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ADEMAS DE MIS ARTÍCULOS PODRÁN CONOCER LOS CASOS CON REPERCUSIÓN PUBLICA, EN LOS CUALES HE PARTICIPADO, YA SEA COMO DEFENSOR O COMO REPRESENTANTE DEL DAMNIFICADO.

DR. MARCELO ÁNGEL BIONDI

DEFENSAS-DENUNCIAS-QUERELLAS

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CAPITAL-PCIA. DE BUENOS AIRES-FEDERAL DE TODO EL PAÍS.

URGENCIAS PENALES: 011-155-5058082

CON ENTREVISTA PREVIA LUGARES DE ATENCIÓN:

MICROCENTRO: ESTUDIO MIGUEL ÁNGEL PIERRI,  Esmeralda 517, piso 3º, Dpto “A”.

SAN MARTÍN centro: Salguero 2153 , piso 11º, Dpto. “A”.

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EL DERECHO SE APRENDE ESTUDIANDO PERO SE EJERCE PENSANDO, NO TE EQUIVOQUES AL ELEGIR TU ABOGADO DE CONFIANZA.

Casos con repercusión: Juicio Oral -victima-Dr. Marcos Alonso

http://www.infoeme.com.ar/noticia.asp?id=43412

08/08 | EN LA CIUDAD DE AZUL

En tres días comienza el juicio oral y público por el homicidio del abogado Marcos Alonso

http://www.infoeme.com/noticia.asp?id=43560

11/08 | JUICIO POR EL CRIMEN DEL ABOGADO MARCOS ALONSO

En la primera jornada hubo contradicciones y fuertes alusiones a Gallastegui y Saladino.

http://www.infoeme.com.ar/noticia.asp?id=43673

15/08 | JUICIO POR EL ASESINATO DE MARCOS ALONSO

Las declaraciones de un preso y su pareja salpican para todos lados en la tercera jornada.

http://www.infoeme.com.ar/noticia.asp?id=44083

25/08 | LA TARDE DE LA NOVENA JORNADA

Caso Alonso: la víctima dejó huellas que reveló su celular con el poderoso sistema VAIC.

http://www.infoeme.com.ar/noticia.asp?id=44052

25/08 | CASO ALONSO. NOVENA JORNADA

El testimonio de un perito complicó por primera vez en el juicio a Juan Ramón Ibáñez.

http://www.infoeme.com.ar/noticia.asp?id=44318

01/09 | CASO ALONSO. DUODÉCIMA JORNADA DEL JUICIO

Según Eliseo Castilla Rocha, “la DDI se quedó con toda la merca de Olavarría”.

http://www.infoeme.com.ar/noticia.asp?id=44215

29/08 | CASO ALONSO. DECLARÓ A PUERTAS CERRADAS

Impactante testimonio del imputado Ibáñez: vinculó al comisario Juan Carlos Lazarte al hecho.

http://www.elpopular.com.ar/diario/2011/09/04/nota.html?idnota=114421

4 de Setiembre de 2011

Marcelo Biondi, abogado de la familia de la víctima

“Vamos a solicitar que se continúe investigando”

Para el abogado ya estaría probada la autoría material de los dos acusados, aunque se presume que hubo más personas involucradas en el caso. Y recordó que hay un prófugo.

“Es evidente que en este hecho no participaron sólo las dos personas que están imputadas. Hay un montón de testimonios que así lo señalan. E incluso, no hay que olvidarse que hay una tercera persona sospechada de participar en este crimen que tiene todavía vigente un pedido de captura”, explicó ayer el abogado Marcelo Biondi, integrante del estudio de Miguel Ángel Pierri y abogado de la familia de Marcos Alonso.

Para el profesional “ha quedado acreditado con el grado de certeza que requiere esta etapa la autoría material de las dos personas que están imputadas en la causa (Juan Ramón Ibañez y Roberto Eliseo Castilla Rocha)”, aunque “vamos a solicitar que se continúe investigando para esclarecer definitivamente este hecho”.

En cuanto al móvil del homicidio, para el abogado “fue un ajuste de cuentas, a raíz de una deuda económica que tenía el Dr. Alonso por algunas actividades que llevaba a cabo”.

