Los hospitales públicos practicarán el aborto cuando una mujer que aduzca haber sido violada lo solicite, hasta seis meses después del episodio. No se exigirá la denuncia, al recibir a la víctima deberán “creer en su palabra, sin culpabilizar, revictimizar ni tratar de influenciar en sus decisiones”.
“El Protocolo está diseñado para la atención de personas víctimas de violaciones en cualquier etapa de sus vidas y hasta seis meses después del episodio”. Superado ese plazo “deben evaluarse las demandas y dar las respuestas pertinentes, con recursos intra o extra hospitalarios”.
La denuncia no es obligatoria ni es un requisito para practicar el aborto. “A partir de los 18 años la decisión de instar la acción penal tiene que partir de la víctima”. Los funcionarios y profesionales que toman contacto con un caso de violación de una persona mayor de edad, sólo podrán efectuar la denuncia cuando además de violación haya riesgo de vida o lesiones graves. “En los demás casos, no están obligados a realizar la denuncia. Es más, no corresponde que lo hagan”.
En el caso de los menores, los profesionales de la salud deberán efectuar la denuncia cuando se trate de un menor en riesgo o sospechen que los familiares pueden estar involucrados en la violación.
Si un menor ha sido abusado por personas encargadas de su cuidado, o algún familiar, tiene que denunciar los hechos cualquier persona que tome conocimiento.
Si bien el Protocolo fue dado a conocer esta semana, después de que Cristina Kirchner asumió su segundo período de gobierno, está fechado en agosto de 2011. Sus lineamientos fueron dictados por un Comité conformado por: Dra Eugenia Trumper (Asociación Médica Argentina de Anticoncepción- Consejo Asesor PNSSyPR); Dra Diana Galimberti (Coordinadora del Programa de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual de la CABA- Consejo Asesor PNSSyPR); Dra Silvia Oizerovich (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil- Coordinadora del Programa de SSyPR de CABA- Consejo Asesor PNSSyPR); Dra Myriam Salvo (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil); Lic. Eva Giberti y equipo técnico (Víctimas contra las Violencias). La actualización y redacción estuvo a cargo de Silvia Chejter, la socióloga feminista que coordina el CECYM (Centro de Encuentros Cultura y Mujer).
En nuestro último boletín informamos que la reunión de la comisión de Legislación Penal, realizada en el día de ayer para tratar aborto fracasó, ya que no hubo despacho de comisión.
Recibimos muchas consultas al respecto porque al cierre de la reunión, en un operativo mediático, las diputadas Victoria Donda (FAP) y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) anunciaron que había dictamen de mayoría y muchos medios se hicieron eco de esas expresiones.
Publicamos a continuación el texto completo de la nota que enviara hoy la diputada Patricia Bullrich al presidente de la Cámara:
… en mi carácter de Diputada Nacional, miembro de la Comisión de Legislación Penal de esta Cámara, respetuosamente me presento y digo:
Que vengo por el presente a impugnar el pseudo dictamen emitido en el día de ayer, 1 de Noviembre de 2011, por la Comisión de Legislación Penal de esta Cámara, ya que el mismo fue signado sólo por 5 de los miembros de la comisión presentes, cuando había una cantidad de 15 diputados miembros de la comisión en la reunión que se estaba llevando a cabo para tratar el tema del aborto, razón por la cual no se contaba con las mayorías necesarias, de la mitad más uno, para emisión de un dictamen de conformidad con los dispuesto en el Art. 108 segundo párrafo del Reglamento de la Cámara.
En efecto, de los 31 miembros con que cuenta esta Comisión, para formar quórum se necesitaban 16 presentes en la reunión, pasada la media hora, se comenzó a sesionar con 1/3 de los miembros presentes, es decir con la presencia de 11 diputados, con el avance de la reunión, se hicieron presentes otros 4 miembros, con lo que se llegó al número de 15 miembros de la comisión presentes en la sala, razón por la cual para emitir un dictamen que respetara las mayorías dispuestas en el art. 108, se necesitaban 8 firmas, con lo que queda claro que le faltaron 3 firmas al mismo para ser considerado siquiera un dictamen en minoría. Es por ello que vengo formalmente a impugnar el dictamen en cuestión. ___
El Director de la Oficina para América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, solicitó a los ciudadanos escribir y llamar a los legisladores en Argentina para no aprobar los proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto en el país, incluso hasta el noveno mes de embarazo, y que serán debatidos el martes 1 de noviembre.
La Comisión de Legislación Penal del Congreso de Argentina someterá a votación 7 proyectos de ley que despenalizarían el aborto. Los promotores del aborto arguyen que buscan esta práctica para las primeras 12 semanas del embarazo.
Sin embargo, uno de los 7 proyectos que será debatido mañana elimina todos los artículos que penalizan el aborto, con lo cual esta práctica anti-vida podría realizarse durante todo el periodo gestacional, incluso hasta el noveno mes.
Ese proyecto (PL 0998-D-2010) señala en su primer artículo que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su gestación (aborto) durante las primeras doce semanas del proceso gestacional” y sin embargo revoca los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal Argentino.
Es decir, señala el PRI: “eliminarían todas las penas para cualquier tipo de aborto voluntario“.
Polo recuerda luego que “no es la primera vez que intentan este fraude“. En el año 2005 el presidente Lula, de Brasil, bajo la orientación de empleados de las agencias de la ONU, presentó a la Cámara de los Diputados un proyecto similar con la misma estructura.
Al principio afirmaba que toda mujer tenía derecho de practicar el aborto durante los tres primeros meses del embarazo pero los últimos artículos del proyecto revocaban los artículos del Código Penal que lo sancionaban.
En esa ocasión, explica Polo, “el fraude fue tan bien trabajado que hasta los diputados brasileños que estaban en contra del aborto no entendieron el verdadero alcance del proyecto. Felizmente advirtieron la artera intención 10 minutos antes de la primera votación en el Congreso y rechazaron tajantemente el proyecto“.
Carlos Polo dijo además que “es vergonzoso que un parlamentario se haya prestado a un fraude que ni siquiera es original“.
“Es innegable que este proyecto no fue concebido por la mente de un brasilero en el 2005 como ahora tampoco por un argentino sino que ha sido digitado desde organizaciones internacionales que desean cambiar la legislación en toda la región“, añadió.
Finalmente dijo que “debemos alertar a los parlamentarios honestos de la Comisión Penal para que denuncien el hecho y no permitan esta estafa. Seguramente los ciudadanos argentinos harán prevalecer su derecho a que los diputados legislen basándose en la realidad nacional y no en intereses extranjeros“.
A continuación la relación de correos y teléfonos de los diputados de la Comisión de Legislación Penal. Para llamar marque el número 00 54 11 6310 7100 y luego la extensión indicada. El mismo número de teléfono de voz sirve como fax. Para enviar uno, debe marcar la extensión y pedir la señal correspondiente.
Presidente, Juan Carlos Vega jvega@diputados.gov.ar, extensión 3115
1º Vicepresidente, Cristián Rodolfo Oliva coliva@diputados.gov.ar, extensión 2923
2º Vicepresidente Liliana Beatriz Parada lparada@diputados.gov.ar, extensión 3332
María Alejandra Veaute mveaute@diputados.gov.ar, extensión 2714
Oscar Edmundo Nicolás Albrieu oalbrieu@diputados.gov.ar, extensión 3310
Blanca Blanco de Peralta bblanco@diputados.gov.ar, extensión 3374
María Julia Acosta macosta@diputados.gov.ar, extensión 3314
Oscar Raúl Aguad oaguad@diputados.gov.ar, extensión 3614
Horacio Alberto Alcuaz halcuaz@diputados.gov.ar, extensión 2750
Ricardo Luis Alfonsín ralfonsin@diputados.gov.ar, extensión 3305
Esla María Álvarez ealvarez@diputados.gov.ar, extensión 2746
Raúl Enrique Barrandeguy rbarrandeguy@diputados.gov.ar, extensión 3133
Ivana María Bianchi ibianchi@diputados.gov.ar, extensión 2941
Patricia Bullrich pbullrich@diputados.gov.ar, extensión 2734
Diana Beatriz Conti dconti@diputados.gov.ar, extensión 2927
Omar Bruno de Marchi odemarchi@diputados.gov.ar, extensión 2954
Victoria Analia Donda Pérez vdondap@diputados.gov.ar, extensión 2732
Juan Carlos Forconi jforconi@diputados.gov.ar, extensión 2959
Natalia Gambaro ngambaro@diputados.gov.ar, extensión 3119
Graziela María Giannettasio ggiannettasio@diputados.gov.ar, extensión 2931
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra rgill@diputados.gov.ar, extensión 3663
Claudia Fernanda Gil Lozano cgill@diputados.gov.ar; extensión 2726
Rubén Orfel Lanceta rlanceta@diputados.gov.ar, extensión 2936
Ernesto Félix Martínez emartinezc@diputados.gov.ar, extensión 2962
Héctor Pedro Recalde hrecalde@diputados.gov.ar, extensión 3146
Jorge Rivas jrivas@diputados.gov.ar, extensión 3121
Héctor Daniel Tomas htomas@diputados.gov.ar, extensión 3120
Jorge Raúl Yomajyoma@diputados.gov.ar extensión 3311
cdonkin@diputados.gov.ar, gdutto@diputados.gov.ar, y ckunkel@diputados.gov.ar
Según anunció la Comisión de Legislación Penal de la cámara baja, el 13 de julio a las 11:00 hs “se abocará a analizar la temática del aborto. Concurrirá especialmente invitada la Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía”.
Mejía es una abogada venezolana que siempre ha bregado por la legalización del aborto. Por tal motivo la Red Federal de Familias de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido un comunicado en el que repudia enérgicamente la presencia de Luz Mejía.
