Por Mónica Del Río

El Ministerio de Salud de la Nación, que encabeza Juan Manzur, presentó un “Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales”, el instructivo, destinado a los equipos de salud, prevé el abordaje de las lesiones corporales y/o genitales, el suministro de Anticoncepción Hormonal de Emergencia y el “acceso al aborto no punible” siguiendo.los procedimientos de la Guía Técnica del Ministerio de Salud.

“El Protocolo está diseñado para la atención de personas víctimas de violaciones en cualquier etapa de sus vidas y hasta seis meses después del episodio”. Superado ese plazo “deben evaluarse las demandas y dar las respuestas pertinentes, con recursos intra o extra hospitalarios”.

La denuncia no es obligatoria ni es un requisito para practicar el aborto. “A partir de los 18 años la decisión de instar la acción penal tiene que partir de la víctima”. Los funcionarios y profesionales que toman contacto con un caso de violación de una persona mayor de edad, sólo podrán efectuar la denuncia cuando además de violación haya riesgo de vida o lesiones graves. “En los demás casos, no están obligados a realizar la denuncia. Es más, no corresponde que lo hagan”.

En el caso de los menores, los profesionales de la salud deberán efectuar la denuncia cuando se trate de un menor en riesgo o sospechen que los familiares pueden estar involucrados en la violación.

Si un menor ha sido abusado por personas encargadas de su cuidado, o algún familiar, tiene que denunciar los hechos cualquier persona que tome conocimiento.

El Protocolo se funda en la Convención de Belem do Para, “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” y en la Ley nacional 26.485, de Violencia contra la Mujer, una ley aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Si bien el Protocolo fue dado a conocer esta semana, después de que Cristina Kirchner asumió su segundo período de gobierno, está fechado en agosto de 2011. Sus lineamientos fueron dictados por un Comité conformado por: Dra Eugenia Trumper (Asociación Médica Argentina de Anticoncepción- Consejo Asesor PNSSyPR); Dra Diana Galimberti (Coordinadora del Programa de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual de la CABA- Consejo Asesor PNSSyPR); Dra Silvia Oizerovich (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil- Coordinadora del Programa de SSyPR de CABA- Consejo Asesor PNSSyPR); Dra Myriam Salvo (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil); Lic. Eva Giberti y equipo técnico (Víctimas contra las Violencias). La actualización y redacción estuvo a cargo de Silvia Chejter, la socióloga feminista que coordina el CECYM (Centro de Encuentros Cultura y Mujer).

fuente: NOTIVIDA

“En este memorándum estoy instruyendo a todos los organismos en el extranjero para que aseguren que la diplomacia estadounidense y la ayuda exterior promueve y protege los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales“, dijo el mandatario estadounidense el 6 de diciembre.

Obama también ordenó a las agencias de ayuda exterior y desarrollo a comprometer a los gobiernos y a grupos de la sociedad civil en el extranjero a “fomentar el respeto a los derechos humanos de los homosexuales“.

Previamente, la secretaria de Estado Hillary Clinton anunció desde Ginebra (Suiza), que su Gobierno asignó tres millones de dólares para lanzar un Fondo Mundial para la Igualdad, que apoye a los colectivos de “lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en todo el mundo“.

fuente: ACI Prensa

En efecto, de los 31 miembros con que cuenta esta Comisión, para formar quórum se necesitaban 16 presentes en la reunión, pasada la media hora, se comenzó a sesionar con 1/3 de los miembros presentes, es decir con la presencia de 11 diputados, con el avance de la reunión, se hicieron presentes otros 4 miembros, con lo que se llegó al número de 15 miembros de la comisión presentes en la sala, razón por la cual para emitir un dictamen que respetara las mayorías dispuestas en el art. 108, se necesitaban 8 firmas, con lo que queda claro que le faltaron 3 firmas al mismo para ser considerado siquiera un dictamen en minoría.