Y, en el mismo sentido, opinó que la figura de Walter Omar “Narigón” Gallastegui como sospechoso de la autoría intelectual del crimen, “es justo decir ahora que a lo largo de todo este proceso hemos llegado a la certeza de que este señor es totalmente ajeno al hecho criminal que se investiga”, al margen de que “sí ha quedado probado en el juicio es que hubo un acuerdo entre el Dr. Alonso y el juez de Garantías Antonio Saladino para conseguir la libertad de este señor Gallastegui”.

http://www.infoeme.com.ar/noticia.asp?id=44989

19/09 | FALLO EN EL TRIBUNAL PENAL 1 DE AZUL

Reclusión perpetua para los acusados del crimen de Marcos Alonso y ampliación de la investigación

http://www.elpopular.com.ar/diario/2011/09/20/nota.html?idnota=115614

Edición
20 de Setiembre de 2011

“El juicio del miedo”

Uno de los aspectos, como si le faltara ya de por sí algún condimento al hecho, fue la presencia de un estudio jurídico capitalino asesorando la familia de la víctima. La firma Miguel Ángel Pierri & Abogados tomó la figura de particular damnificado y el doctor Marcelo Biondi presenció todas las audiencias y asesoró y defendió los intereses de la familia del abogado asesinado.

En diálogo con EL POPULAR, Biondi expresó su conformidad y no ahorró en conceptos y lecturas sobre cada una de las situaciones que se vivieron en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul. “La sentencia entendemos que estuvo de acuerdo con las pruebas que se produjeron en el debate y las que fueron aportadas por el Ministerio Público Fiscal”, apuntó. Asimismo, tuvo similar análisis sobre la calificación con la que concluyó la causa.

Designó como “horrendo” el crimen sufrido por el abogado penalista Marcos Alonso y subrayó la importancia de la continuidad de las investigaciones en búsqueda de los autores intelectuales y las otras personas que se vieron involucradas en el hecho. “Ya los resultados de las pruebas realizadas al dedal expresaron que al menos una persona más estuvo en la etapa ejecutiva, lo cual es un elemento no menor”, enfatizó.

Su domicilio en Capital Federal y la presencia en nuestra ciudad solo por este hecho lo convirtió en un espectador con una mirada distinta a la cual podría tener cualquier vecino olavarriense. Al respecto expresó que “Sorprendido no estoy, y acá se ve que ha actuado gente con poder, lo cual no necesariamente quiere decir que esté vinculada al poder. Es evidente que este hecho ha tenido una estructura y una logística que no común a algún matón de barrio o delincuente común”.

Siguiendo ese planteo, esbozó un análisis que no tiene desperdicios: “Considero que quien lo realizó tiene algún tipo de poder. La impunidad de matar de la forma que la mataron, de amenazar y amedrentar a los testigos como se vio durante el juicio y antes con el testigo de identidad reservada no es común en el marco de una ciudad en la que todos se conocen con todos”, subrayó.

“Este ha sido el juicio del miedo. Porque fue lo que se vio en la mayoría de los testigos que declararon y eso no es bueno, si hay miedo quiere decir que hay impunidad. El estado tiene que estar y corregir esta situación y, además, es el deber del ciudadano colaborar en esto”, enfatizó.

Respecto de la continuidad de la investigación hizo visible su deseo que la fiscal Susana Alonso tenga un mayor acompañamiento en la investigación, una cuestión que ya había sido reclamada por los familiares de Marcos Alonso, quienes habían destacado en su momento que la doctora había estado demasiado sola durante la instrucción. Con la intención de que esa situación no se repita, Biondi expresó que “la doctora Alonso no quede sola, de esa forma se hace todo más difícil. Con las complicaciones que ya tiene que encarar este tipo de investigaciones donde hay claras connotaciones mafiosas”.

En esa misma línea alentó nuevamente la continuidad de las investigaciones y subrayó también la importancia de estar atentos ante los recursos que sean presentados por la defensa de los imputados en Casación, para ver cuáles son los argumentos expresados. Por último, en concordancia con la familia Alonso, sentenció que todo este proceso “de algo tiene que servir”.

Casos con repercusión: Homicidio en Ocasión de Robo. Victima Ernesto Mata

Dos condenados en San Isidro

Por un brutal crimen, 25 y 20 años de prisión

La víctima, Ernesto Mata, era un querido comerciante de Martínez

Por Gabriel Di Nicola | LA NACION

uez hablan con su defensor antes de conocer la sentencia.

Salió de la sala de audiencias emocionada. Entre lágrimas, dijo que estaba conforme con el fallo, que se había hecho justicia. Y con la voz quebrada, agregó: “Me hubiera gustado que mi marido estuviera acá para escuchar la sentencia. Hoy, ellos [por los delincuentes] están fuera de circulación“. Sofía Rodríguez, la viuda de Ernesto Mata, se refería así a la sentencia de 25 y 20 años de cárcel que recibieron Sebastián Rodríguez Vázquez y María Alejandra Ortiz, respectivamente, por el asesinato a sangre fría de su esposo, un querido y respetado vecino y comerciante de Martínez, en el partido de San Isidro.

Los dos acusados fueron encontrados culpables por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la portación ilegal de armas de guerra.