Asegura la entidad que la participación de Mejía -además de significar un avance abusivo sobre la soberanía nacional- es una gravísima violación al Pacto de San José de Costa Rica, tratado que dio origen a la CIDH que Mejía integra.
A continuación el texto completo del comunicado:
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, abocada a estudiar el proyecto de ley de legalización del aborto, invitó a exponer a la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía. Creemos que su presencia, además de una indebida injerencia en asuntos que hacen a la soberanía nacional, significa una lisa y llana violación del Pacto de San José de Costa Rica.
En efecto, por una parte el Pacto de San José de Costa Rica (Ley N° 23.054, en su artículo 4.1 determina que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general desde la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Y ello significa el reconocimiento de ese derecho fundamental a todas las personas por nacer desde el momento de la concepción.
No desconocemos que una tergiversación del sentido de esta cláusula ha permitido que algunos sostengan equivocadamente que la expresión “en general” podría permitir la admisión de algunos supuestos de aborto, pero ello resulta reñido con la buena fe, el sentido corriente de las palabras y el objeto y fin del tratado. Pero, en lo atinente a la República Argentina, esa falsa interpretación ha quedado definitivamente superada al momento de aprobarse y ratificarse la Convención sobre los Derechos del Niño.
En este sentido, cuadra recordar que la Ley 23.849, aprobatoria del tratado, dispuso en su artículo 2 que al ratificar el instrumento la República Argentina debía declarar que “la República Argentina declara…que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Ello fue cumplido al momento de depositarse el instrumento de ratificación, por lo que nuestro país quedó internacionalmente obligado a reconocer todos y cada uno de los derechos que la Convención consagra, a todos y cada uno los niños desde el momento de la concepción. De esta manera, a partir de ese momento “Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” (artículo 6.1), sin que quepa la más mínima posibilidad de que el principio sea atenuado o modulado por vía de interpretación, pues los términos de la norma son suficientemente categóricos. Además de ello, nuestro país quedó obligado a actuar en consonancia con la cláusula contenida en el artículo 3.1 de la misma Convención que establece “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño”. Dicho concepto se ha definido en el artículo 3° de la Ley 26.061, donde se prescribió que “A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley…” y que “…Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
Luz Patricia Mejía
Desde 1994 tanto el Pacto de San José de Costa Rica, como la Convención sobre los Derechos del Niño tienen jerarquía constitucional, en las condiciones de su vigencia, adquiriendo primacía sobre todo el universo infra constitucional de normas, entre las que se encuentra el Código Penal. Resulta evidente, entonces, que dichos instrumentos internacionales que ahora se encuentran en el vértice de nuestro ordenamiento jurídico positivo, han desplazado la hipotética validez de los supuestos que en 1921 contenía el artículo 86 del Código Penal, dispositivos estos que, siguiendo el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso citado al inicio, han venido a quedar definitivamente derogados.
Por lo tanto, no existe, ni puede existir, en nuestro ordenamiento jurídico ningún supuesto válido de “aborto no punible” y sí, en cambio, y de manera terminante, absoluta e intangible, se encuentra consagrado el derecho a la vida de toda persona desde la concepción.
Volviendo al Pacto de San José de Costa Rica, tenemos que su artículo 29 establece que:
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
Sin esfuerzo se aprecia que el Pacto prohíbe la limitación del goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pudiera estar reconocido en la propia Convención (inciso a) o en la legislación interna, o en otros instrumentos internacionales (inciso b), ni excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza (inciso d).
Siendo ello así, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como su Relatora (que también deben cumplir las obligaciones del instrumento que da razón de su existencia), se encuentran inhibidos de formular recomendaciones en orden a prohijar cualquier forma de aborto voluntario en la República Argentina, puesto que, desde el derecho internacional, tanto el Pacto, como la Convención sobre los Derechos del Niño (en las condiciones de su vigencia) reconocen la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción. Y lo mismo puede predicarse del derecho constitucional, desde que ambos instrumentos han sido elevados a esa jerarquía.
Resulta, pues, de toda evidencia, que una injerencia de la Relatora en esta materia significaría de su parte una directa e inaceptable violación del propio instrumento que dio nacimiento a la Comisión y que debe ser la regla y medida de sus acciones.
Por los motivos expuestos, la Red Federal de Familias de la Ciudad de Buenos Aires repudia enérgicamente la presencia de Luz Mejía en la Cámara de Diputados de la Nación y reafirma que el primer derecho humano es el Derecho a la Vida, frente al cual no caben enfoques restrictivos.
Con la Declaración emitida por su Concejo Deliberante, San Luis se convirtió en la primera capital provincial “PRO-VIDA”.
Por Mónica del Río
En la sesión del 23 de junio el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó un proyecto impulsado por particulares (expte. 49-P-2011) por el que se declara “PRO-VIDA” a esa Ciudad (art. 1º). Se deberá, además, “emitir una declaración pública conteniendo dicha adhesión” (art. 2º).
Dice la declaración en sus considerandos: “haciendo todo lo posible para aliviar la situación de angustia, que a veces puede sobrevenir de un embarazo inesperado, pensamos que el respeto a la vida comienza y se fundamenta en la educación para el amor y la responsabilidad”.
La declaración lleva la firma de Marcelina Lucero y Sonia Flores, presidente y secretaria, respectivamente, del Cuerpo
La iniciativa surgió de un grupo de ciudadanos que, encabezados por la escribana Judith Barrera, recogieron firmas en los distintos barrios de la capital puntana. Concluida esa etapa, el petitorio fue presentado ante el Concejo Deliberante que se expidió la semana pasada.
No es la primera vez que un Concejo Deliberante hace una declaración de ese tenor, desde este mismo boletín hemos comentado la de Senillosa (Neuquén) que sirvió de ejemplo y despertó inquietudes similares en otros municipios -recientemente lo hizo el Concejo Deliberante de San Miguel en la provincia de Buenos Aires-. San Luis se ha convertido ahora en la primera capital provincial que “blinda” el derecho a la vida.
Felicitamos a los puntanos y hacemos votos para que estas iniciativas se multipliquen a lo largo y a lo ancho del país.
BUENOS AIRES, 26 Jun. 11 / 09:08 pm (ACI/EWTN Noticias)
El Presidente de la Comisión Nacional de Lucha contra la Drogadependencia, Mons. Jorge Lozano, pidió a la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y a los políticos del país, que se manifiesten claramente en contra del consumo de las drogas.
En el marco de la celebración, hoy 26 de junio, de la Jornada Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, el Prelado publicó en el diario La Nación un mensaje titulado “La vulnerabilidad del adicto“, en el que expresó su preocupación porque los dirigentes políticos no suelen tener posturas rotundas y firmes sobre el tema.
“¡Qué bueno sería que la señora Presidenta de la Nación dijera con claridad que drogarse hace mal! ¡Que los narcotraficantes comercian con la vida de los jóvenes, la felicidad de sus familias, la seguridad de todos! ¡Qué necesario es escuchar estos mensajes de los candidatos a diversos cargos en las próximas elecciones!“, exclamó.
Más adelante señaló que “los dineros manchados con sangre joven compran voluntades políticas, armamento, silencios, pases de libre circulación. Mucho lobo con piel de cordero“, aseveró.
Mons. Lozano criticó también la “tolerancia social” al consumo de ciertos estupefacientes y cuestionó los mensajes “ambiguos” y postulados “mentirosos” de funcionarios y otros referentes sociales que promueven el uso de la marihuana.
El Prelado consideró que el incremento del consumo de las drogas se debe en gran parte porque “ha habido también un importante espacio perdido –de soberanía, de seguridad ciudadana– por culpa de la corrupción y su melliza, la impunidad; una poderosa combinación“.
El Obispo manifestó que las consecuencias del consumo de drogas están a la vista los fines de semana con accidentes de tránsito y peleas.
“Otras secuelas son la baja en el rendimiento escolar y el consiguiente abandono, la degradación paulatina de la salud, la imposibilidad de mantener afectos estables y duraderos, la desintegración de la familia“.
“Muchos de los jóvenes que se drogan viven sin un sueño, sin una razón para vivir, sin un motivo para levantarse por las mañanas. Podemos decir, sin un sentido de vida“, enfatizó.
Con el voto de los Dres. María Eugenia Sierra de Desimoni y Carlos Alfredo Benítez Meabe y la disidencia del Dr. Carlos A. Rodríguez, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes revocó una sentencia de primera instancia que condenaba a la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación a cubrir, a una afiliada y su cónyuge, la totalidad de gastos, costos y demás erogaciones que requiriera un tratamiento de fertilización asistida (FIV) por técnica ICSI con posibilidad de ovodonación, a realizarse en un centro de la Ciudad de Buenos Aires.
En sus ilustrados fundamentos, la sentencia de Cámara analizó vastos sectores del ordenamiento jurídico argentino y reafirmó de modo categórico que:
“el deber de protección a la vida como bien constitucional, impide que el Estado asuma políticas abortivas, fomente la manipulación genética, imponga controles de natalidad, etc.”
“ni la clonación, ni la destrucción de embriones, ni la interrupción del embarazo admiten ubicarse entre las conductas autorreferentes, aunque más no sea porque está de por medio la vida ajena”.
“Aceptar que después de la fecundación un nuevo ser humano ha comenzado a existir no es ya cuestión de gusto o de opinión, ni es una hipótesis metafísica, sino una evidencia experimental”.
la vigencia del “innegable derecho del concebido a su gestación continua e integral en el seno de su madre”.
“la jerarquía moral de la persona –desde su concepción- es merecedora por parte del Derecho de tutela real efectiva que la custodia, además y principalmente su dignidad”.
