en el Congreso. (TELAM)Otras notas“Mi padre denunció ilícitos en los ‘80”A mediados de la década del ´80 la fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Ricardo Molinas, investigó y denunció la trama de corrupción que se gestó alrededor de Papel Prensa. Su hijo, Fernando Molinas, era en ese momento secretario privado del ya fallecido fiscal y llevó adelante gran parte de las averiguaciones sobre el tema.
- Clarín y La Nación afirman que su padre no encontró ilícitos cuando realizó la investigación acerca del traspaso de Papel Prensa de la familia Graiver a los tres diarios. ¿Cuál es la verdad?
Testimonio de Osvaldo Papaleo“Los empresarios de Clarín, La Razón y La Nación hacen una primera reunión con Isidoro Graiver (hermano de David) en la que le hacen una propuesta ridícula y le dicen que era eso o nada. En ese clima se hace una segunda reunión donde se firma un preconvenio, en noviembre del ’76, en el despacho de Bartolomé Mitre en la calle San Martín. Allí los integrantes de la familia son separados para presionarlos individualmente.
Bajo torturaEl relato de Lidia Papaleo de Graiver frente a la asamblea de accionistas de Papel Prensa no deja dudas sobre la complicidad de civiles y militares para apropiarse de la empresa.
Fallo clave para Papel PrensaParece una paradoja, pero cuando el miércoles pasado el juez Federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar si hubo delito en la transferencia de las acciones de Papel Prensa durante la última dictadura, dio un paso que tendrá consecuencias decisivas para el progreso del caso.
Hay más papeles secretos sobre Papel PrensaEn abril de 1977, el general Oscar Bartolomé Gallino fue el instructor de los consejos de Guerra a los que la dictadura cívico-militar sometió a los herederos, socios y empleados de David Graiver, titular de las acciones mayoritarias de Papel Prensa.
Papel Prensa: un reclamo de JusticiaLa detención de José Alfredo Martínez de Hoz por orden del juez federal Norberto Oyarbide, a principios del mes pasado, luego de decidir su procesamiento por secuestro extorsivo y un embargo sobre sus bienes por dos millones de pesos, no sólo tendrá consecuencias en esa causa sino que también abrirá las puertas para que otros delitos económicos cometidos durante la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad. El despojo de Papel Prensa a la familia Graiver puede ser uno de ellos.
La difusión del informe Papel Prensa-La Verdad y la presentación por parte del Ejecutivo del proyecto de ley que declara de interés público la producción de papel de diario –que propone, entre otras cosas, el precio igualitario del insumo para todos los medios gráficos del país– hizo que Clarín y La Nación profundizaran su campaña para desinformar a la opinión pública sobre sus responsabilidades en la apropiación de la empresa durante la última dictadura cívico-militar. Esta semana, además de sacar de la galera a un contradictorio Isidoro Graiver –hermano menor de David, que un año antes del despojo de la empresa había sido desplazado de la dirección del Grupo Graiver–, publicaron una solicitada y desplegaron un rosario de artículos y entrevistas con las que trataron de desmentir el informe. A continuación, Miradas al Sur analiza las diez falacias más notorias de las muchas que esgrimieron en estos días.
La prensa libre. “Quieren controlar el papel para controlar la prensa libre… Controlar el papel es controlar la información.”
A confesión de parte, relevo de pruebas. Desde hace 33 años, Clarín y La Nación controlan, con la propiedad mayoritaria de las acciones de Papel Prensa S.A., la producción y la venta del papel de diario en la Argentina y, por lo tanto, también la hegemonía de la información. El pacto secreto de sindicación de acciones firmado por los tres diarios apropiadores de Papel Prensa el 18 de agosto de 1977 establecía que todos los votos de los firmantes serían unitarios –en otras palabras: todos debían votar lo mismo–, lo que transformó a Clarín, La Nacióny La Razón –este último hasta su quiebra– en dictadores sobre el resto de los accionistas (fundamentalmente el Estado, poseedor del 28%) y sobre la producción y venta del papel de diario. Cuando, a mediados de los ’80, se produjo la quiebra de La Razón, Clarín adquirió la totalidad de las acciones de Papel Prensa que tenía ese diario, llamativamente excluidas de la quiebra. Desde entonces –sin perjudicar los intereses del diario fundado por Bartolomé Mitre–, Clarín es accionista mayoritario de la empresa, con el 49% de las acciones y, en connivencia con La Nación (22%), presiona al resto de los medios del país con el manejo de las cantidades y precios del papel de diario. Con la potestad sobre el papel, los dos diarios subsidian el papel de diario que utilizan –en contra de los intereses del resto de los accionistas de Papel Prensa y de la empresa misma–, fijando para sí mismos un precio de compra de la bobina de papel que es menor a su costo de producción. Según un estudio de costos y mercado realizado este año, el resto de los medios que compraron papel a la empresa en los últimos seis años debieron pagar el papel un 58% más caro que Clarín y La Nación. En definitiva, una ventaja competitiva desleal e indescontable que demuestra que quienes controlan a “la prensa libre” en la Argentina son Clarín y La Nacióna través de Papel Prensa.