Es por ello que vengo formalmente a impugnar el dictamen en cuestión.
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FUENTE: NOTIVIDA

El proyecto de la “Campaña por el derecho al Aborto” sólo cosechó las firmas de: Victoria Donda, Fernanda Gil Lozano, Rubén Lanceta, Elsa Alvarez y Diana Conti (en disidencia). El presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega, firmó el suyo pero felicitó a Marta Alaniz, coordinadora de “Católicas por el Derecho a Decidir”, porque la considera la gran impulsora del proyecto de la Campaña. No hubo despacho de comisión.

Los diputados abortistas pidieron un plenario de las tres comisiones a las que tienen giro los proyectos para poder emitir dictamen.

Ivana Bianchi (Peronismo Federal, San Luis): recordó que alrededor de 25 diputados habían pedido audiencias públicas. “Necesitamos escuchar a la sociedad”. “Me apena ver en la calle dos tribunas enfrentadas, formadas en su mayor parte por jóvenes para los que tendríamos que estar legislando”.

Claudia Gil Lozano (Coalición Cívica, Cap.Fed.): manifestó que “el aborto se discute y practica en todos lados menos en el Congreso”. Dijo que para que llegue al recinto “hay que buscar un proyecto de consenso en un plenario de comisiones”.

Marcela Rodríguez (Democracia Igualitaria y Participativa, BsAs): aseguró que no todas las personas con convicciones religiosas fuertes están en contra del aborto y mencionó como ejemplo al grupo apóstata “Católicas por el Derecho a decidir”. “Nosotros luchamos por minimizar los abortos a diferencia de muchos y muchas que estaban en contra de las leyes de educación sexual y de acceso a la anticoncepción”. “Es una golpe bajo decir que los que estamos a favor de la interrupción legal del embarazo no estamos a favor del derecho a la vida porque nosotros peleamos, como pelea muy poca gente, en contra del gatillo fácil y la pena de muerte”.

Horacio Alcuaz (GEN; BsAs): se quejó porque el debate “está en los barrios, en las villas, en los lugares más zaparrastrosos donde se hacen los abortos y no está en el Congreso”.

Cecilia “Checha” Merchán (Libres del Sur, Cba.): se alegró de que el debate se haya abierto y lo consideró un momento histórico. En ausencia de la kirchnerista Juliana Di Tullio, fundó el proyecto de la Campaña por el Derecho al aborto. Afirmó que las 500.000 mujeres que abortan “son de todas las clase sociales y sectores religiosos” y que “la clandestinidad perjudica a las más pobres y jóvenes”.

Juan Carlos Vega (Coalición Cívica, Cba.) dijo que “no hay voluntad política de llevar el tema a fondo”. Anticipó que él va a buscar el plenario de las comisiones “pero nunca se va a hacer”. Si bien aclaró que él iba a firmar su dictamen, que busca “transformar la ficción jurídica de la no punibilidad de las excepciones, en una realidad”, sostuvo que el proyecto de la Campaña tiene “el aval” del art. 4 del Pacto de San José de Costa Rica.

Victoria Donda (Libres del Sur, BsAs): aseguró que se hacen entre 500.000 y 700.000 abortos al año. Dijo que “cada dos días muere una mujer por aborto y que esas mujeres en su gran mayoría son jóvenes y pobres”. “Venimos con la ilusión de tener una ley que legalice el aborto”. “Las mujeres pobres que se mueren son invisibilizadas por el Estado”. “Este es un debate que hay que darlo con seriedad aunque esté cruzado por ideologías, por sentimientos religiosos, por distintas posiciones morales”. “Creemos que el reconocimiento de este derecho por parte del estado argentino, lo volverá a poner a la vanguardia del reconocimiento de los derechos humanos en América Latina, es un paso muy importante que hay que dar”.

Ernesto Martínez (Frente Cívico, Cba.) sostuvo que ésta es una cuestión de política criminal y social. Dijo que si al tema no lo habilita el oficialismo es imposible llegar a un dictamen.

Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro, Cap.Fed.): al principio remarcó que quieren la ley y que para eso necesitan un plenario de las comisiones porque los dictámenes con pocas firmas no llegan a ningún lado y si el proyecto tiene que pasar por las tres comisiones no le dan los plazos porque pueden emitir dictamen hasta el 20 de noviembre. Si firmamos dictamen en esta comisión, anunció Ibarra, va a ser “tildado de antirreglamentario”. Tras hablar con integrantes de la “Campaña por el Derecho al Aborto” cambió de idea y en su siguiente intervención, fundándose “en el peso del esfuerzo y del mandato simbólico”, comunicó que estaban dispuestos a firmar dictamen. Dijo que su bloque quiere avanzar hacia la legalización “porque la vida pasa y las mujeres mueren”. Enmarcó el aborto en un problema de salud pública y de equidad. La legalización “es la mejor forma de proteger la vida de las mujeres”. “Los que se oponen lo hacen por una posición filosófica, ideológica o religiosa, e intentan imponer su paradigma a toda la sociedad argentina mientras que los que le abrimos la puerta a la legalización no queremos imponer nuestro paradigma a todos, al revés, queremos que cada uno pueda tomar su decisión”.

Alfredo Olmedo (Salta somos todos): fue el más aplaudido por el público presente y el más agredido por sus pares, particularmente por las diputadas Donda y Gil Lozano. Dijo que el aborto “es una pena de muerte anticipada a un hijo por nacer”. “Si el padre y la madre deciden matarlo ¿qué defensa le queda a ese chico?”. “La solución a la problemática del aborto es a través de la vida, no de la muerte, a la madre hay que apoyarla para que dé vida, no para que mate a su hijo legalmente”. Ponderó la AUH, pero agregó que faltan aspectos sociales “porque la Argentina se construye con vida, no con muerte”. Relató que está esperando a su cuarto hijo, que va a nacer en 2 meses pero ya la conoce a través de la ecografía, dijo que conoce su cara y siente su corazón, y agregó “no tendría cara para matarla por más que sea legal”. “La familia es la base de la sociedad y la están destruyendo”. “El problema del aborto se soluciona con el respaldo de la familia y un estado presente, no con muerte”.

Juan Pedro Tunessi (UCR, BsAs): se manifestó a favor del aborto porque “la defensa de la libertad y de la igualdad son caras a la historia del radicalismo”. “Sin la decisión del oficialismo este tema no va a salir”.

Ricardo Gil Lavedra (UCR, Cap.Fed.): en el aborto “hay colisión de derechos” y en ese tema entra “la igualdad y la no discriminación, porque esto recae en la mujer”. “En este tema no puede haber posiciones absolutas”, porque “no hay un derecho absoluto del embrión desde la concepción”. El “embrión no es titular de por sí de derechos, pero merece protección y esa protección debe mensurarse con los derechos de la madre”. “La protección debe ser incremental”. “La legalización del aborto temprano es la mejor manera de proteger al embrión” (sic).

Juan Casañas (UCR, Tucumán): entregó 70.000 cartas de coprovincianos que pedían: 1º que en esa reunión no se dictamine, 2º que se haga una consulta popular y 3º que el debate se federalice porque “desde el interior tienen mucho para decir”. “Los diputados que hablan de los derechos humanos se olvidan de los derechos de los niños que están por nacer”. Dijo que se habla de las muertes maternas pero “se olvida a los 500.000 niños que mueren por año”, por ellos “nadie hace nada”, subrayó.

Miguel Ángel Barrios (PS, Sta. Fe): “hay que impedir los abortos y la única forma de impedirlos es con educación sexual y anticoncepción, ya están las leyes, tenemos que seguir insistiendo en el acceso real a esas dos cosas”. Manifestó que “el Congreso no es el ámbito de debate del comienzo de la vida” y señaló que en esa misma cámara están discutiendo “fecundación asistida” y “a nadie se le ocurrió caracterizar como delito el descarte o congelamiento de embriones”. “Estoy de acuerdo con que las mujeres que no pueden concebir recurran a la fecundación asistida y con que las que no quieren ser madres puedan interrumpir su embarazo en forma segura, eso es proteger su salud y respetar sus derechos reproductivos”, dijo el socialista.