“Sentado el principio del derecho a la vida desde la concepción, cabe destacar que resulta indudable
que el tratamiento de fertilización asistida afecta el derecho de los embriones concebidos. En efecto, en toda técnica extracorpórea la fecundación se realiza fuera del cuerpo materno, los embriones así concebidos corren desproporcionados e innecesarios riesgos en su vida y salud ”, pues “está demostrado que las técnicas extracorpóreas poseen una alta tasa de mortalidad de embriones. Según estadísticas europeas, para un nacido vivo es necesario concebir al menos 9,6 embriones”.
que los procedimientos de fertilización asistida “no resultan proporcionados a la dignidad de la persona y la transmisión de la vida humana, pues imponen una lógica biotecnocientífica y despersonalizadora en la procreación humana y se apartan de principios fundamentales como la donación de las personas en la unión sexual conyugal”
y que: “la jurisdicción no puede ordenar que se cubran tratamientos que afectan el derecho a la vida de las personas por nacer, o lo ponen en riesgo; no puede disponer una práctica médica que quebranta normas de orden público relativas a la filiación; los tribunales no pueden cooperar con hechos que, objetivamente, podrían constituir la comisión del delito de suposición de estado civil…”
En síntesis, un fallo que, afianzando la Justicia, honra a la magistratura correntina y constituye un ejemplo a seguir.
El 8 de abril de 2011 apareció una solicitada en Clarín, Página 12, Revista Barcelona, La Arena y El Diario de La Pampa, y Nuevo Diario de Salta bajo el título: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Instando a que el Congreso Nacional debata y sancione el proyecto “ley de interrupción voluntaria del embarazo”. Este proyecto lleva la firma de 50 diputados de distintos partidos políticos. Pretende legalizar el aborto (“interrupción voluntaria del embarazo”) hasta la semana 12 de gestación.
Ofrecemos abajo el listado de estos 50 diputados clasificados por partidos.
La solicitada en cuestión fue firmada por unas 400 personas. Hemos estudiado detalladamente el listado y enumeramos abajo los legisladores provinciales y nacionales que apoyan este proyecto, así como los bloques partidarios y partidos políticos que adhieren plenamente.
Simplemente queremos decir: NO LOS VOTES.
1) LEGISLADORES, PARTIDOS Y BLOQUES QUE ADHIEREN AL PROYECTO DE ABORTO:
Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
Ana Maria Suppa (legisladora CABA MC); Diana Maffia (Legisladora CABA); Gabriela Alegre (Legisladora de CABA – Comision de DD HH); Laura Garcia Tuñón (Legisladora CABA); Maria Elena Naddeo (Ex -Legisladora de CABA); Maria José Lubertino (Legisladora CABA); Vilma Ripoll (Legisladora CABA MC); Virginia Méndez (Legisladora CABA -Comisión de DD HH); Tito Nenna (Legislador CABA); Anibal Ibarra (Legislador CABA); Marcelo Parrilli (Legislador CABA);
Senadoras provinciales y nacionales:
+Elena Corregido (Senadora por la Prov. del Chaco);
Maria Rosa Diaz (Senadora Nacional por Tierra del Fuego);
Marita Perceval (Senadora Nacional – MC, Sub Secretaria Promoción en DD HH de Nación);
Diputados Provinciales: Alicia Gutiérrez (Diputada Provincial Santa Fe);
Claudia Prince (Diputada Provincial – FPV Pcia de Bs As);
Lucrecia Aranda (Diputada Provincial. Santa FE);
Adrian Peppino (Diputado Provincial PS La Pampa);
Diputadas Nacionales: Maria Elena Barbagelata (Diputada Nacional MC);
Silvia Augsburger (Diputada Nacional MC);
Bloques partidarios:
Bloque de Izquierda Unida Legislatura de Córdoba;
Bloque GEN (Diputados Nacionales);
Bloque Libres del Sur (Diputados Nacionales);
Bloque Nuevo Encuentro (Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación);
Buenos Aires Para Todos (Diputados Nacionales y Legisladores CABA);
Partidos políticos que adhieren plenamente:
Partido del Trabajo y del Pueblo; PCR (Partido Comunista Revolucionario);
Partido Comunista de la Argentina;
Partido Humanista Pcia. Bs.As.;
Partido Humanista Pcia. Cba;
Partido Socialista;
Partido Socialista de Santa Fe;
Partido Solidaridad e Igualdad (SI ) de Prov. de Santa Fe;
Partido de la Liberación PL
2) DIPUTADOS FIRMANTES DEL PROYECTO DE LEY DE ABORTO (“interrupción voluntaria del embarazo”):
Coalición Cívica: Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano, María F. Reyes, Carlos Comi y Carmen Nebreda;
Frente para la Victoria: Juliana Di Tullio, Adela Segarra, Adriana Puiggrós, Héctor Recalde, Remo Carlotto, María E. Chieno, Hugo Perié, Diana Conti, Alejandro Rossi y Gloria Bidegain,
UCR: María L. Storani, Silvia Storni, Silvana Giudici, Néstor Castañón, Federico Kenny y Juan P. Tunessi
Nuevo Encuentro Popular y Solidario: Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Vilma Ibarra, Carlos Heller y Ariel Basteiro
PRO: Laura Alonso
Peronismo Federal: Adriana García y Lorena Rossi
Generación para un Encuentro Nacional (GEN): Margarita Stolbizer, Fabián Peralta, Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Virginia Linares.
Partido Socialista: Roy Cortina, Miguel Barrios, Lisandro Viale, Mónica Fein, Alicia Ciciliani y Ricardo Cuccovillo
Libres del Sur: Cecilia Merchán y Victoria Donda Pérez.
Movimiento Proyecto Sur: Claudio Lozano y Liliana Parada.
Partido de la Concertación: Silvia Vázquez y Héctor Álvaro.
Si por la Unidad Popular: Verónica Benas y Graciela Iturraspe.
Esta noticia de Argentina será copiada por la masonería en otros países. Pasó desapercibida pero tiene alto impacto en el futuro de la educación católica:
En la Ciudad de Buenos Aires / Nuevas directivas para todos los niveles.
Los colegios deberán justificar por qué no aceptan alumnos
Rige desde ayer una norma para escuelas privadas; sancionarán a las que no cumplan
Las escuelas privadas deberán explicar bajo qué ley o reglamento interno rechazan la inscripción (o reinscripción de un alumno).
Argumento: esto evitaría una discriminación arbitraria y que los padres no se enteren de que su hijo tiene determinados problemas.
La misma noticia contradice el argumento ya que dice que siempre se informa a los padres de hijos problemáticos que necesitan tratamiento psicopedagógico u otro. No hay conflicto de interés: el colegio tiene interés en reducir problemas lo antes posible, en vez de esperar de que sea fin de año para expulsarlo.
Por otra parte nadie echa a un chico porque tiene problemas de anteojos!
Entonces ¿para qué se necesitaba esta ley?
No es casualidad que la ley no se aplica a escuelas públicas.
El motivo de fondo es denunciar y perseguir a los colegios católicos por discriminación.
Ejemplos
1. Caso real: se presentan una “matrimonio” de lesbianas en un colegio católico para inscribir a “su” hijo. Al ser rechazado, le hacen juicio al colegio por discriminación. Esto pasó en USA y Argentina (colegio salesiano San José en Rosario).
No es casualidad que esta ley comience en Argentina, tristemente célebre por ser el primer país latino en legalizar el mal llamado matrimonio homosexual.
2. Caso posible: en muchos colegios católicos no aceptan hijos de divorciados en nueva unión. No se malinterprete: se aceptan hijos de divorciados separados, pero no quienes viven en adulterio (pecado mortal). Si ya ingresó el niño, aunque se separen sus padres y vivan ilícitamente no se lo expulsa. El tema es el ingreso.
¿Qué culpa tiene el chico de lo que hagan sus padres?
La razón esgrimida: es extremadamente difícil para un chico aceptar la Palabra de Dios contraria que le explica que si sus padres no se arrepienten antes de morir, irán al infierno eterno. Es inconcebible para un niño pensar que sus padres sean malos cuando les debe todo en la vida y a quienes ama más que a nadie.
Habiendo aspirantes con familias bien constituidas en lista de espera, es lógico priorizarlas: los recursos son escasos y deben fructificar. Si se aceptar a los hijos de adúlteros, se estaría discriminando a quienes hacen las cosas bien.
Cómo eludir la ley sin mentir
Dado que la ley permite utilizar un reglamento interno, el truco es redactar uno totalmente legal que permita evitar los casos de arriba sin mencionarlos explícitamente, sin tener que caer en la decisión de un juez arbitrario que puede dictaminar en contra, a pesar de la evidencia científica de que los hijos de familias no tradicionales terminan teniendo infinidad de problemas.
1.Sistema de los clubes privados: los socios pueden deslizar una bolilla negra que bloquea el ingreso de un socio que no pertenece realmente a la idiosincrasia del grupo. De esta forma no hay que dar explicaciones.
2.Recomendaciones: no puede ingresar quien no esté recomendado por un tercero externo al colegio (por ejemplo un sacerdote o una fundación sin vinculación jurídica y económica con el colegio). Quien recomienda no puede ser acusado de discriminación porque no tiene relación directa con el hecho “discriminatorio”.
3.Certificación independiente: la organización certificadora puede comprobar si las personas cumplen con los criterios. La certificación la pagarían los padres y no le costaría nada al colegio. Son los mismos padres los que presentan el certificado, con lo cual no hay relación directa entre la certificadora y el colegio. La certificación también reduce el riesgo de engaños (falsificación de documentación). Si hay interés en este tipo de solución contactar a moralnet.org (arroba) gmail.com
Tal vez la masonería encuentre alguna excusa para impedir estos mecanismos, sin embargo, a ellos les interesa también discriminar el ingreso de personas religiosas a sus organizaciones satánicas.
Como dicen las abuelas, “no está muerto quien pelea”.
Sólo la oración logrará salvar al mundo. No hay oración más potente que la Misa ¡aprovéchala!