Lo relevante de la sentencia de los jueces Hernán San Martín, Osvaldo Rossi y Federico Ecke fue que ubicaron a Ortiz en la escena del crimen la trágica noche del 11 de junio de 2008, cuando una banda delictiva ingresó en el domicilio situado en Necochea al 700, en Martínez. La imputada había llegado a la sala acusada de distribuir los roles y de haber repartido las armas entre los demás delincuentes.

“En el juicio se logró probar que ella [por Ortiz] estuvo dentro de la casa y tuvo que ver con la muerte de Mata. Como ambos delincuentes son reincidentes van a tener que cumplir completa la condena”, sostuvo a LA NACION el abogado Miguel Angel Pierri, que, junto con su colega Marcelo Biondi, representó a la familia de la víctima durante el debate.

Paradójicamente, los familiares de los dos condenados también se fueron conformes con el fallo. Antes de retirarse de la sala de audiencias, allegados a Rodríguez Vázquez, de 30 años, y a Ortiz, de 32, gritaron: “En 15 años los tenemos devuelta en el barrio”.

Ayer, cuando se dio a conocer el veredicto, la familia Mata estuvo acompañada del intendente de San Isidro, Gusta Posse; Marta Barberi, viuda del policía Aldo Garrido, que fue asesinado a sangre fría el 17 de febrero pasado en San Isidro, y Juan Carlos Blumberg.

“Hubiera deseado que les dieran unos años más, por lo menos los años que llevaba de matrimonio con mi marido. Pero siento que hubo justicia, lo que se les dio es lo justo”, sostuvo Rodríguez mientras recibía el saludo de vecinos de San Isidro.

El relato de la esposa de la víctima y de su hijo, Nicolás Mata, durante el juicio fueron claves para los jueces del tribunal y para el fiscal del juicio, Eduardo Rodríguez.

Madre e hijo reconocieron a Ortiz como la mujer que ingresó en su casa junto con los demás integrantes de la banda. La viuda no tuvo dudas. Recordó que esa noche Ortiz no habló pero dio órdenes a sus cómplices.

El lunes de la semana pasada, en su alegato, el fiscal Rodríguez dio por hecho que Ortiz había estado dentro de la casa de la familia Mata.

“No quedan dudas. Existe plena certeza. Cada vez se fortalecen más las palabras de la víctima [por la viuda]“, sostuvo ese día el representante del Ministerio Público y pidió 47 años de pena para Rodríguez Vázquez y 41 para Ortiz.

“Realmente fue alevoso lo que pasó en mi casa. Está bien [la sentencia], obtuvieron lo que merecían. Por ahí, la expectativa era un poco más, pero 20 o 25 años es un montón”, agregó Rodríguez.

Cada vez que hablaba de su marido, la mujer se quebraba en llantos. “Ernesto en todo momento estuvo con nosotros, protegiéndonos como esa noche protegió a mi hija para que no le pasara nada. Dio su vida por su familia”, afirmó.

La viuda se refería a que esa noche el comerciante intentó impedir que la banda delictiva usara a su hija Sofía, que en la actualidad tiene 17 años, como escudo humano. Mientras los ladrones intentaron huir por la puerta principal de la casa con la adolescente como rehén, Mata salió y a los gritos suplicaba: “¡Llévenme a mí!” Pero lo mataron de un balazo con una pistola 9 milímetros.

Tres delincuentes cayeron abatidos por las balas policiales. Se trata de Víctor Buera, Julián Gómez y Rubén Leguizamón. Según los jueces y el fiscal del debate, Ortiz, que en el momento del hecho estaba embarazada, y Rodríguez Vázquez escaparon por los fondos.

Mientras se retiraba de los tribunales de San Isidro, Barberi abrazó a Rodríguez y le dijo: “Tenés que tener mucha fuerza y paz”.

Anoche, según pudo saber LA NACION, Rodríguez y Pierri se iban a reunir con el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, para hablar sobre las críticas hechas por la viuda. En el debate la mujer afirmó que habían desaparecido entre 40.000 y 50.000 pesos que habían quedado en poder de los delincuentes abatidos.

Desde la trágica noche en la que Mata perdió la vida, su mujer y sus hijos no volvieron a vivir en la casa de la calle Necochea. Primero, se mudaron a un hotel; hoy, alquilan un departamento. El chalet está en venta.

“Los jueces se portaron bien. A Ernesto nadie nos lo va a devolver, pero por lo menos éstos [por los condenados] van a estar adentro”, sostuvo a LA NACION Manuel Mata, hermano de la víctima.