Cuestionamientos judiciales. “Nunca, en 27 años de democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su origen.” Y además: “La compra también fue investigada ya en democracia por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades”.
Doblemente falso. Poco después de recuperada la democracia, el fiscal Ricardo Molinas realizó una profunda investigación sobre la transferencia de las acciones de Papel Prensa, durante la cual examinó los documentos existentes y tomó declaración a los miembros de la familia Graiver y a otros partícipes de la “operación”. Al finalizar la investigación, Molinas realizó varias denuncias penales y pidió la nulidad de la adjudicación recaída en los tres diarios. En el cuarto punto de su dictamen, Molinas dice: “Que la Junta de Comandantes, integrada por Jorge Rafael Videla, Eduardo E. Massera y Orlando R. Agosti,, máxima autoridad de facto del país a fines de 1976, a pesar de conocer y estar investigando, según sus propios dichos, aquella vinculación entre Graiver y Montoneros, autorizó al Grupo Graiver a transferir las acciones clase “A” a los periódicos Clarín, La Nación y La Razón apenas un mes antes de la detención, desaparición e interdicción de aquéllos, ocultando todo lo referente a dicha vinculación hasta que la transacción quedó concretada, lo que constituía el delito de encubrimiento por omisión de denuncia.” Molinas alude también a una investigación anterior, realizada durante la dictadura a instancias de Massera, que también encontró evidentes irregularidades en el traspaso de las acciones, que invalidaban la operación. En el punto 6 del dictamen, el fiscal señala: “Que el veedor-interventor designado tardíamente en Papel Prensa S.A. por la Ley 21.168, en agosto de 1977, es decir, casi un año después de las transferencias de las acciones y seis meses después de la detención-desaparición de los integrantes del Grupo Graiver, determinó e informó lo que calificó como graves irregularidades e incumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios responsables, es decir, los representantes estatales en la empresa, el directorio del Banade, el secretario de Estado de Desarrollo Industrial, doctor Raymundo Juan Pío Podestá, y del ministro de Economía, doctor José Alfredo Martínez de Hoz”. Y agrega, en el siguiente punto: “La actuación de la Junta de Comandantes, al omitir denunciar los hechos notificados por el veedor-interventor, configuró, además, el delito de encubrimiento”. En otras palabras: la transferencia de acciones fue por lo menos irregular y los dictadores la encubrieron. En sus conclusiones, Molinas sintetiza: “Quedaba acreditado, con otros testimonios concordantes, que al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar dicho grupo. Para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. En este caso, la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa S.A., eligiendo ellos mismos como compradores a los mencionados diarios”. No es casual que la investigación de Molinas fuera abortada por el menemismo, el mismo ciclo que multiplicó el poder de Clarín mediante la privatización de medios.
La operación apropiadora. “La compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época”. “(…) los Graiver estaban libres: no habían sido secuestrados ni torturados ni amenazados por la dictadura gobernante”.
Es una falacia. La noche del 2 de noviembre de 1976, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en las oficinas del diario La Nación. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por menos de un millón de dólares, de los cuales sólo recibió 7.000 al firmar. La viuda de Graiver ya había recibido varios avisos amenazantes desde su regreso al país, en septiembre de ese año. Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa y primo de Martínez de Hoz, le había dicho: “Quiero que sepa que no puede vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros”. Francisco Manrique le había anunciado que la Junta Militar no quería que Papel Prensa quedara en manos de los Graiver, que querían borrar al grupo del mapa empresario del país. Héctor Magnetto le había exigido que firmara la venta para salvar su propia vida y la de su hija. Y esa noche del 2 de noviembre, al salir de la reunión, Bernardo Sofovich, abogado de Ernestina Herrera de Noble, le advirtió: “Usted ahora se va de acá. Tome un avión a donde pueda, y que después alguien se ocupe de su hija, pero váyase ya”. Los argumentos de Clarín-La Nación banalizan una época de absoluto terror a la que se sumaban claros rasgos antisemitas: ninguna “transacción comercial” en la que mediaran los genocidas, en alianza con las mismas empresas periodísticas que convocaron al golpe y aplaudieron a los golpistas una vez en el poder, pudo tener el más mínimo viso de “normalidad”.
Las detenciones. “Los integrantes del Grupo Graiver, vendedores de la empresa, fueron ilegalmente detenidos cinco meses después de la venta de Papel Prensa y por imputaciones ajenas a este tema.”