ARGENTINOS: favor de no votar a quienes estuvieron detrás de esta ley. No sólo la izquierda, el radicalismo, el kirchnerismo, el justicialismo, sino también la derecha. Macri (pro) no sólo la apoyó sino que también apoyó la unión civil gay (por omitir vetarla que era su deber legal), y apoya los mal llamados “anti”conceptivos (son todos abortivos), la perversión sexual de los niños (“educación sexual”), el divorcio vincular (léase “repudio” sin penalización de la parte culpable de la ruptura), etc. Por ahora, sólo Breide Obeid (Partido Popular para la Reconstrucción, PPR) está certificado 100% a favor de la vida (pero no todo el partido, plataforma e integrantes). Si algún otro quiere completar el cuestionario que escriba a moralnet(arroba)gmail.com
Mencionábamos en la entrada anterior (boletín 751 de notivida) dos proyectos emblemáticos y antagónicos que están en la Cámara de Diputados, uno el de la Campaña por el Derecho al Aborto que intenta, entre otras cosas, legalizar el aborto a petición desde los 14 años y durante el primer trimestre del embarazo (998-D-2010) yotro que impulsa la Red Federal de Familias que exige garantizar los derechos humanos de las embarazadas y de los niños por nacer (8516-D-2010).
Algunas de las cosas que este último procura son: una asignación especial para la mujer víctima de una violación -desde la concepción y hasta que el hijo cumpla 18 años-; si la mujer decidiera no tomar a su cargo la crianza y educación del niño, se favorecerá su adopción y la asignación será percibida por la familia adoptante a partir del momento en el que se haga cargo del niño. En los embarazos de riesgo, nacimientos prematuros y partos anticipados; el Estado deberá brindar los medios que posibiliten proteger la vida -tanto del niño como de la madre-, haciéndose cargo de todos los costos que ello demande. La mujer embarazada que no estuviera empleada o emancipada recibirá una Asignación Universal por Hijo por Nacer equivalente a la fijada para los hijos menores de edad, durante todo el embarazo. Los hospitales públicos contarían con Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada, con atención directa las 24 horas del día, etc
A pesar de haber sido presentado en diciembre, es decir, poco antes del receso legislativo, esta iniciativa de la cultura de la vida ha cosechado ya varias adhesiones y estamos convencidos de que muchos legisladores seguirán incorporando la firma -los iremos dando a conocer-.
Basta de decirle a la mujer que tiene problemas para llevar adelante su embarazo: “te ayudamos a matar a tu hijo”. Busquemos alternativas, ofrezcamos soluciones, pensemos en ambos –la madre y el hijo-.
Imponga agenda
Los que impulsan el proyecto de aborto quieren diferir el tema hasta el año próximo. Nuestros suscriptores, por el contrario, quieren que los legisladores se definan antes de las elecciones, por eso hoy los invitamos a ser protagonistas. Evalúe a sus diputados pidiéndole que incorporen la firma en el 8516/2010.
Descubra ud. mismo a los que optan por la vida, a los que optan por la muerte y a los que prefieren no comprometerse (a los que -llegada la hora de poner la firma-: “no saben o no contestan“).
Los que ya firmaron
Para saber quienes piden -por ahora- DDHH para madre e hijo, ingrese en:
En todo año electoral son frecuentes las consultas de nuestros suscriptores sobre los antecedentes de aquellos legisladores que intentan renovar su banca u ocupar cargos en algún ejecutivo. Intentando dar alguna respuesta cotejaremos una iniciativa de la cultura de muerte y una de la cultura de la vida. Coexisten en este momento en la cámara baja dos proyectos emblemáticos,uno intenta legalizar el abortoy el otroofrece soluciones concretas y éticamente aceptables ante embarazos inesperados y conflictivos. Mientras que la cultura de la muerte sólo imagina eliminar al niño por nacer, la cultura de la vida intenta tutelar los derechos humanos de la madre y el hijo. El primer proyecto (998/2010) fue elaborado por la Campaña por el Derecho al Aborto y el segundo (8516/2010) por la Red Federal de Familias, ambos han sido firmados por un nutrido grupo de diputados.
Aborto
El proyecto original (expte. 092-P-07) fue presentado el 28 de mayo de 2007 (Día Internacional de Acción por la salud de la mujer) por la “Campaña por el derecho al aborto” y replicado al año siguiente por varios diputados (2700-D-08). Como expte. 998-D-2010 se volvió a presentar en marzo de 2010 y a las 15 firmas iniciales se incorporaron, en el transcurso del año, 24 cofirmantes y 11 adherentes. Está actualmente en estudio en la Comisión de Legislación Penal que preside Juan Carlos Vega (CC, Cba.).
Considera al aborto un derecho del que gozaría cualquier gestante mayor de 14 años durante el primer trimestre del embarazo. En cualquier momento del embarazo, además, el aborto sería legal cuando: 1.- el embarazo provenga de una violación, 2.- estuviera en riesgo la salud o la vida de la madre y 3.- existieran malformaciones fetales graves. Los abortos se practicarían gratuitamente en el sistema público de salud y los sistemas privados los incorporarían a sus coberturas. Habría un registro público de profesionales objetores de conciencia pero la autoridad responsable del servicio de salud tendría que garantizar siempre la práctica.
En este momento el proyecto reúne las siguientes firmas:
Socialistas (6): Ricardo Cuccovillo (BsAs); Roy Cortina (Cap.Fed.); Lisandro Viale (Entre Ríos); Miguel Ángel Barrios (Sta.Fe); Alicia Ciciliani (Sta.Fe) y Mónica Fein (Sta.Fe). Total del bloque: 6 diputados.Firmó el 100% del bloque.
Nuevo Encuentro (5): Sergio Basteiro (BsAs); Jorge Rivas (BsAs); Martín Sabbatella (BsAs); Carlos Heller (Cap.Fed.) y Vilma Ibarra (Cap.Fed.). Total del bloque: 5 diputados. Firmó el 100% del bloque.
Libres del Sur (2): Victoria Donda (BsAs) y Cecilia “Checha” Merchán (Córdoba). Total del bloque: 2 diputados. Firmó el 100% del bloque.
GEN(5): Margarita Stolbizer (BsAs); Horacio Alcuaz (BsAs); Gerardo Milman (BsAs), Ma. Virginia Linares (BsAs) y Fabián Peralta (Sta. Fe). Total del bloque: 5 diputados. Firmó el 100% del bloque.
De la Concertación – FORJA (1): Silvia Vázquez (BsAs). Total del bloque: 1 diputado. Firmó el 100% del bloque
Frente de Todos (1): Ma. Josefa Areta (Corrientes). Total del bloque: 1 diputado. Firmó el 100% del bloque
Social Patagónico (1): Nélida Belous (T. del Fuego). Total del bloque: 1 diputado. Firmó el 100% del bloque
SI Por la Unidad Popular (2): Verónica Benas (Sta.Fe) y Nora Iturraspe (BsAs). Total del bloque: 3 diputados. Firmó el 67% del bloque.
De la Concertación (1): Héctor Alvaro (Mza.). Total del bloque: 2 diputados. Firmó el 50% del bloque.
Proyecto Sur (2): los porteños Claudio Lozano y Liliana Parada. Total del bloque: 5 diputados. Firmó El 40% del bloque.
Coalición Cívica (4): Marcela Rodríguez (BsAs); Claudia Gil Lozano (Cap.Fed.); Carlos Comi (Sta.Fe) y Ma. Fernanda Reyes (Cap.Fed.). Total del bloque: 19 diputados. Firmó el 21 % del bloque.
Radicales (6): Ma. Luisa Storani (BsAs); Silvana Giudici (Cap.Fed.); Silvia Storni (Cba.); Eduardo Kenny (La Pampa); Juan Tunessi (BsAs) y Hugo Castañón (Río Negro). Total del bloque: 43 diputados. Firmó el 14 % del bloque.
Kirchneristas (12): Juliana Di Tullio (BsAs); Remo Carlotto (BsAs); Ma. Elena Chieno (Corrientes); Hugo Perie (Corrientes); Adriana Puiggrós (BsAs); Héctor Recalde (BsAs); Adela Segarra (BsAs); María Teresa García (BsAs); Carmen Nebreda (Cba.); Diana Conti (BsAs), Gloria Bidegain (BsAs) y Agustín Rossi (Sta.Fe). Total del bloque: 87 diputados. Firmó el 14% del bloque.
PRO (1): Laura Alonso (Cap.Fed.). Total del bloque: 11 diputados. Firmó el 9% del bloque.
Peronismo federal (1): Cipriana Rossi (Río Negro). Total del bloque: 28 diputados. Firmó el % 3 del bloque.
El presidente de la ONG Pro-Vida, Roberto Castellano, advirtió el lunes 7 las consecuencias negativas que el envejecimiento poblacional traerá a la economía argentina, gracias a las políticas antinatalistas que no permiten llegar a la tasa de reposición poblacional de 2,1 anual.
Castellano se refirió a los resultados del Censo 2010 realizado el 27 de octubre. Dijo que “a la luz de los resultados señalados parecería que estaría teniendo éxito la política de control o desaliento demográfico” que promueve la anticoncepción, el aborto, el descrédito del matrimonio y la ausencia de programas de fortalecimiento de la familia.
El líder pro-vida advirtió que el envejecimiento del “capital humano” afectará la economía de Argentina, como será el caso del sistema previsional, ya que no habrá el número necesario de personas que aporten para sostener a los jubilados, “colocando además, al país en la lista de naciones que no interesan a las inversiones dado la exigua población y pequeñez consecuente de su mercado interno”.
“Quedaría así la Argentina relegada al papel de simple proveedora de materias primas para economías más desarrolladas, con poca o nula población que asegure que el superávit de sus exportaciones se destine a atender el endeudamiento externo y que la carencia crónica de nueva población se supla con la incorporación de inmigración de baja calificación o nula capacitación que asegure producción primaria barata”, añadió.