María Luisa Storani (UCR, BsAs): mencionó que pertenece a un partido con posturas transversales pero también viene del movimiento de mujeres y elogió la labor de la “Campaña por el Derecho al Aborto”. Explicó que el movimiento de mujeres ve en esto un “problema de salud pública”, “de derechos humanos de las mujeres”, “de injusticia porque mueren las pobres”. Storani reveló que tiene una religión, “es creyente”, pero añadió que no legisla por su religión porque “ese es una tema interno e individual”, ella legisla “para todos y todas”. Se enorgulleció de ser firmante del proyecto de la Campaña.

Silvia Storni (UCR, Cba.): repitió que el aborto es un problema de salud pública que afecta a las mujeres pobres, vinculado con la violencia de género, con la educación y en particular con la educación sexual. Dijo que “el aborto se debe tratar de evitar siempre, no sólo por las consecuencias físicas sino también por las psicológicas que a veces perduran para toda la vida”. Pidió la legalización para terminar “con la injusticia y la discriminación”.

Cynthia Hotton (Valores para mi país): reclamó audiencias públicas, denunció que se haya escuchado sólo a 2 extranjeras y no a los especialistas argentinos. Resaltó que los diputados que dicen defender los derechos de la mujer se oponen a tratar el sistema de protección integral a la mujer embarazada que está en la Comisión de Familia. Pidió que se defiendan los derechos humanos de los más indefensos, los de los niños por nacer y sostuvo que “ningún embarazo en conflicto, fuera de las excepciones que plantea el Código Penal, justificaría terminar con la vida de un ser humano”.
fuente: NOTIVIDA

La Comisión de Legislación Penal del Congreso de Argentina someterá a votación 7 proyectos de ley que despenalizarían el aborto. Los promotores del aborto arguyen que buscan esta práctica para las primeras 12 semanas del embarazo.

Sin embargo, uno de los 7 proyectos que será debatido mañana elimina todos los artículos que penalizan el aborto, con lo cual esta práctica anti-vida podría realizarse durante todo el periodo gestacional, incluso hasta el noveno mes.

Ese proyecto (PL 0998-D-2010) señala en su primer artículo que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su gestación (aborto) durante las primeras doce semanas del proceso gestacional” y sin embargo revoca los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal Argentino.

Es decir, señala el PRI: “eliminarían todas las penas para cualquier tipo de aborto voluntario“.

Polo recuerda luego que “no es la primera vez que intentan este fraude“. En el año 2005 el presidente Lula, de Brasil, bajo la orientación de empleados de las agencias de la ONU, presentó a la Cámara de los Diputados un proyecto similar con la misma estructura.

Al principio afirmaba que toda mujer tenía derecho de practicar el aborto durante los tres primeros meses del embarazo pero los últimos artículos del proyecto revocaban los artículos del Código Penal que lo sancionaban.

En esa ocasión, explica Polo, “el fraude fue tan bien trabajado que hasta los diputados brasileños que estaban en contra del aborto no entendieron el verdadero alcance del proyecto. Felizmente advirtieron la artera intención 10 minutos antes de la primera votación en el Congreso y rechazaron tajantemente el proyecto“.

Carlos Polo dijo además que “es vergonzoso que un parlamentario se haya prestado a un fraude que ni siquiera es original“.

“Es innegable que este proyecto no fue concebido por la mente de un brasilero en el 2005 como ahora tampoco por un argentino sino que ha sido digitado desde organizaciones internacionales que desean cambiar la legislación en toda la región“, añadió.

Finalmente dijo que “debemos alertar a los parlamentarios honestos de la Comisión Penal para que denuncien el hecho y no permitan esta estafa. Seguramente los ciudadanos argentinos harán prevalecer su derecho a que los diputados legislen basándose en la realidad nacional y no en intereses extranjeros“.

A continuación la relación de correos y teléfonos de los diputados de la Comisión de Legislación Penal. Para llamar marque el número 00 54 11 6310 7100 y luego la extensión indicada. El mismo número de teléfono de voz sirve como fax. Para enviar uno, debe marcar la extensión y pedir la señal correspondiente.