El hermano del comerciante asesinado, emocionado, contó que cuando su madre, Sara Pozo, se enteró de lo que le había pasado a su hijo, se murió de tristeza. “Se nos fueron los dos”, afirmó.

http://www.lanacion.com.ar

CASOS CON REPERCUSIÓN: BARRIO MACABI

Conmoción por un asesinato en San Miguel

Claudio Rosujovsky no se resistió a que le robaran su automóvil. Descendió de su Volkswagen Vento y le entregó las llaves a uno de los dos delincuentes…

06.12.2008 | Información general Edición impresa/lanacion.com

Caen dos acusados de matar a Rosujovsky

Cuando los dos hombres lo interceptaron en el semáforo de Mitre y Defensa, en San Miguel, el ingeniero Claudio Rosujovsky no se resistió. Se bajó de su Volkswagen Vento y les entregó a los dos sujetos que lo apuntaban las llaves de su vehículo…

13.12.2008 | Información general | Edición impresa

Se entregó un hombre sospechado de haber instigado el crimen de Rosujovsky

…sospechado de haber instigado el asesinato del ingeniero Claudio Rosujovsky que permanecía prófugo desde hacía nueve días…

14.12.2008 | 08:59 | Información general lanacion.com

Admiten que pudo haber un entregador en el crimen del ingeniero

…la hipótesis que maneja la policía bonaerense….

06.12.2008 | 10:46 | Información general lanacion.com

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http://www.26noticias.com.ar/

Negaron excarcelación a presunto autor intelectual de crimen de ingeniero

La jueza sospecha que Cristian Agesta fue quien brindó datos a los dos presuntos delincuentes que asesinaron al directivo de Macabi cuando éste iba a pagar sueldos al club.

El Juzgado de Garantías número 6 de San Martín le negó hoy la excarcelación al contratista detenido acusado como presunto autor intelectual del crimen del ingeniero Claudio Rosujovsky, ocurrido el pasado 6 de diciembre en la localidad bonaerense de San Miguel.
Se trata de Cristian Javier Agesta, de 30 años, quien según la defensa encabezada por el estudio del abogado Miguel Ángel Pierri es víctima “de una deficiente investigación policial”, por lo que ya apeló esta decisión.

Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, la medida fue dispuesta por la jueza Elena Gabriela Persichini Marco, que sospecha que Agesta fue quien brindó datos a los dos presuntos delincuentes detenidos sobre los movimientos de Rosujovsky.
El contratista ya había declarado ante el fiscal de Malvinas Argentinas Daniel Moccia y negó la responsabilidad que se le atribuye en los hechos, aunque permanece en prisión.
La defensa de Agesta, a cargo de Marcelo Ángel Biondi, apeló la medida tomada por la jueza de Garantías ya que a su criterio “no existen los denominados peligros procesales, el imputado compareció voluntariamente y no hay ninguna constancia en la causa que indique sospechar sobre alguna acción real concreta” contra su defendido.
Además, en el juzgado donde se tramita la causa existe el testimonio de una arquitecta que refiere que Agesta fue despedido por la víctima en septiembre pasado en malos términos, algo que “fue desvirtuado por otros testigos presenciales”, según la defensa.
Agesta se entregó el domingo 14 de diciembre a la Policía, luego de que la Justicia dictara su orden de captura ante la sospecha de que fue quien brindó datos a dos delincuentes sobre los movimientos de Rosujovsky.
El ingeniero fue asesinado el 5 de diciembre cuando iba al country que el club judío Macabi -del que era directivo- posee en San Miguel y fue sorprendido por los maleantes al detenerse con su auto Volkswagen Vento en un giro a la izquierda del semáforo ubicado en Balbín y Defensa.
Los delincuentes lo obligaron a bajar del vehículo y le dispararon por la espalda sin que se resistiera, para luego robarle un maletín con dinero y el auto, que apareció horas después abandonado.
Hace algunas semanas, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Miguel detuvo a dos hombres de 33 y 42 años acusados como los autores materiales del crimen del ingeniero, y en poder de uno de ellos encontraron dos raquetas con sus fundas que le habrían sustraído a la víctima y una pistola calibre 9 milímetros que se habría usado en el hecho.
Los tres detenidos están acusados por la presunta comisión del delito de “homicidio calificado por alevosía criminis causa”.

Liberan al sospechoso de ser el “entregador” del directivo de Macabi  asesinado

(DyN) El contratista Cristian Javier Agesta, que estaba detenido como presunto entregador del ingeniero Claudio Rosujovsky, directivo del club judío Macabi asesinado hace un mes en San Miguel, fue liberado por “falta de mérito”, informó…

09.01.2009 | 02:01 Información general lanacion.com

Cristian Javier Agesta fue sobreseído por la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 6 del Departamento Judicial de San Martín, Dra. Gabriela Persichini Marco.

Dr. Marcelo Ángel Biondi

Homicidio en Ocasión de Robo (art. 165 CP)

El tipo penal de homicidio en ocasión de robo según un sector mayoritario de la doctrina es una figura compleja,  que consta la unificación de dos infracciones (con motivo de un robo se produce un homicidio), cuya fusión da nacimiento a una figura delictiva nueva, superior en gravedad a las que la componen si las tomamos aisladamente, denominada históricamente como “latrocinio” u homicidio con motivo o en ocasión de robo.