Castellano criticó que se abandone la consigna “‘Gobernar es poblar’ (…) por ideologías foráneas coloniales disfrazadas de ‘derechos sexuales’, ’saludes reproductivas’”, que han hecho de Argentina una nación “empequeñecida y degradada”
En la línea ideológica del constructivismo ateo surgió, hace décadas, la destructiva “perspectiva de género” que reemplaza la realidad biológica del sexo por el “género” una construcción social histórica cambiante. Esa nueva mirada o “perspectiva” afecta de un modo particular la noción de persona, sexualidad y familia. En ella se fundan leyes como la que en nuestro país legalizó el seudo matrimonio homosexual.
Por eso, parlamentarios de distintos países reunidos en Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, entidad presidida durante sus primeros cuatro años de vida por la senadora argentina Liliana Negre de Alonso, desde ayer presidente honoraria de la entidad, se comprometieron, entre otras cosas, a abogar para que se instaure la “Perspectiva de Familia” en las políticas públicas y en la sociedad, y a denunciar las ayudas al desarrollo y la cooperación condicionadas a la imposición de la “ideología de género”.
El grupo parlamentario que desde ayer preside el diputado español Miguel Ángel Pintado Barbanoj, realizó durante los días 3 y 4 de febrero su III Encuentro Internacional en el Senado argentino con la presencia, entre otros, de legisladores de Italia, Paraguay, España, Brasil, Portugal, El Salvador, Uruguay y México.
Al término del Encuentro los parlamentarios presentes aprobaron por unanimidad la “Declaración de Buenos Aires” que transcribimos completa a continuación:
DECLARACIÓN de BUENOS AIRES
“La Familia y la Vida en la ideología de género”
La constatación de la imposición creciente de la ideología de género en la mayor parte del mundo y sus nocivos efectos en la integridad de la familia y el matrimonio natural; la multiplicación y exaltación del individualismo; la intromisión del Estado en la familia y en los ámbitos íntimos de la vida personal; la pérdida del sentido de lo natural; la injerencia en la soberanía de las naciones; y la separación entre ley y verdad, nos interpelan a:
DECLARAR el firme compromiso de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, a fin de que:
- Se promueva el derecho a la vida humana desde su concepción, como fundamento esencial de la vida en democracia.
- Se adopte el Enfoque o Perspectiva de Familia como base del ordenamiento jurídico de los Estados.
- Se fomente la promoción y estabilidad del matrimonio, así como el derecho de la familia a ser protegida por la sociedad y el Estado, removiendo las trabas y obstáculos que a diario debe afrontar.
- Se proteja el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, como proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Se facilite ejercer el derecho a la maternidad, muy especialmente en aquellos lugares donde las madres se encuentra con grandes obstáculos, así como en aquellas sociedades que poseen tasas de fecundidad por debajo de la indispensable reposición generacional.
- Se exija que las ayudas al desarrollo y la cooperación se produzcan con absoluto respeto a la soberanía de los países receptores.
- Se hará público cuando las ayudas al desarrollo y la cooperación se condicionen imponiendo políticas anti familia o ideología de género.
- Se dará conocimiento de las organizaciones y connacionales que reciban dinero foráneo para impulsar cambios en nuestras normas legales, fomentando acciones contra la vida y la familia.
En todo caso, abogamos porque se instaure el Enfoque o Perspectiva de Familia en las políticas públicas y en la sociedad.
Como para ir agendando lo que piensan los posibles candidatos a presidente de la Argentina. Es una cita de una entrevista publicada en el diario La Nación:
-¿Impulsaría la legalización del aborto?
-Me parece que el aborto es una tragedia. Creo que cada vez más vamos a encontrar una política que nos lleve a que las madres sean dueñas de su cuerpo. Aunque para ello debamos atravesar un tiempo más. Sólo lo haría si llegado el momento existieran las condiciones para hacer un referéndum sobre el tema y se triunfara. Pero soy realista. Hay gente que piensa que el aborto es un crimen. Por lo tanto, no quiero dividir a la Argentina entre criminales y no criminales. Creo que una ley no pasaría el Congreso.
-¿Qué respuesta inmediata le daría al problema?
-Por lo pronto, toda mujer violada o que tenga peligro de salud, debe tener derecho a abortar. Los jueces deberían tener una ley que establezca que ante la duda se privilegie el deseo de la mujer. Me refiero a cuando una mujer dice que tiene tal problema de salud. Pero quiero mayoría. No creo que baste con las vanguardias.
-¿Usted no va a ser vanguardia?
-Sí, del debate, sí. El Estado debe plantear el debate en todos los lugares posibles y finalmente se llegará al Congreso.
Alguien que primero dice que es una tragedia, como para ganarse a los que estamos en contra. Luego dice que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo (y no dice nada de que el fruto del aborto es alguien que es distinto de la mujer y debería tener la misma posibilidad de elegir sobre el destino de su cuerpo). Termina diciendo que es cuestión de debate, pero antes hay que “educar” a la gente, de manera que se pueda hacer un referendum en el momento preciso de tal manera que gane la postura a favor del aborto y así llegar al congreso para que lo legalice. Digamos que es todo un proyecto de gobierno concreto. Por lo menos fue sincero en sus intenciones.
Si nunca me terminó de convencer este tipo, ahora sé a quién no voy a votar si se presenta como candidato a la presidencia.
Tras la aprobación de la Defensoría del Pueblo, la Red Federal de Familias inicia el proceso de recolección de firmas para el Proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia.
El Defensor del Pueblo de la Nación dio su visto bueno al proyecto de ley que la Red Federal de Familias remitirá al Congreso de la Nación mediante el proceso de iniciativa popular (Vid Notivida 744). Integran el grupo promotor de la iniciativa: Ricardo Curutchet; María de los Ángeles Mainardi; Mónica del Río; Marcos Terán; Clelia Ávila; Jorge Scala; Alejandro Vallega; Nereida Brumat; Santiago Castellanos y el tucumano Pablo Berarducci que coordinará, además, la Campaña nacional de recolección de firmas.
Por Resolución N° 186/10 del 29 de diciembre de 2010 del Defensor del Pueblo de la Nación, ha sido verificado en los términos del artículo 6° de la ley N° 24.747 el Proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia elaborado por un equipo de profesionales coordinado por el Dr. Ricardo Bach de Chazal y presentado por éste en nombre de la Red Federal de Familias.
El proyecto
Consta de cuatro partes o títulos y propicia que, de manera coincidente con el orden natural, se adopten políticas públicas verdaderamente orientadas a la protección de la institución familiar en toda su dimensión y con relación a todos sus integrantes.
El Título I “Presupuestos mínimos para la protección integral de la familia y la vida. Principios de la Política Familiar Argentina”, contiene las directrices esenciales en la materia e incluyen la ponderación de la familia como bien jurídico tutelado por el régimen legal que se proyecta (artículo 1°), la enunciación de principios básicos de política familiar (artículo 2°), el establecimiento de pautas de interpretación y aplicación (artículo 3º) y el mandato para los distintos niveles de gobierno, en orden a asegurar el cumplimiento de los enunciados de la ley proyectada (artículo 4°).
En el Título II “Régimen de reconocimiento y protección especial a la familia numerosa” se trazan los ejes de una política destinada a asegurar las condiciones necesarias para que la igualdad de sus miembros sea real y efectiva en el acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales, enunciándose expresamente esa finalidad (artículo 5°). Asimismo, se define el concepto de familia numerosa y familia numerosa especial en función del número de sus integrantes (artículos 6° y 7°), remitiéndose a la necesaria reglamentación de la ley el establecimiento del modo de otorgarse el reconocimiento de esa condición (artículo 8°). Se establece además que la autoridad de aplicación para la concesión de ese reconocimiento, que tendrá validez en todo el territorio de la Nación, será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (artículo 9°), garantizándose la gratuidad y celeridad de los trámites necesarios para ese reconocimiento (artículo 11). Los derechos y garantías de las familias numerosas son mencionados con carácter meramente enunciativo (artículo 12), determinándose la posibilidad de su acumulación (artículo 13). Asimismo, se establece la posibilidad de que los montos deducibles como cargas de familia sean mayores a las deducciones previstas por la ley de impuesto a las ganancias, si se acredita que los gastos han sido efectivamente realizados por los cónyuges en la manutención de los hijos -menores, a cargo o incapacitados para el trabajo- y superan los señalados en dicha ley, así como la exención de dicho tributo en beneficio de la familias numerosas especiales (artículo 14).
El Título III “Protección integral de la mujer embarazada y de los derechos de los niños por nacer“, consta de tres capítulos, destinados: el primero a la enunciación genérica de principios, derechos y garantías (artículos 15 a 21), el segundo a la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la mujer embarazada y de los niños por nacer (artículos 22 a 27) y el tercero al financiamiento del sistema (artículos 28 a 30).
Finalmente, el Título IV designado “Disposiciones Complementarias” (artículos 31 y 32), dispone la fecha de entrada en vigencia, el plazo para su reglamentación por el Poder Ejecutivo y la derogación de la Ley N° 26.618, como corolario lógico de los principios y valores que informan lo que entendemos que deben ser los ejes de una política familiar fundada en el orden natural y verdaderamente orientada al Bien Común y que, como se ha dicho al inicio, son los que se proponen plasmar en esta iniciativa.
¿Qué se esconde detrás de la ideología de género que los gobiernos (por ejemplo el de Zapatero en España) han enarbolado como su principal bandera y caballo de batalla? ¿Cuáles son sus orígenes y características, cómo actúa en la vida cotidiana y cuáles son sus consecuencias?
Las respuestas a estas preguntas vienen contenidas de forma resumida en un documento elaborado por S.O.S. Familia, del cual se han publicado 20.000 ejemplares.
Las conclusiones de ese documento apuntan como objetivo y consecuencias de la ideología de género a la abolición del matrimonio, la familia, la maternidad y la religión.