Presidente, Juan Carlos Vega jvega@diputados.gov.ar, extensión 3115
1º Vicepresidente, Cristián Rodolfo Oliva coliva@diputados.gov.ar, extensión 2923
2º Vicepresidente Liliana Beatriz Parada lparada@diputados.gov.ar, extensión 3332
María Alejandra Veaute mveaute@diputados.gov.ar, extensión 2714
Oscar Edmundo Nicolás Albrieu oalbrieu@diputados.gov.ar, extensión 3310
Blanca Blanco de Peralta bblanco@diputados.gov.ar, extensión 3374
María Julia Acosta macosta@diputados.gov.ar, extensión 3314
Oscar Raúl Aguad oaguad@diputados.gov.ar, extensión 3614
Horacio Alberto Alcuaz halcuaz@diputados.gov.ar, extensión 2750
Ricardo Luis Alfonsín ralfonsin@diputados.gov.ar, extensión 3305
Esla María Álvarez ealvarez@diputados.gov.ar, extensión 2746
Raúl Enrique Barrandeguy rbarrandeguy@diputados.gov.ar, extensión 3133
Ivana María Bianchi ibianchi@diputados.gov.ar, extensión 2941
Patricia Bullrich pbullrich@diputados.gov.ar, extensión 2734
Diana Beatriz Conti dconti@diputados.gov.ar, extensión 2927
Omar Bruno de Marchi odemarchi@diputados.gov.ar, extensión 2954
Victoria Analia Donda Pérez vdondap@diputados.gov.ar, extensión 2732
Juan Carlos Forconi jforconi@diputados.gov.ar, extensión 2959
Natalia Gambaro ngambaro@diputados.gov.ar, extensión 3119
Graziela María Giannettasio ggiannettasio@diputados.gov.ar, extensión 2931
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra rgill@diputados.gov.ar, extensión 3663
Claudia Fernanda Gil Lozano cgill@diputados.gov.ar; extensión 2726
Rubén Orfel Lanceta rlanceta@diputados.gov.ar, extensión 2936
Ernesto Félix Martínez emartinezc@diputados.gov.ar, extensión 2962
Héctor Pedro Recalde hrecalde@diputados.gov.ar, extensión 3146
Jorge Rivas jrivas@diputados.gov.ar, extensión 3121
Héctor Daniel Tomas htomas@diputados.gov.ar, extensión 3120
Jorge Raúl Yomajyoma@diputados.gov.ar extensión 3311
cdonkin@diputados.gov.ar, gdutto@diputados.gov.ar, y ckunkel@diputados.gov.ar

fuente: ACI Prensa

Por Mónica del Río

La Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni, Vocal de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial elevó un petitorio al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes formulando objeción de conciencia a fin de que se la exima de la obligación de asistir a los Talleres para Magistrados, del “Plan para incorporar la perspectiva de género en la Justicia”, impulsado por la C.S.J.N. a través de la “Oficina de la Mujer” (O.M.), que depende directamente de la jueza Carmen Argibay.
Desimoni se vio obligada a hacer este pedido porque la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dispuso, mediante acordada, que los talleres fueran de “asistencia obligatoria para quienes cumplen tareas en los juzgados y tribunales colegiados” de la provincia. En el petitorio sostiene: “No invoco la objeción de conciencia para excusarme de resolver un caso sometido a mi decisión jurisdiccional, sino que la invoco porque desde la Superintendencia se me impone un adoctrinamiento en la perspectiva de género a través de la asistencia obligatoria a talleres que son parte de un programa que tiende a convencerme de la ideología que lo alienta. Dicho programa contraviene mis íntimas convicciones personales”.