En el homicidio que resulta con motivo u ocasión de un robo el autor no procede en un sentido estricto con el designio de matar por más que luego en el momento de llevar a cabo el robo actúe con intención homicida. La figura  prevista por el art. 165 del C.P., contiene un elemento de naturaleza normativa cuya finalidad es la de funcionar como circunstancia agravatoria del delito básico de robo a mi criterio.

Eugenio Raúl Zaffaroni (en su obra Derecho Penal Parte general) sostiene que algunas disposiciones legales abarcan una complejidad de acciones o aportan una solución particular para casos que de no existir la previsión expresa serían resueltos por las reglas del concurso ideal cuando no exista una figura compleja, con lo cual queda claro que son excepciones a lo dispuesto por el Código Penal en materia de concurso de delitos.

La jurisprudencia plenaria emana del máximo Tribunal Penal de la provincia de Buenos Aires, ha resuelto que el homicidio en ocasión de robo no admite tentativa, es decir producido el homicidio el ilícito contemplado en el artículo 165 queda consumado, aún cuando el hecho de la sustracción sólo haya alcanzado el grado de conato.

Conforme el fallo plenario siempre que se produzca el homicidio quedara consumado el delito, sin importar el grado que haya alcanzado el hecho de la sustracción. Ahora bien resulta también interesante para pensar algunas cuestiones,  en el Código Penal todos los delitos descriptos en la parte especial se refiere a delitos consumados, no existen tipos penales que establezcan las diferencias entre un delito consumado y tentado, siendo clarísimo el art. 42 del Código de fondo que contiene una fórmula genérica extensiva de la tipicidad a los desarrollos causales anteriores a la consumación de cualquiera de los delitos previstos la parte especial del Código, dado que de lo contrario de no encontrarse el artículo mencionado las conductas tentadas quedarían impunes.

Por otra parte no es un tema menor que el legislador ubico el homicidio en ocasión de robo dentro de los delitos contra la propiedad, debiéndose analizar como juega con respecto al plenario el principio de legalidad y una resolución judicial que no resulta en beneficio del imputado.
Más allá de lo expuesto lo cierto es que a la fecha conforme el plenario citado el delito previsto por el art. 165 del CP no admite la tentativa, siempre se tendrá por consumado si se produce el delito contra la vida sin importar en qué grado de exteriorización se encuentre el delito contra la propiedad.

Dr. Marcelo Ángel Biondi.

Pergamino: Condenaron a la mujer que agredió al director del colegio

Susana Enriquez, de 35 años, fue encontrada culpable en primera instancia y condenada a la pena de 4 años de prisión por el Tribunal Oral Criminal de Pergamino por el hecho del que fuera víctima Ricardo Fusco, director de la Escuela Secundaria Básica 11, (fallo 24/08/2012).

Hace unos días, la fiscal de la causa, Dra. Patricia Fernández, acuso a la Sra. Susana Enriquez de los hechos delictivos que a su criterio configuran los delitos de lesiones graves y coacción agravada, solicito se la condene a 9 años de prisión, luego de formular su alegato la representante de la sociedad dijo a los medios de prensa   ”Aspiro a que sea una sentencia ejemplificadora y de prevención general”.

El  art. 149 bis del CP contiene en su redacción dos figuras básicas correspondientes a dos clases de delitos que atentan contra la libertad individual en su aspecto psíquico.  Por una parte el delito de amenazas, el cual consiste en anunciar a otro un mal futuro, posible, grave, injusto y cuya producción dependen de la voluntad del sujeto activo, por supuesto la victima debe tener capacidad de comprender la materialidad del hecho ya que de lo contrario la amenaza carece de eficacia, ya que al no comprender el significado amenazador no sería posible el amedrantamiento o la alarma.
En el delito de coacción, las amenazas son utilizadas con el fin de obligar a la victima a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, el art. 149 ter del CP, prevé el tipo penal agravado.

El Art. 90 del CP enumera una serie de resultados que configuran el delito de lesiones graves (Debilitación permanente de la salud, sentido, órgano o miembro, dificultad permanente de la palabra, peligro para la vida del ofendido, inutilización para el trabajo por más de un mes, de formación permanente del rostro) y prevé la pena de reclusión o prisión de uno a seis años. Todos los delitos mencionados son dolosos.
Sin referirme a la valoración probatoria dada por el Tribunal Oral Criminal que motivo el veredicto y sentencia, porque no participe del juicio oral, el Excmo. Tribunal ha entendido subsumir el hecho en el tipo penal previsto por el art. 90 del CP, Lesiones graves, individualizando la pena en 4 años de prisión (recordemos que ese delito prevé de 1 a 6 años de prisión o reclusión).