Tal como Francisco Manrique había adelantado a Lidia Papaleo y otros integrantes del Egasa, los dictadores tenían la intención de borrar del mapa empresario argentino al Grupo Graiver. ¿Por qué esperaron cinco meses para secuestrar a sus integrantes y despojarlos de todas sus propiedades a través de consejos de guerra armados con declaraciones arrancadas bajo tortura y la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conarepa)? La respuesta salta a la vista: esperaron a concretar el despojo de Papel Prensa por parte de los tres diarios cómplices de la dictadura y así pagar el precio de esa complicidad. Lidia Papaleo firmó el último documento relacionado con la transferencia de acciones de la empresa el 9 de marzo de 1977. Ese mismo día fueron secuestrados sus suegros y en los días subsiguientes, ella, otros familiares y miembros del Grupo Graiver cayeron víctimas de la “Operación Amigo”, dirigida por el jefe de la Policía Bonaerense, coronel Ramón Camps. Luego de permanecer desaparecidos y ser torturados durante más de un mes en Puesto Vasco (lapso en que murió en la tortura el apoderado del grupo, Jorge Rubinstein), los sobrevivientes fueron trasladados al Pozo de Banfield y sometidos a consejos de guerra instruidos por el general Oscar Bartolomé Gallino. Como resultado de esos “juicios”, la Conarepa decidió la interdicción de las siguientes empresas del Grupo: Santa Celia S.A., Editorial Olta S.A., Indalco S.A., Egasa, Complot S.A., Juan Graiver Inmobiliaria y Establecimientos Gráficos Gustavo S.A. La única empresa de la que el Grupo Graiver pudo “desprenderse” antes de los secuestros fue, llamativamente, Papel Prensa. Más aún: el único miembro del Grupo Graiver que permaneció en libertad un mes más fue Rafael Ianover, testaferro de David Graiver. Recién fue secuestrado el 12 de abril de 1977, poco después de que él, también, firmara el boleto de venta de sus acciones. “Si firmo, ¿no me va a pasar nada?”, le preguntó a Patricio Peralta Ramos. “Tiene mi palabra de honor”, le contestó uno de los dueños de La Razón.
Testimonios en tribunales. “Así surge (que los Graiver nunca mencionaron a Papel Prensa en sus testimonios judiciales) de las causas en las que declararon en democracia.”
Falso. El domingo pasado, Miradas al Sur reprodujo declaraciones realizadas en 1986 ante la Justicia por Rafael Ianover y Lidia Papaleo de Graiver, donde relatan que fueron interrogados sobre Papel Prensa mientras permanecían detenidos-desaparecidos. En fojas 247 consta la declaración de la viuda de Graiver: “Que también desea aclarar que en Puesto Vasco en ocasión de ser torturada se hallaba presente el comisario Etchecolatz. Que tanto en el Pozo de Banfield como en la Comisaría de Banfield concurrían Beto Cozzani, la Tota y Darío Rojas, quienes le preguntaban por Papel Prensa, y que junto con (Alfredo) Abuin manejaban la vinculación entre Papel Prensa y Egasa”. Páginas antes está registrado el testimonio de Ianover: “Que si bien no puede ver por estar vendado, lo hacen sentar en una silla, haciéndole escuchar marchas peronistas. Luego de un rato le quitan la venda y lo llevan a una habitación en la cual lo espera un señor vestido de civil que lo interrogó sobre su accionar en Papel Prensa S.A., quién era el presidente, cómo habían sido nombrados, etc.” (fojas 222). “Que al día siguiente lo vuelven a vendar y a atar las manos, lo meten en un coche en el asiento trasero, conduciéndolo al lugar donde había estado el día anterior con la diferencia de que lo hacen subir por una escalera de caracol a dos pisos y lo introducen en una celda en la cual se encuentra solo por espacio de cuatro días, llegando al quinto día el general Gallino, designado preventor, quien lo interroga nuevamente respecto de Papel Prensa” (fojas 223). Estos testimonios fueron utilizados como prueba en los juicios de Von Wernich y Etchecolatz y están incorporados a la causa que hoy su sustancia en el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional número 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza. Miradas al Sur también reveló el domingo pasado que el instructor de los consejos de guerra, general Gallino, participó entre el 9 y el 15 de abril de 1977 de tres reuniones con los propietarios y responsables legales de Clarín, La Nación y La Razón y que luego de esas reuniones interrogó a los integrantes del Grupo Graiver que permanecían desaparecidos en el Pozo de Banfield.
El papel de Lidia Papaleo. “Lidia Papaleo también declaró en sede judicial que no participó de las negociaciones, que fueron llevadas a cabo por Juan e Isidoro Graiver.”