El Plan para incorporar la perspectiva de género en la Justicia argentina
El “Plan para incorporar la perspectiva de género en la Justicia argentina” afirma en su presentación que “El concepto de género es una construcción social que se genera, se mantiene y se reproduce, fundamentalmente, en los ámbitos simbólicos del lenguaje y de la cultura. Sin embargo, mientras esos cambios culturales se producen, a la justicia le compete impulsar estas modificaciones, reproduciendo los nuevos roles y lugares para el quehacer de varones y mujeres en consonancia con los paradigmas internacionales ya modificados para aplicarlos a las relaciones entre los justiciables”.
El Programa diseñado por la O.M. de la Corte tiene como uno de sus objetivos “permitir la comprensión de que el concepto de género es una construcción social de la que todos participamos y que, por lo tanto, podemos transformar” (punto 2.b Objetivos parciales).
Para llevar adelante el Plan, la O.M. elaboró el “Protocolo de trabajo en talleres para una justicia con perspectiva de género” (hay protocolos para magistrados, funcionarios y personal administrativo de la justicia, validados por el Sistema de Naciones Unidas en Argentina). El proyecto ha sido respaldado por diversas agencias (ONU-Mujeres, UNICEF, PNUD, UNPFA, OPS) que prestarán ayuda financiera para su realización.
El Protocolo tiene en la ETAPA 1: un módulo de compromiso y transformación, previéndose que este compromiso pueda implicar, en algunos niveles, enviar periódicamente las resoluciones, proveídos y/o fallos, o completar encuestas, en las que la persona que haya asistido al taller considere que se ha aplicado la perspectiva de género en la dependencia en la que preste funciones a su cargo.
La ETAPA 4 consiste en A) el monitoreo por parte de miembros de la O.M. como de auditores externos, y B) Transcurrido un año de iniciada la réplica se realizará un encuentro de todos los actores involucrados a fin de evaluar la efectividad del programa … “El proceso se reiniciará una y otra vez” (www.csjn.gov.ar).
Los fundamentos de la objeción de conciencia de la jueza Desimoni
Reconocemos que nos cuesta extractar sólo unos párrafos de un petitorio, valiente e ilustrativo, que amerita su lectura completa.

Dice la Dra. Desimoni:
“La perspectiva de género es una ideología (es decir, es un sistema de pensamiento cerrado) que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos”. (.)
“Esta ideología propone la búsqueda de la “liberación total” del hombre en todos los órdenes, tras la de-construcción del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de la cultura, etc. Cuando el hombre se libere de todo eso -dicen- será libre”. (.)
“La ideología de género se plantea destruir una serie de realidades que denominan “roles”. Roles de la masculinidad y feminidad. Los ideólogos de género defienden que el ser humano nace sexualmente neutral y que luego es socializado en hombre o mujer”. (.) “La ideología de género no batalla por la equiparación de la mujer” -afirma- “sino que lucha para que no haya distinción de sexos, que es algo distinto.” (.)
“Todo ordenamiento positivo está basado en unos principios éticos, en una determinada visión antropológica y, en última instancia, en concepciones morales y sobre el hombre. Esta afirmación es válida aún manteniendo el correspondiente ámbito de autonomía y distinción entre derecho y moral. (.) Ni a nivel legal, ni a nivel personal, existen posiciones moralmente ‘neutrales’”.
“El esquema de valores, al que adhiero, se asienta sobre la convicción precisamente contraria a la que se me pretende impartir en los talleres de perspectiva de género, con asistencia obligatoria”:
“Desde la religión que profeso (católica apostólica romana) se sostiene que ‘La ideología de género es la última rebelión de la creatura contra su condición de creatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo: se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo; una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo’ (Cardenal Joseph Ratzinger)”.
“Entiendo que la diferencia entre hombre y mujer es natural, el sexo biológico viene determinado por los cromosomas XX en la mujer y XY en el varón. Es una misma naturaleza humana que se posee de modo distinto. Eso significa que la unidad y la igualdad entre el varón y la mujer no anula las diferencias entre ellos”.
“Para demostrar la sinceridad de la creencia, basta con referirme a que he jurado ‘por Dios, la Patria y los Santos Evangelios’ porque profeso la religión católica, apostólica, romana y como la postura de la Iglesia Católica frente a la ideología de género es de conocimiento público (.) constituye suficiente prueba de mis convicciones personales”.
“Adjunto libreta de familia cristiana, donde consta mi casamiento religioso y el bautismo de mis tres hijos”.
Sostiene Desimoni que el Plan, tal como fue diseñado por la Oficina de la Mujer de la C.S.J.N., contraviene el derecho a profesar libremente sus ideas y afecta su libertad de conciencia, porque “va más allá de simples exposiciones o sugerencias, clases magistrales informativas, porque está elaborado en etapas”, e incluye el monitoreo y la evaluación, tras los cuales se realizarán los ajustes necesarios y “el proceso se reiniciará una y otra vez!!!!!”. Finalmente clama: “Solo pido: Déjenme pensar distinto”.
fuente: NOTIVIDA