Por un lado, comparto que no se escogió la otra figura penal solicitada en la acusación fiscal (coacción agravada), la propia funcionaria en los medios de comunicación antes de darse a conocer el fallo, había manifestado lo siguiente “espero una sentencia ejemplificadora”, lo que supone la pérdida del objetividad que debemos exigir en un obrar desvinculado del interés individual y subjetivo así como del fin de venganza de la persona que circunstancialmente integra el Ministerio Público, a mi modo de ver la acusación se involucra con un pedido de sanción que contenga una verdadera repercusión social. A continuación en forma breve tratare más allá de las distintas teorías de determinación de la pena, los parámetros que fija el propio Código de fondo a los efectos de establecer la pena los encontramos en los preceptos que a continuación detallo: El artículo 40 del Código Penal prescribe que para determinar la pena dentro del marco penal señalado por cada figura legal, deben tomarse en consideración las circunstancias atenuantes y agravantes particulares de cada caso.

Por su parte, el artículo 41 del mismo cuerpo legal brinda las pautas que deben valorarse. Esta última norma enumera en forma no taxativa cuáles son los criterios decisivos al momento de fijar la pena. Se trata, por consiguiente, de una enumeración enunciativa y explicativa que no excluye uno solo de los elementos referentes a la persona o al hecho dignos de ser considerados. El ilícito culpable es la base de la determinación de la pena pues la sanción penal debe ser proporcional al ilícito cometido, de lo que se infiere que la medida de la pena se gradúa fundamentalmente de acuerdo a la gravedad de la culpabilidad y, en este sentido, los factores generales y los individuales son decisivos para la determinación del grado de culpabilidad y la gravedad de la pena. Luego de haber individualizado la figura legal aplicable al caso, el juez debe valorar qué alcance tuvo la lesión jurídica, analizando la magnitud y cualidad del daño causado. La intensidad y la extensión de la lesión del bien jurídico (gravedad de las lesiones corporales, duración de la privación de la libertad, etc, deben ser valoradas).  No debe obviarse que existe la prohibición de la doble valoración.

Las circunstancias referidas al hecho y a la culpabilidad: En todos los casos cobra especial relevancia la naturaleza de la acción y los medios empleados para llevarla a cabo el hecho, la ejecución del hecho pertenece la elección de la modalidad de comisión del ilícito, para lo cual es necesario conocer en qué lugar u hora fue cometido, siendo útiles para revelar la gravedad del ilícito.

Los medios utilizados para consumar el delito y la peligrosidad emanada de ellos, ocupan un lugar importante en la determinación judicial de la pena. Debe cuidarse el magistrado de todas estas circunstancias no evaluarlas doblemente. La  intervención de varias personas en un hecho delictivo, revelará un ilícito más grave en cuanto represente un mayor poder ofensivo para la víctima.

Los motivos que determinaron al autor a cometer el delito está haciendo referencia a uno de los contenidos de la culpabilidad, al momento de evaluar cuáles fueron los motivos  debe tomarse en cuenta la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio o de los suyos. (Por ejemplo disminuirá el reproche penal una condición económica baja en un delito contra la propiedad). Por el contrario, si actuó motivado  por odio, codicia, con placer ante un delito contra la vida o integridad física de una persona, la doctrina es conteste en valorar este tipo de motivaciones en contra del imputado,  agravando el reproche penal.  A las circunstancias personales del autor pertenecen, entre otras, su edad, su estado de salud, su sexo, su inteligencia, su educación su posición profesional y social. La ausencia de antecedentes será un atenuante y la declaración de reincidencia agravara la pena. En el caso en particular de Pergamino, dando mi opinión técnica,  entiendo que el Excmo. Tribunal emitió un veredicto justo (encontró a la imputada culpable), y en cuanto a la sentencia considero que se aplico un pena ejemplificadora, cuestión que se aleja de las agravantes y atenuantes para determinar la misma, será importante para la defensa mediante el recurso de Casación poder reducir la misma, (no obstante el excesivo plazo de estos recursos, esto por el colapso en la justicia y la falta de medios técnicos y humanos no por responsabilidad de los Sres. Jueces).

Asimismo, me llama la atención que a la imputada al comienzo de la causa se le concedió el derecho (no beneficio a mi criterio) de una atenuación de la prisión preventiva, luego revocada para dictársele la prisión preventiva, medida de encierro que a la fecha cumple en una unidad penitenciaria.  Atento el principio de inocencia, (la sentencia penal firme es la única que quebranta el principio de inocencia), en el caso en particular durante el proceso, sino se avisoran peligros procesales en sus dos manifestaciones fuga (por ej. ausencia de domicilio fijo) o entorpecimiento probatorio (este último a la fecha desaparecido al haber precluido el debate oral), la misma resulta injustificada, por lo tanto en el caso de Enriquez solo en el caso de que se encuentren constatados los peligros procesales se encuentra correctamente encarcelada.