Falso. La viuda de Graiver sí participó de las “negociaciones” a las cuales fue obligada bajo amenaza de muerte. Como ya se señaló, luego de la muerte de David Graiver, Lidia Papaleo, en su carácter de esposa, tenía derecho al 50% de las acciones de las cuales su marido era titular y, además, era custodia de su hija, que tenía derecho a otro 25% de la sucesión. Juan Graiver y su esposa, como padres de David, tenían derecho a otro 25%. Por eso firmaron los documentos que les pusieron adelante. Por el contrario, Isidoro no tenía derechos sucesorios y apenas era propietario de algunas acciones residuales. Desde 1975 había quedado legalmente afuera de las decisiones del Grupo, por decisión de David, quien le compró su participación por 2 millones de dólares. Mal puede entonces haber llevado adelante negociaciones sobre acciones que no le pertenecían.
Torturas y presiones. “El paquete accionario de Papel Prensa no le fue arrancado a la viuda de Graiver bajo torturas, como sostienen en forma falsa, a coro con el Gobierno de Cristina Fernández, sus funcionarios, voceros y escribientes, y a tono con su hermano Osvaldo Papaleo y con el hoy canciller Héctor Timerman, en aquellos años director del diario pro golpista La Tarde”.
Se trata de una tergiversación. Al presentar el informe Papel Prensa-La Verdad, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que los Graiver habían sido amenazados y presionados, que se encontraban en una suerte de “libertad ambulatoria” o “libertad condicional” al momento de ceder sus acciones. En ningún momento afirmó que Lidia Papaleo o Ianover firmaron las transferencias bajo tortura. En el mismo sentido, Clarín y La Nación titularon el jueves pasado –un día después de que la viuda de Graiver declarara ante la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata– que había firmado la venta de Papel Prensa cuando estaba en libertad. Omitieron decir que, ante los fiscales, Lidia Papaleo ratificó que había sido presionada y amenazada para que firmara el boleto de venta.
Operación inconclusa. “Cuando los miembros de la familia y del Grupo Graiver fueron secuestrados algunos y detenidos en forma ilegal otros, en marzo y abril de 1977, la operación de venta de Papel Prensa estaba concluida.”
Falso. Cuando Lidia Papaleo fue secuestrada, el 14 de marzo de 1977, el juez de menores que debía velar por los intereses de la hija de Graiver, María Sol, no había dado conformidad al contrato. Sin autorización del juez, ese 25% de acciones de clase “A” correspondiente a la hija de Graiver no podía ser transferido por más que la madre firmara. Eso significaría que al menos un cuarto de las acciones clase “A” fueron despojadas. Es llamativo que Clarín publique esta semana –33 años después de los hechos– que María Sol no tiene nada que reclamar, dado que se trata de un delito cometido cuando ella tenía dos años, cuya resolución no depende de su voluntad actual. Además de otras irregularidades, el mencionado boleto de venta tenía una imposición (y si hay imposición, no hay contrato, porque éste sólo puede ser firmado por personas que están en igualdad de condiciones) que lo hacía más sospechoso aún: si el juez a cargo de la sucesión no aprobaba la operación, “el escribano retendrá dichos fondos (los depositados por Fapel en la supuesta compra) en su poder hasta que la aprobación tenga lugar”. Esto es: la operación debía realizarse de cualquier manera, no había vuelta atrás.
De qué jugó Gallino. “No hubo ningún tipo de reunión entre compradores y vendedores de Papel Prensa en los meses de secuestro de los Graiver.”
Cierto: ninguno de los representantes de los diarios iba a visitar Puesto Vasco o el Pozo de Banfield. Para eso lo tenían al preventor de los consejos de guerra, general Gallino, quien como ya se señaló se reunía con ellos y después interrogaba a los Graiver, sus socios y sus empleados en el centro clandestino de detención.
Contradicciones de Isidoro. “En abierta desmentida de las falacias que sostiene el kirchnerismo, Isidoro Graiver afirma: ‘Es importante resaltar que tanto durante la negociación, como durante la materialización de la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., el suscripto, los accionistas y los demás negociadores de la venta de acciones de Papel Prensa S.A. no fuimos privados de la libertad, ni amenazados en forma alguna’.”
Falso. El propio Isidoro Graiver desmiente sus dichos en la entrevista realizada en junio pasado y publicada esta semana por Tiempo Argentino. “La presión era permanentemente. Los aprietes eran permanentes”, les dijo a los periodistas Cintia Ottaviano y Juan Alonso. “A todas luces era un afano, lisa y llanamente, un afano. El precio tuvo claramente poca vinculación con el valor real.” Isidoro se fue a Londres un día después de la solicitada. A confesión de parte, relevo de pruebas.
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