Cabe recordar que, en ese sentido, las leyes socialistas como la del matrimonio homosexual; contra la violencia de género; divorcio ‘exprés’; Educación para la Ciudadanía; Reproducción Asistida; de rectificación registral de la mención relativa al sexo; Investigación Biomédica; o Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, han contribuido en gran medida al fomento de la ideología de género en España.
Los orígenes
S.O.S. Familia sitúa los orígenes de “la irrupción pública de las ideas de la ideología de género” en el marco histórico de “la revolución sexual y cultural de la Sorbona, de mayo de 1968”.
Descendiente de las revoluciones protestante, francesa y comunista, mayo del 68 representó “un gran éxito como escenario propagandístico del lanzamiento de las más radicales corrientes del liberalismo sexual”, dice el documento.
Con su expansión a las universidades de Estados Unidos, el fenómeno fue detalladamente analizado en estudios que intentaban ‘demostrar’ que “la diferenciación de roles que el hombre y la mujer representan en la sociedad es una ‘construcción social’, una imposición de la cultura dominante”.
Expresiones propagandísticas de ese fenómeno como “está prohibido prohibir”; “cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución, cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor”; “el matrimonio es la cárcel para el amor”; o “lo sagrado: ahí esta el enemigo”, definen muy bien el caldo de cultivo para la ideología de género que estaba por venir.
Finalmente, el término ‘género’ para referirse a la identidad sexual de las personas fue acuñado en la Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995, recuerda el informe. Los diferentes organismos de Naciones Unidas y la propia Unión Europea han acabado por adoptar también esta ideología.
En la vida cotidiana
La ideología de género se ha introducido de tal manera en la sociedad que es llevada a la práctica en muchas facetas de la vida cotidiana de las personas, afectando especialmente a los más pequeños ya en el proceso educativo.
“¿Qué se enseña hoy en los colegios? ¿Qué circula en los medios de comunicación o forma parte de los programas de gobierno y de los organismos internacionales?”, se pregunta S.O.S. Familia.
Pues “una de las cuestiones que más se propone a los niños y jóvenes en la actualidad es el asunto de la sexualidad. Desde la más temprana edad, el ambiente social, los colegios, la televisión, Internet y los entretenimientos comienzan a sugerir y presionar al niño –muchas veces por medio de bromas– para que él se inicie en las fruiciones relacionadas con el sexo”, responde el documento.
Y es que “la ideología de género defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer son construcciones culturales; una práctica social, independiente del sexo. El género –y no el sexo– caracteriza al ser humano. Género que cada uno escoge libremente y cada vez que lo prefiera”.
Sexualidad polimorfa
En definitiva, aunque la ideología de género reconoce que existe el sexo biológico, “esto no es determinante en la vida ni en la personalidad […] El hombre y la mujer no alcanzarán su liberación y su felicidad en cuanto no procedan de acuerdo a lo que más les atraiga en cada momento, sin llevar en cuenta los roles que artificialmente la sociedad hasta ahora les ha impuesto”.
La ideología de género parte de la base de que a lo largo de la historia la mujer ha sufrido la explotación y el dominio por parte del hombre y ella “debe rebelarse contra este abuso y transformarse en fuerza propulsora de la revolución libertaria”.
Por todo ello, “es necesario abolir las propias identidades femenina y masculina, subordinadas al sexo biológico, y que las personas se dejen llevar por sus múltiples y variables orientaciones sexuales”, explica el documento.
“Los seres humanos tienen –según esta ideología– un mismo género que puede manifestarse como heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual, etc. Es lo que llaman una sexualidad polimorfa que permitiría un auge de placer, según los deseos del momento y que acabaría con toda dominación y desigualdad humana”, advierte S.O.S. Familia.
Las consecuencias
El documento advierte de las consecuencias que la ideología de género tiene para la sociedad. La primera de ellas es sobre “la familia de siempre, fundamentada en el matrimonio, […] la primera de las instituciones que es necesario destruir, o deconstruir”, según los defensores de esas teorías.
La familia es culpable, según esta ideología, de “imponer artificialmente los roles masculino y femenino a los hijos que educa”, por lo que se ve, un grave delito que hay que erradicar.
La maternidad es el segundo peligro para esta corriente de pensamiento. “La figura de la madre constituye el auge de la sumisión y de la represión sexual que no debe existir. Es necesario liberar a la mujer de la maternidad por medio de los anticonceptivos y del aborto”. Eso es al menos lo que piensan sus defensores.
Además, “el lesbianismo se presenta como una relación ideal por no involucrar dominio del hombre sobre la mujer, ni posibilitar la procreación. La ideología de género propone otras vías de reproducción para la perpetuación de la especie”, que tienen que ver con la reproducción artificial en el mejor de los casos.
El tercer peligro a erradicar para los ideólogos de género es la religión, “la causa principal de opresión de la mujer”, tal como denuncia S.O.S Familia. “La religión es una invención humana y los principales credos han sido inventados para oprimir a la mujer”, piensan los ideólogos de género.
Según la ‘teóloga’ del feminismo Elisabeth Schussler, “los textos bíblicos no son revelados sino una formulación histórica. La teoría feminista insiste en que las Sagradas Escrituras son fruto de una cultura patriarcal”, advierte el documento.
Las ‘palabras-talismán’
La ideología de género, falta de un razonamiento ordenado, claro y simple, que a buen seguro “provocaría un gran rechazo en la opinión pública”, recurre a técnicas de manipulación del lenguaje que conforman el llamado ‘trasbordo ideológico inadvertido’, de efectos tan o más persuasivos.
Son las llamadas ‘palabras-talismán’, que suelen despertar “impresiones, emociones, simpatías o antipatías que los medios de comunicación ponen de moda”.
Entre ellas, cabe destacar términos como el propio ‘género’ en lugar de ‘sexo’. En esa línea, ‘embarazo no deseado’ o ‘interrupción del embarazo’ sustituyen a la eliminación del hijo en el vientre materno a través del aborto.
‘Salud sexual y reproductiva’ y ‘sexo seguro’ para justificar los ataques a la vida mediante el uso de preservativos, anticonceptivos, abortos, etc., son otras palabras clave utilizadas por la ideología de género.
Lo mismo que ‘orientación sexual’ y ‘homofobia’, son palabras talismán para defender las conductas homosexuales y lésbicas; o ‘violencia de género’ para culpar al sexo masculino de subyugar a la mujer.
“Pareja’, para evitar el sentido heterosexual que tienen las palabras matrimonio o esposos; o ‘modelos de familia’, que cambia el único sentido que tiene el término familia, por otros tipos de uniones.
Otras palabras-talismán empleadas por la ideología de género son ‘sexismo’, ‘feminismo’ y ‘machismo’; o ‘educación sexual’, ‘Educación para la ciudadanía’, o ‘Plan de Salud Sexual y Reproductiva’, todos ellos términos empleados para enmascarar un programa de iniciación precoz de los niños en el sexo, con el consabido adoctrinamiento de género.
Las muertes maternas por aborto representan el 0,06% de las defunciones femeninas (6 en 10.000). ¿Las cifras oficiales señalan una “prioridad sanitaria” o descubren una manipulación ideológica?
Mientras que los medios masivos de comunicación intentan mostrar que un abultadísimo número de muertes por abortos clandestinos reclama su legalización, podemos afirmar -aún desasidos de connotaciones morales- que no son las cifras las que lo ubican como una “prioridad sanitaria”.
El total para el país durante el 2009 es de 87 muertes por aborto en 144.060 defunciones femeninas. Muchas son las muertes evitables que superan ese indicador, no obstante, esas otras muertes no ocupan los titulares de los diarios, no generan múltiples proyectos legislativos que busquen disminuirlas, no provocan comunicados de universidades, no ameritan costosos viajes de “personalidades” extranjeras, no generan seminarios que propongan soluciones y no motivan declaraciones -ni de las autoridades del INADI ni de los jueces de la SCJN-.
El total de mujeres fallecidas durante el 2009 fue de 144.060, siendo las primeras causas: enfermedades del sistema circulatorio (45.023), tumores (28.233) y enfermedades del sistema respiratorio (22.286).
Las muertes maternas -relacionadas con el embarazo, parto y puerperio- son un subgrupo de 410 muertes en un total de 144.060. El aborto provoca el 21% de las muertes maternas y el 0,06% de las muertes de mujeres (6 muertes por aborto cada 10.000 defunciones femeninas). En el total de muertes femeninas el aborto se ubica por detrás de muchísimas causas evitables, por ejemplo deficiencias y anemias nutricionales que en el 2009 ocasionaron la muerte de 557 mujeres.
De las 410 muertes maternas del 2009, 87 fueron por aborto. Las demás estuvieron ocasionadas por causas obstétricas directas (165) e indirectas (158).
Muertes maternas por aborto desagregadas por distrito:
Fuente: Estadísticas Vitales del Año 2009, Ministerio de Salud de la Nación.
Diputados de distintos bloques presentaron hoy el proyecto de ley de “Protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de los niños por nacer”, con la convicción de que es un deber inexcusable de los cuerpos legislativos dictar leyes que tutelen los derechos humanos básicos de todos, sin exclusiones de ninguna índole.
La “Red Federal de Familias” elaboró un Proyecto de Ley de Iniciativa Popular sobre “Protección Integral de la Familia” que ingresó en la Defensoría del Pueblo el pasado 25 de noviembre, tras su aprobación, la Red -con presencia en la mayoría de las provincias- comenzará la etapa de recolección de firmas.
Parte de esa Iniciativa, referida a la “Protección integral de los derechos humanos de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer”, fue hecha propia por un nutrido grupo de diputados de distintos bloques y presentada en el día de la fecha (expte. 8516-D-2010).
El proyecto presentado en Diputados le garantiza al niño por nacer el “derecho inalienable a la vida”.