Hoy en nuestro sistema judicial encontramos personas que no arriban privadas de su libertad al juicio oral sino se constatan peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, luego al ser condenadas en primera instancia permanecen en libertad hasta que se confirme el fallo que se dicto en su contra.  (Entre otros tantos: Juicio Acro, Juicio Cromañon, Juicio Grassi) y otras personas que ante ausencia de peligros procesales en el caso concreto si llegan al debate oral encarceladas.

Dr. Marcelo Ángel Biondi

JUICIO POR JURADOS. Breve comentario.

La Constitución Nacional consagra el juicio por jurados en tres artículos, el art. 24: “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”; por su parte el art. 75 inciso 12 determina, como una facultad del Congreso, “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, ……………………. y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados”; y el art. 118 reza: “Todos los juicio criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego de que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicio se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”.

Bidart Campos sostiene que “la obligación constitucional de implantar el jurado no ha sido impuesta por la Constitución en una forma urgente o imperiosa. Ha sido impuesta al Congreso para el momento en que él considere que debe establecerse el jurado.”

La Corte Suprema, última intérprete de las normas constitucionales, tiene dicho en el caso ‘Loveira’ que “la Constitución Nacional no ha impuesto al Congreso el deber de proceder inmediatamente al establecimiento del juicio por jurados”.

Las raíces de esta institución las encontramos en Grecia en las Asambleas Populares

Muchos autores aceptan el origen anglosajón de esta figura, algunos aseguran que se desarrolló en Inglaterra proveniente de antiguas tribus germanas, otros sostienen que los escandinavos que invadieron Normandía fueron los que llevaron el juicio por jurado a Inglaterra,

El sistema clásico de jurados es el anglosajón,  aquel en el que jurado es integrado en forma íntegra por jueces legos (sin conocimiento en derecho), es el adoptado en Inglaterra y EE.UU.

El sistema de escabinos es aquel en que los jueces legos y los jueces profesionales deliberan y deciden conjuntamente. Está vigente en Alemania, Francia, Italia.

Un tercer sistema totalmente en desuso es el compuesto  íntegramente por jueces legos que decidían sobre la culpabilidad y sobre la pena

Entre los argumentos a favor de la implementación del juicio por jurados puedo mencionar los siguientes: el más importante es la participación del pueblo en la administración de justicia, los jurados legos al no estar vinculados a la Ley, harán apreciación de la prueba conforme su intima convicción (influirán los valores morales), es una garantía para el imputado que será juzgado por sus pares, si funciona correctamente generara una verdadera independencia del poder judicial con respecto al poder político, es importante que la selección del jurado abarque la mayor cantidad de sectores posibles.

Entre los argumentos en contra del juicio por jurados observo los que a continuación detallo, en primer término conforme lo dicho por la CSJN, en lo referente a que la Constitución Nacional no ha impuesto al Congreso el deber de proceder inmediatamente al establecimiento del juicio por jurados, debemos analizar si conforme nuestra idiosincrasia es este el momento para implementar el sistema Anglosajón, y no resulta una cuestión menor las diferencias que observo entre la sociedad Inglesa (Pirata) y la nuestra.

La falta de formación para analizar cuestiones técnicas por parte de quienes no tienen formación en derecho, la influencia en el jurado de sus creencias personales, y la que ocasionaran los medios de comunicación en causas hiper mediáticas, que muchas veces influyen en determinados jueces, no podemos descartar que afectara la imparcialidad del jurado, el elevado costo para desarrollar la implementación de este instituto, la seguridad de los jurados (no solo durante el juicio) sino luego de llevado a cabo el mismo, dado que todos serán vecinos de la jurisdicción donde se realice el juicio, aclarando que el sistema comenzara aplicarse en delitos graves. (No podemos olvidar que hace pocos años desapareció un testigo en democracia, y que el jurado no tendrá la misma seguridad que tiene un Juez).

A continuación transcribo la opinión de quien a mi criterio es el mejor jurista que ha dado nuestro continente, El actual Ministro de la CSJN, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni dijo al diario Página 12, “El juicio por jurados no funciona en ningún lado, si por jurado entendemos el modelo tradicional. No funciona porque tiene un inconveniente técnico: no se puede distinguir del todo la cuestión de hecho de la cuestión de derecho. Nadie puede decidir si hubo o no una legítima defensa, un estado de necesidad, un error invencible de algún tipo o una incapacidad psíquica, si no sabe lo que es. Y eso no se explica en cinco minutos por el juez. No hay juez capaz de explicarle a un lego todo el derecho penal que enseñamos en dos o tres años de universidad en cinco minutos”.

