Como es de público conocimiento, la Presidenta de la Nación envió al Congreso el proyecto de modificación del Código Nacional Electoral con el objetivo de adelantar las elecciones para el 28 de junio próximo.
Si bien tal decisión estuvo impulsada por diferentes motivos de especulación política, es necesario entender que, por un lado, existe a nivel nacional un escenario económico que ya está sufriendo los primeros embates de la crisis internacional, y que, por otro lado, la inercia de la actividad económica de los últimos años comenzó un sendero de agotamiento que se estima tendrá fin precisamente hacia mediados de este año.
Nuestro país evidenció entre 2003 y 2008 un crecimiento económico a una tasa promedio de 8,5% anual. Los pilares de dicho modelo de crecimiento (a tasas altas y sostenidas) fueron el tipo de cambio competitivo y estable, los superávit gemelos (superávit fiscal y comercial) y las tasas de interés negativas.
Además del rol preponderante que cumplieron los factores externos, donde debe decirse que el PBI mundial mostró un crecimiento importante en prácticamente todas las regiones (hasta en países como Haití, que creció un 3,5%) y donde los precios de los commodities que nuestro país exporta alcanzaron picos históricos.
Sin embargo, lamentablemente, ninguna de las condiciones expuestas anteriormente se encontrarán presentes en el 2009. En principio, es relevante mencionar que para mantener este modelo resulta crucial el ingreso de divisas a través del comercio exterior.
En momentos de creciente incertidumbre interna, las divisas implicarían un alivio para el convulsionado mercado cambiario local (1). A su vez, aportarían mayor liquidez doméstica a través del aumento de reservas del BCRA y, lógicamente, permitirían una recomposición de los recursos económicos del Gobierno Nacional vía retenciones.
Sin embargo, el panorama para el sector externo de Argentina no es alentador. La menor demanda externa por la crisis mundial y el elevado proteccionismo de las políticas comerciales de los países desarrollados, sumado a los menores números que arrojarán las campañas de cosecha de este año (como consecuencia de la sequía y de la mayor incertidumbre del productor local), permiten estimar una caída de hasta 40% en el valor de nuestras exportaciones agrícolas.
Ante tal contexto adverso, se puede afirmar que la primera respuesta del gobierno fueron los planes de estímulo al consumo, a través de acuerdos de precios y líneas de crédito a tasas subsidiadas, en sectores como los electrodomésticos y automóviles.
Pero luego de tomar conciencia que se necesitaban medidas de fondo – dado que el enfermo no se iba a curar con aspirinas – la principal herramienta de política económica que decidió utilizar el gobierno es el tipo de cambio.
Como mencionamos al principio, uno de los pilares del modelo es un tipo de cambio competitivo. En tal sentido, el gobierno prácticamente no deja pasar ninguna oportunidad para autoproclamarse como único actor responsable de la performance económica de los últimos años.
Por tal motivo, la Presidenta llamó a “profundizar el modelo”, impulsando implícitamente una devaluación lenta y administrada, con el fin de evitar una brusca fuga de capitales.
Ahora bien, ¿cuál sería el nivel óptimo al que debería llegar el tipo de cambio para profundizar el modelo competitivo?
Partamos de la base que los socios comerciales más importantes de Argentina devaluaron su moneda a un ritmo más rápido que nuestro país. Desde septiembre último, Brasil devaluó un 34%, Chile un 16% y México un 44%, mientras que nuestro país lo hizo en un 17%.
Con lo cual, si ponderamos estas devaluaciones por el peso relativo de cada país en el intercambio comercial total de la Argentina (2) , concluiremos que se necesitaría una devaluación nominal del 8% adicional, alcanzando los $3,95 por dólar. Sin embargo, si incluimos en el cálculo la inflación de cada país, se necesitaría por lo menos un dólar a $4 para retomar los niveles de competitividad previos a septiembre.
Además, otro punto importante que fundamenta los incentivos de devaluación es el efecto sobre la recaudación de Derechos de Exportación (Retenciones al Agro), ya que se estima que por cada 10 centavos de devaluación nominal ingresaría al Estado $800 millones adicionales por año, en tal concepto.
Este no es un dato menor si se tienen en cuenta los signos de debilitamiento que muestra la recaudación. En el cuadro adjunto se puede observar un aumento interanual de la recaudación del 16% en Febrero último, lo cual representa una caída en términos reales si se tiene en cuenta que la inflación anual medida por entidades privadas ronda el 18% en promedio.
Es importante destacar que si no se tuvieran en cuenta los ingresos provenientes de los ex afiliados a las AFJPS (que alcanzaron aproximadamente los $1.100 millones), el incremento en la recaudación hubiera alcanzado solamente el 10,5% anual en Febrero.
Esto explica claramente el alivio parcial a las arcas del Estado Nacional que implicó la estatización de los fondos privados y la intencionalidad que sustentó dicha medida.
Actualmente, las economías desarrolladas del mundo están adoptando políticas fiscales y monetarias expansivas con el fin de dar batalla a la crisis.
Similar camino debería elegir nuestro país. Sin embargo, la fuerte dependencia fiscal hacia tributos sensibles ante la actividad económica (como el IVA y Ganancias) y tributos sujetos a las demandas externas (como las Retenciones), generan problemas para impulsar un robusto plan expansivo que evite un proceso recesivo a través del estímulo a la demanda agregada.
Por tal motivo, todas las miradas están enfocadas en la devaluación cambiaria, la cual en sí misma genera importantes distorsiones (si se parte de un tipo de cambio en un nivel alto como el nuestro), como ser, una mayor inflación al elevar los costos de productos transables, así como también los de inmuebles y bienes durables.
Sin dudas, el país pagará caro la ausencia de políticas que hayan incentivado la inversión de capital en épocas de prosperidad, por la falta de políticas de fondo para reducir la inflación cuando correspondía (durante años fue erosionando la competitividad externa que brindaba el tipo de cambio alto) y por la inexistencia de un fondo anticíclico que permitiera reactivar la actividad y reducir la incertidumbre de los sectores productivos en épocas de crisis como la que hoy debemos atravesar.
Como se puede observar a partir de lo expuesto anteriormente, el clima de negocios en el país ya comenzó a sufrir los coletazos de la crisis mundial.
En el interior del país, la crisis impactó de lleno por mantener sujeta -en mayor medida – su economía a la variación de los precios de los commodities, y además porque el conflicto con el campo conlleva un año de menor actividad productiva.
En los principales centros urbanos, en cambio, aún existe cierta inercia de los años de crecimiento previos, aunque como toda inercia, tarde o temprano termina si no existe un empuje genuino.
De ser así, los números de suba de desempleo y baja de ingresos no tardarán en llegar, y el impacto social cobrará relevancia. El Gobierno Nacional es consciente de esta realidad, por ello a través del adelantamiento de las elecciones buscará congelar la foto del devenir socioeconómico lo antes posible.
Nuevamente, el Congreso tendrá la última palabra.
*Se agradece la colaboración del Lic. Ignacio Capparelli
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NOTAS
1 Las compras mensuales de dólares aumentaron de U$S 165 millones hasta mediados de 2007 a U$S 1.900 millones durante 2008. De esta forma, la dolarización de las carteras de las empresas e individuos expresó la incertidumbre creciente respecto al escenario económico futuro tras el conflicto entre el gobierno y el campo, la profundización de la crisis internacional y la estatización de los fondos de las AFJPs.
2 Las participaciones en el comercio internacional argentino de los 3 países mencionados, asumidas a partir de los últimos datos oficiales, es la siguiente: Brasil, 33%; Chile, 4.9%; México, 5.5%.
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