Estipula una asignación especial para la mujer víctima de una violación -desde la concepción y hasta que el hijo cumpla 18 años-. Si la mujer decidiera no tomar a su cargo la crianza y educación del niño, se favorecerá su adopción o guarda y la asignación será percibida por la familia adoptante o guardadora a partir del momento en el que se haga cargo del niño.
En los embarazos de riesgo, nacimientos prematuros y partos anticipados; el Estado deberá brindar los medios que posibiliten proteger el derecho a la vida tanto del niño como de la madre, haciéndose cargo de todos los costos que ello demande.
La mujer embarazada que no estuviera empleada o emancipada recibirá una Asignación Universal por Hijo por Nacer equivalente a la fijada para los hijos menores de edad.
Todo hospital público deberá contar con un Centro de Asistencia a la Mujer Embarazada, conformado por ginecólogos, obstetras, neonatólogos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales; que deberán brindar atención directa durante las 24 horas.
Entre los firmantes del proyecto figuran: Julio Ledesma y Patricia Gardella (ambos de la Corriente de Pensamiento Federal, BsAs), Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza), Juan José Álvarez (Peronista, BsAs), Cinthya Hotton (Valores para mi País, Cap.Fed.), Hilda Aguirre de Soria (FpV, La Rioja), Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Rodolfo Fernández (UCR, Corrientes), Paula Bertol (PRO, Cap.Fed.), Zulema Daher (Peronismo Federal. Salta), Norah Castaldo (UCR, Tucumán), Juan Dante González (FpV, Mendoza), Ivana Bianchi (Peronismo Federal, San Luis), Héctor Tomas (FpV, San Juan) y Guillermo Pereyra (FpV, Mendoza).
La Sociedad Argentina de Ética Médica y Biológica (SAEMB), interpeló a los legisladores y concejales “progresistas” que impulsan una reforma legal para despenalizar el aborto mientras “defienden la vida de los animales y las plantas”.
La SAEMB deploró que “varios legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto del oficialismo como de la oposición“, hayan acordado reformar y reinterpretar el Código Penal para permitir el llamado “aborto no punible“.
El artículo 86 del Código no sanciona a los médicos que practiquen abortos “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios“; y “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente“. Los legisladores pretenden reinterpretar la normativa para permitir el aborto bajo otros supuestos.
“Qué les han hecho de malo a ellos las vidas humanas en gestación, inocentes, débiles e indefensas. A qué intereses económicos e ideológicos representan. Creen que es de progresistas matar vidas humanas inocentes, ellos que tanto defienden la ecología y la vida de los animales y las plantas“, cuestionó la SAEMB.
La entidad rechazó que se “repita legalmente y por manos de médicos la muerte y desaparición de argentinos no identificados, sin nombre ni rostro para sus victimarios. Por eso decimos, junto con todos los argentinos que defendemos la vida, la familia y la sociedad, la libertad, la democracia y la justicia: Aborto, Nunca Más“.
Se agregó un tercer dictamen de minoría elaborado por Cinthya Hotton. Preocupación, alarma y decepción
En nuestra entrega anterior (Vid. Notivida 742) informamos acerca del tratamiento de los proyectos de ley de “reproducción humana asistida” en el seno de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la H. Cámara de Diputados de la Nación. En esa ocasión nos referíamos al dictamen de mayoría -impulsado por la Diputada Silvia Majdalani (PRO) y a dos dictámenes de minoría suscriptos uno por el diputado Fiad (UCR, Jujuy) y el otro por la diputada Ivana Bianchi (PJ Federal, San Luis).
En esta oportunidad debemos adicionar la existencia de un tercer dictamen de minoría elaborado por la Diputada Cinthya Hotton y remitido a la Comisión de Familia en el día de ayer, que no deja de causar preocupación y alarma, por cuanto si bien afirma que “…El embrión es persona y, por lo tanto, sujeto de derechos desde la concepción….” (artículo 13, párrafo segundo) y declara que “el embrión tiene derecho a nacer, a la salud, a la integridad física, a la identidad y a que se respete su medio ambiente natural y la vida”, postula legislar prácticas abiertamente contradictorias con esos principios.
Ciertamente, la misma técnica de reproducción humana artificial involucra un tratamiento despersonalizante de los embriones humanos, quienes luego de ser “producidos”[1] en el laboratorio, son manipulados, observados, seleccionados y tratados como cosas, de un modo no acorde con su dignidad de seres humanos.
En este sentido, llama la atención que al mismo tiempo que afirma la personalidad de los embriones, Hotton permite que los mismos sean objeto de contratos de donación[2], estableciendo que:
“La donación de gametos y embriones debe realizarse a título gratuito. Queda prohibido a los centros médicos asistenciales la promoción de incentivos económicos, lucrativos o comerciales para la donación, así como la realización de compensaciones de cualquier tipo y naturaleza. No se puede concebir más de tres hijos con los gametos de un mismo donante. La conservación de los gametos está permitida por un período no mayor a los tres años” (artículo 9°)
Y que:
“Los derechos sobre los embriones criopreservados corresponden a las parejas destinatarias de las técnicas de reproducción humana asistida” (artículo 21)
En cuanto al congelamiento de embriones, si bien el artículo 20 declara su prohibición admite excepciones a dicha regla. Así, ese precepto establece que “La crioconservación de embriones está prohibida. Sólo se permitirá en los siguientes supuestos: a) Mientras dure el tratamiento b) Cuando surjan intercurrencias transitorias que pongan en riesgo la viabilidad del embarazo c) En los casos en que exista complicación médica o quirúrgica, según criterio médico”.
El artículo 18, ocupado de las prohibiciones, establece que a partir de la sanción de la ley queda prohibido el uso de embriones para experimentación, la comercialización de embriones, la conservación de gametos y la destrucción de embriones.
No obstante su evidente buena intención, la norma resulta equivocada en la medida en que, desde que en el ordenamiento jurídico vigente los embriones son reconocidos como seres humanos con personalidad y derecho a la vida garantizados desde la concepción y antes de que la prohibición se plasme en la norma proyectada, las conductas que ella describe ya son ilícitas, encuadrando algunas en las tipificaciones del Código Penal.
Al igual que en los dictámenes de Madjalani, Bianchi y Fiad, se instituye como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud y se crea, dentro de su ámbito, un registro único de establecimientos médicos (artículos 23 y 24).
Finalmente, de manera coincidente con el dictamen de mayoría, se determina que las prácticas de reproducción humana asistida sólo podrán ser llevadas a cabo en establecimientos que cumplan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (artículo 25), se legisla sobre la cobertura de esas prácticas por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga (artículo 26), se establece un régimen de sanciones por incumplimientos al régimen de la ley (artículos 28, 30, 31, 32, 33 y 34), y se dispone que el destino de las multas que se aplicaren a solventar el funcionamiento del registro creado por la ley, al cumplimiento de las obligaciones que ley establece y a la realización de campañas anuales sobre la difusión del contenido de la misma (artículo 25).
En resumidas cuentas, el tercer dictamen de minoría, que, teniendo en cuenta los antecedentes de su autora, debió haber sido de rechazo total de los proyectos, terminó siendo una iniciativa más de carácter despersonalizante, y una verdadera decepción.
——————————————————————————–
[1] Tal la expresión utilizada en el artículo 19 del dictamen “Los embriones solo pueden ser producidos para ser implantados en un útero femenino…”.
[2] El artículo 1789 del Código Civil define a la donación diciendo “Habrá donación, cuando una persona por un acto entre vivos transfiera de su libre voluntad gratuitamente a otra, la propiedad de una cosa.”
¿Tenés 3 minutos? Mirá este video … Especialmente a los 2:13 minutos. El 30/09/10 en el Senado de la Nación Argentina, bajo la cómplice mirada de los organizadores, la Diputada Ceclia Merchán, la periodista Liliana Hendel, la diputada Adela Segarra, entre otros, las activistas pro aborto de Argentina con palmas y estribillos ininterrupidos le impiden hacer uso de la palabra a una asistente provida, la cual opta por limitarse a filmar lo que está sucediendo. En ese momento le sustraen la cámara y con empujones, tirones de pelo y gritos la expulsan del salón. Un oficial de policía que se encontraba fuera del recinto le recupera la cámara de fotos, pero seguidamente personal policial y de seguridad del Senado Nacional hacen salir a la participante del movimiento provida, impidiéndole en lo sucesivo el ingreso al Senado. … El acto que se estaba desarrollando era un “Seminario Internacional” a favor del aborto, con entrada libre y gratuita. Afortunadamente, luego de radicarse la denuncia pertinente la agresora fue identificada y la causa se encuentra actualmente en trámite. No obstante, destacamos que en el lugar se encontraban periodistas de Telam Argentina, con cámaras y micrófonos, quienes se negaron a dialogar con la damnificada haciéndole saber que para ellos “no había sucedido nada”.
Desde la semana pasada diversos medios de comunicación vienen expresando que, en los cuerpos legislativos nacionales, se están aprestando los mecanismos necesarios para que las comisiones correspondientes den curso favorable al tratamiento de algunos proyectos que pretenden despenalizar el aborto ampliando las excepciones previstas en el art. 86 del Código Penal.
En el Senado Nacional el proyecto al que aparentemente se le daría curso es el de la Senadora Corregido, (es una de las dos senadoras nacionales que acompañan en estos días a la Presidenta en su visita a Nueva York). El punto más importante del proyecto es el permiso para realizar un aborto bajo el pretexto de “evitar un peligro para la salud o la vida” de cualquier mujer. Y no sólo contempla los riesgos físicos, sino también los psíquicos y los sociales. También establece que ese tipo de peligro deberá ser avalado por la opinión de cualquier profesional matriculado de la salud, “distinto del que practique o dirija la intervención”, y que “en ningún caso se requerirá la opinión de un comité de ética”.