El 23 de septiembre, el Decano, Prof. Dr. Demetrio Mateo Martínez, el Vicedecano Prof. Dr. José Antonio Remis y el Coordinador General de Comunicación Institucional, Dr. Walter Rómulo Sigler; hicieron llegar a docentes, no docentes, egresados y estudiantes de las distintas unidades académicas dependientes de esa alta Casa de estudios, la declaración pública que reproducimos a continuación:

fuente: NOTIVIDA

Un diario en Argentina denunció la manipulación sobre las cifras que presentan algunos medios seculares que buscan favorecer el aborto y los acusó de difundirlas con total “irresponsabilidad periodística” para promover la despenalización de esta práctica anti-vida, cuando el tema hace parte del debate en el poder legislativo.

“Aborto: cifras engañosas, enfoques equivocados, resultados criminales” es el título del editorial del diario La Nación publicado el fin de semana, en el que el periódico cuestiona proyectos que “pretenden legalizar el aborto sobre estadísticas falaces“.

El editorial alerta que estas cifras falsas “logran por el efecto de la repetición, crear un sensible estado de emoción en los ciudadanos que podría inclinarlos a apoyar soluciones que no son tales“.

La Nación denuncia asimismo que “con total irresponsabilidad periodística” se difunde la cifra de 500 mil abortos clandestinos al año, cuando otros refieren 480 mil, y otros llegan a hablar hasta de 1 millón, “variabilidad que torna dudoso cualquier análisis“.

Otro argumento utilizado por los medios que favorecen el aborto, dice La Nación, refiere que “los abortos clandestinos, que la legislación en tratamiento buscaría evitar, provocan la muerte de entre 80 y 100 mujeres por año“.

Según estas cifras, “de los 500 mil abortos clandestinos, las fatales consecuencias para las madres sólo alcanzan al 0,02 por ciento, es decir, ocasionan 100 muertes por año, obteniendo una eficacia altísima si consideramos los escasos medios de quienes practican estas cirugías ilegales“.

“De más está decir que con esto no se pretende justificar los abortos clandestinos“, señala el editorial, y añade que “lo que sí buscamos es llamar la atención sobre el resultado” ya que no es creíble que de 500 mil abortos realizados en condiciones precarias, “sólo resulten fatalmente afectadas el 0,02 por ciento de las madres que se las practican“.

“Se habla también de un subregistro de mortalidad y problemas vinculados a prácticas abortivas a partir de que los ingresos en las guardias hospitalarias suelen darse por complicaciones posteriores que no dan debida cuenta del real origen de la dolencia“, sostiene el editorial.

Además, “ni una sola muerte debería producirse si ello fuese científicamente evitable, pero dudamos de que la aprobación de la legislación por tratarse, que incluye la transferencia de estas cirugías al ámbito de los hospitales públicos, produzca mejores resultados“.

“Tan grave como esta sospecha –agrega la nota– es el silencio estremecedor sobre las cifras de los niños muertos. Si se practican 500 mil abortos por año, 500 mil son los bebés que ven truncado su derecho a la vida constatable a partir de datos científicos como el ADN común a ambos padres desde la concepción“.

Finalmente se indica que sería conveniente por justicia y humanidad que se verificaran las cifras, que se publicaran de manera completa y que se terminara con la falsedad de que el que bebé que muere en un aborto es “un trozo de tejido de la mujer sobre el cual ésta tendría derecho a decidir“.

“No puede entenderse que, sobre estadísticas falaces, la misma ley que otorga al niño por nacer el derecho a heredar le niegue el incuestionable derecho a vivir“, concluye el editorial.