Si esa redacción ya muestra lo permeable del artículo a la ampliación casi sin restricciones de los casos de abortos no punibles, quita aún más trabas al señalar que el peligro para la salud será avalado por un profesional de la medicina distinto del que practique o dirija la intervención”, es decir, cualquier médico que evalúe que la mujer corre supuestos riesgos si sigue adelante con el embarazo.
Otros dos proyectos sobre despenalización del aborto estarán también en la mesa de debate de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Por un lado, se analizará la modificación propuesta por la formoseña Adriana Bortolozzi, que apunta a legalizar la interrupción de embarazos en todos los casos de violaciones.
En cambio, una iniciativa presentada por la puntana Liliana Negre de Alonso restringe aún más lo hoy dispuesto por el Código Penal, al establecer como único caso de aborto no punible aquel en que esté en juego la vida de la mujer. Negre de Alonso fue la más enérgica opositora al matrimonio homosexual y sus esfuerzos por consolidar un frente legislativo contra ese proyecto fueron reconocidos, incluso, por aquellos que promovieron aquel tema.
Avance en Diputados
Con la firma de más de 50 diputados de todas las bancadas, encabezados por la bonaerense Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria), el proyecto que se analiza en esa cámara tiende a una liberalización plena del aborto, pues establece el permiso de interrumpir los embarazos hasta la duodécima semana de gestación por la sola voluntad de la mujer.
Se trata de una iniciativa más ambiciosa que la presentada por Corregido en el Senado. Fuentes legislativas que participan de las reuniones en las comisiones de Diputados aseguran que hay un fuerte impulso para acelerar el tratamiento de ese proyecto.
Si bien en las presidencias de los bloques mayoritarios, tanto en Diputados como en el Senado, se definen otras prioridades legislativas, existe una serie de condicionantes externos que llevarían a priorizar los proyectos sobre aborto, al igual que ocurrió con el matrimonio homosexual. Por eso, sus promotores confían en consolidar la presión social que nace, por ejemplo, de pronunciamientos universitarios
Por estas razones invitamos a los Argentinos Alerta a enviar mails rechazando estos proyectos a las siguientes comisiones:
SENADO: COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES, COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, COMISIÓN DE SALUD Y DEPORTE
DIPUTADOS: COMISIÓN LEGISLACIÓN PENAL, COMISIÓN DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
La cámara baja aprobó esta madrugada la despenalización -prácticamente- del filicidio cuando se trate de un neonato.
Por Mónica del Río
Por 170 votos a favor, 29 en contra y 9 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por Diana Conti, de convertirse en ley: “se impondrá prisión de seis meses a tres años a la madre que matare a su hijo durante o luego del nacimiento mientras se encontrare bajo la influencia del estado puerperal”, lo que equivale prácticamente a la despenalización del filicidio mientras el hijo no alcance los dos meses de vida. En la actualidad la condena es la de “homicidio agravado por el vínculo”, es decir prisión perpetua -el juez puede aplicar prisión de 8 a 25 años cuando “mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación- (Vid Notivida Nº 723).
Según se mencionó en el recinto la ley beneficiaría a 14 mujeres que están presas por haber matado a su hijo recién nacido. El caso más recordado fue el de Romina Tejerina.
Junto al texto aprobado se debatieron dos dictámenes de minoría:
I Dictamen de minoría: Se impondrá prisión de hasta 9 años, a la madre que matare a su hijo desde el nacimiento o mientras durare su estado puerperal, entendiéndose esta causal de atenuación de la figura básica del homicidio, como la que ocasiona en la autora un trastorno de conciencia lo suficientemente grave que, sin llegar a la causal prevista en el inciso 1 del artículo del artículo 34, disminuya su capacidad de comprender la antijuridicidad de su acción. (Patricia Bullrich, Natalia Gambaro y Gladys González)
II Dictamen de minoría: Se impondrá prisión de seis meses a tres años a la madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes al parto matare a su hijo. (Juan C. Vega)
Apostillas del debate
Diana Conti (FpV, BsAs) sostuvo que este tema es importante para algunos y resistido por otros. Para la diputada el tema del Niño por Nacer “que le vendieron a Menen por su relación con el Vaticano” fue cundiendo; por eso se dice que hablar de “aborto no punible” es fomentar el aborto y que poner infanticidio es fomentar que las mujeres maten a sus recién nacidos, alegó.
Patricia Bullrich (CC, CABA) destacó que en el texto de Conti el “o” es un “permiso para matar” y que el estado puerperal no está claramente definido.
Juan Carlos Vega (CC, Cba.) aseguró que la “influencia del estado puerperal” es un lapso indeterminado y que muchos países imponen plazos.
Vilma Ibarra (Nvo. Encuentro, CABA) afirmó que estos debates nunca terminan de estar saldados sin la despenalización del aborto y la “Checha” Merchán (Libres del Sur, Cba.) que con aborto legal habría menos casos de infanticidio.
Cynthia Hotton (Valores para mi País, CABA) les enrostró que nunca se ocupan de los niños y agregó: “podríamos pensar en algo más que matarlos antes o después de que nazcan”. Apoyó el dictamen de Bullrich con el plazo de Vega.
Ricardo Gil Lavedra (UCR, CABA) defendió el proyecto de Conti y resaltó que Bullrich no hizo más que agregar la definición de estado puerperal mientras que Vega no impuso ninguna condición dentro de los primeros 8 días, con esa redacción cualquiera podría matar al hijo durante la primera semana de vida, aclaró Gil Lavedra.
Ivana Bianchi (Peronismo Federal, San Luis), que presentó una disidencia total afirmó: “La madre que mata a su hijo comete homicidio agravado por el vínculo y por ello debe ser condenada y no pretender la incorporación de una figura penal que por las penas allí establecidas hasta sería excarcelable y susceptible de una probation”.
Ma. Inés Pilatti Vergara (FpV, Chaco) apoyó el proyecto pero criticó su redacción porque el “o” suprime la exigencia del desequilibrio psíquico durante el parto.
Justificación del curso: el término “Bioética” implica dos conceptos: la vida (bios) y la moral (ethos). Puede definirse como aquella parte de la filosofía moral que considera la naturaleza, fines y circunstancias, y, por lo tanto, la licitud o ilicitud de las intervenciones sobre la vida del hombre, particularmente aquellas relacionadas al desarrollo de las ciencias biomédicas. En tiempos de importantes avances en técnicas biológicas y médicas, se abre una serie de nuevas posibilidades y problemas que exigen una reflexión moral y nuestro compromiso por salvaguardar la dignidad del ser humano y su principal derecho: el derecho a la vida.
Objetivo del curso: Brindar capacitación en temas referidos a la Bioética, a fin de adquirir una formación sólida para la divulgación de temas PRO-VIDA acorde a las demandas requeridas: grupos parroquiales, barrios, colegios, etc.
Destinado a: jóvenes de secundaria, universitarios, profesionales y demás personas que quieran una formación integral en temas referidos a la Bioética.
Modalidad del curso: 2 hs. de clases teóricas cada 2 semanas, desde septiembre a diciembre de 2010. Asistencia 80%.
* Modo de evaluación: Continua: considerando grado participación, nivel de compromiso, cumplimiento, consultas, debate, etc.
* Evaluación escrita: en 2 evaluaciones parciales.
Lugar de realización: sede de PRO-VIDA San Luis, 9 de julio 358, San Luis, Argentina
Inicio de actividades: martes 14 de septiembre de 2010 a las 19 hs. Costo: $30 (para solventar costos del material de estudio y audiovisual que se entregará al inicio del curso)
Inscripciones y consultas a:slporlavida@gmail.com, ó a los siguientes teléfonos: celular 03582-15436449 o al fijo 02652-420878 (de 10 a 12 y 18-20 hs.)
El Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires consideró que si en algún momento llega a decisión de ese máximo tribunal un caso sobre aborto de una mujer embarazada, la magistrada Carmen Argibay “deberá abstenerse, por haber ya expresado públicamente su opinión favorable al homicidio de los niños por nacer”.
En su carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, el Consorcio insistió en que “si llega a esa Corte un caso sobre aborto, la doctora deberá excusarse o aceptar la recusación para juzgar”, por haber dicho públicamente que “este es el momento propicio para comenzar a discutir la despenalización del aborto”.
Los médicos explicaron que de llegar a tratarse un caso en esa instancia judicial, Argibay “deberá ser recusada con causa concreta por inhabilitación jurídica y moral para fallar” en este tema.
Hace unos días, Argibay afirmó en un encuentro feminista que el aborto es un “derecho” que debe ser legalizado y acusó a los que se oponen a la píldora del día siguiente de ser “sectores minoritarios” con poder.
“Hablo de aborto y me acusan de asesina, pero yo insisto, esos calificativos a esta altura no me hacen ni cosquillas. Hablar de aborto es defender un derecho”, afirmó durante las jornadas internacionales sobre violencia de género, realizadas en Río Negro.
Somos un grupo de Jóvenes que promovemos el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural y reafirmamos la dignidad de la persona y de la familia en la realidad social actual. Adoptamos los principios del Derecho Natural y de la concepción Cristiana del hombre.
IMPORTANTE. Los contenidos y/o comentarios vertidos en este servicio son exclusiva responsabilidad de sus autores así como las consecuencias legales derivadas de su publicación. Los mismos no reflejan las opiniones y/o línea editorial de Blogs de la Gente, quien eliminará los contenidos y/o comentarios que violen sus Términos y condiciones. Denunciar contenido.
El 8 de abril de 2011 apareció una solicitada en Clarín, Página 12, Revista Barcelona, La Arena y El Diario de La Pampa, y Nuevo Diario de Salta bajo el título: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Instando a que el Congreso Nacional debata y sancione el proyecto “ley de interrupción voluntaria del embarazo”. Este proyecto lleva la firma de 50 diputados de distintos partidos políticos. Pretende legalizar el aborto (“interrupción voluntaria del embarazo”) hasta la semana 12 de gestación.
Ultimos Comentarios