Para leer el editorial completo ingrese a:
http://www.lanacion.com.ar/1403128-aborto-cifras-enganosas-enfoques-equivocados-resultados-criminales

fuente: ACI Prensa 

Actitud: Jóvenes Pro Vida

El movimiento ciudadano Salvemos la Familia, con sede en San Juan, ha iniciado una campaña para que los padres de alumnos rechacen que sus hijos reciban una educación sexual contraria a sus creencias.

La iniciativa consiste en el envío de notas que deben ser impresas por triplicado, para presentarlos en los directivos de las respectivas escuelas, quedándose con una de ella a modo de acuse de recibo. “Las escuelas privadas ya presentaron su proyecto. Los niños de la escuelas públicas la única defensa que tienen es a sus padres”, se subraya en la convocatoria.

En la nota se expresa la preocupación por la “imposición” de contenidos sin consultar a los padres. “Una cuestión muy distinta es la referente a la ética sexual, que apunta a una lectura moral de cómo ejercer la sexualidad. Nos negamos a que alguien ajeno al entorno familiar le enseñe a nuestros hijos las pautas morales de ejercicio de la sexualidad humana, porque éstas obedecen al núcleo más intimo de las convicciones personales que los padres debemos inculcar en nuestros hijos”.

Reproducimos a continuación el modelo de carta documento que provee Salvemos la Familia. Puede encontrar más información en: http://www.salvemosalafamilia.com.ar/

 

Al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega (CC), aclaró que esta no fue una reunión de Comisión para tratar un proyecto sino una jornada sobre aborto. Considera Vega que éste ha sido un tema “silenciado y censurado” y que el “Congreso argentino tiene una larga deuda con este debate”. Afirmó que escuchaban todas las voces, “no sólo a los que están a favor de la despenalización del aborto”. Recordemos que hasta el presente la Comisión no comenzó formalmente con el estudio de los proyectos pero organizó dos jornadas, ambas con una única oradora y en los dos casos abortista.

Anticipó que en el marco del debate sobre aborto ella iba a hablar de los “derechos reproductivos de la mujer”. “La salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar importante en la agenda legislativa y en las políticas públicas”, aseveró.

Advirtió que están demandando al Estado de Costa Rica porque prohibió la Fecundación in Vitro, lo que implica para Mejía una violación a los “derechos de la mujer”. Y criticó a Nicaragua por restringir “el derecho al aborto”. “El aborto terapéutico es un servicio de salud especializado, necesario para las mujeres”.

Se refirió al caso de la mejicana Paulina Ramírez y al de la nicaragüense Amelia en la que los médicos, dijo, se acogieron a “un supuesto derecho de objeción de conciencia”.

Los problemas de salud de materna y el aborto son también “problemas de discriminación porque sólo los sufren las mujeres”, afirmó Mejía. Para la comisionada, evidentemente, no cuentan los niños por nacer asesinados.

Aseguró que lo previsto en el Pacto de San José de Costa Rica no contradice la legalización del aborto y aludió al caso “Baby Boy”.
Como la exposición de Mejía no añadió nada novedoso a los argumentos abortistas, no hacen falta nuevas refutaciones. Recomendamos al respecto el artículo del Dr. Ricardo Bach de Chazal, Inconstitucionalidad y no convencionalidad del aborto voluntario, donde se analizan todos los casos mencionados hoy por la Relatora de la CIDH.

Tras la exposición, Mejía contestó sólo las preguntas de algunos diputados; las de Ivana Bianchi y Cynthia Hotton las eludió. Bianchi le pidió que se defina respecto a la objeción de conciencia y le preguntó si contaba con estudios sobre las secuelas –físicas y psíquicas- del aborto. Hotton le preguntó si un proyecto de ley como el que garantiza los DDHH de la mujer embarazada y de los niños por nacer (expte. 8516/2010) que está en la Comisión de Familia no reduciría los problemas de salud materna en los que Mejía había hecho hincapié.

fuente Notivida

Fotografias: Mariano G. Pérez