Otra cuestión importante tiene que ver que en el sistema anglosajón  el veredicto que emite el jurado se limita a votar en secreto por un lado si está probado o no el hecho en que se sustenta la acusación y  si es culpable o no el acusado.

En caso de dictarse veredicto de culpabilidad no será fundado el mismo, si será fundada la sentencia que dictara el Tribunal. (Calificación legal, agravantes y atenuantes y pena), esta contendrá las instrucciones dadas por el juez antes de que el jurado pase a deliberar para luego votar y el veredicto.

Es decir el imputado no conocerá de que manera el jurado ha valorado las pruebas que se produzcan en el juicio, tampoco el razonamiento efectuado para expedirse por un veredicto de culpabilidad, tampoco la acusación conocerá los fundamentos en caso de que el veredicto sea por la no culpabilidad.

Por lo tanto entiendo que en caso de condena en estas condiciones por un lado encuadra en la doctrina de la arbitrariedad emanada de la CSJN y por el otro incumple lo establecido por el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por imperio de estos tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución en el año 1994, en caso de condena todo inculpado tiene derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, y esa revisión debe ser amplia, esto quiere decir refutar los argumentos de la sentencia en cuanto a el derecho, el hecho, la valoración y recepción de la prueba.

Lo que no resulta posible con un veredicto no fundado, que en mi opinión afecta el debido proceso legal y la inviolabilidad de la defensa en juicio, el derecho a la revisión amplia del fallo ha sido consagrado por nuestra CSJN, en el precedente “Casal” del año 2005, resolución que tiene como antecedente el caso “Herrera Ulloa vs Costa Rica” de la Corte Interamericana. Asimismo el informe del caso  ”Mohamed vs Argentina, se perfila en un fallo de la C.I.D.H en igual sentido con respecto a lo expuesto.

Conforme el sistema tradicional de juicio por jurados el recurso de Casación al que tendrá acceso el imputado se limitara a las cuestiones de derecho (de la sentencia), no pudiéndose refutar la valoración probatoria realizada por el jurado en el veredicto (dado que no se encuentra fundado), solo se podrá impugnar la nulidad del veredicto en caso de no cumplir algún jurado los requisitos que estipulara la Ley (edad, incompatibilidades, idoneidad psicofísica, imparcialidad, etc).

Permítaseme ser reiterativo pero dado que el veredicto no es fundado (sistema Anglosajón), no se podrá revisar la prueba, dado que no será valorada lógicamente por el jurado, En la inteligencia de lo mencionado, no existirá recurso que permita revisar la prueba en ulteriores instancias si rige el sistema de juicio por jurados, Que alguien sugiera mediante que invento cuando este establecido el instituto Anglosajón en la Argentina se podrá proceder como en los últimos meses en el caso de Fernando Carrera, condenado a 30 años de prisión, privado de su libertad 7 años, hasta que fue excarcelado por el Tribunal Oral Criminal nro. 14, luego de que la CSJN, dijo entre otras cosas que la valoración probatoria efectuada en el caso había sido arbitraria, citando el mejor ministro y jurista Dr. Zaffaroni en su voto el fallo Casal (derecho revisión amplia incluida la prueba).  Sin dudas una causa armada por personal policial y donde quiero creer que funcionarios judiciales individualizados en las actuaciones con anterioridad a la intervención del máximo tribunal federal intervinieron de buena fe.  Me pregunto cuántos Fernando hay en las unidades penitenciarias en la Argentina.  Cito uno Juan Manuel Palmisano, detenido injustamente por el secuestro extorsivo de Alan Sancho, ocurrido en San Martin en el año 2008, imputado de ser el instigador del hecho sin prueba que lo sustente.

Asimismo un tema no menor es que en caso de veredicto de no culpabilidad y por consiguiente sentencia absolutoria, el Ministerio Público Fiscal y el querellante (o particular damnificado), no puede recurrir dicho resolutorio.  En el orden de idea mencionado traigo a colación el caso conocido en los medios como el del “Tirador de Belgrano”,  donde a raíz del recurso de casación que presento la fiscalía luego de la absolución dictada durante el juicio oral, se hizo lugar al mismo y se deberá determinar en el nuevo juicio si el imputado Ríos pudo comprender la criminalidad del hecho y dirigir sus acciones.

Los jurados populares surgieron cuando los jueces eran nobles designados por el rey, y los hijos del pueblo querían ser juzgados por sus pares.

En los Estados Unidos solo el 3% de los juicios llegan se realizan mediante este instituto, y un caso emblemático ha sido el caso  O.J. Simpson, donde se lo imputaba de los  homicidios de su ex-esposa y de un amigo de esta, luego de un proceso largo, ampliamente cubierto por los medios y polémico dado que surgió una cuestión racial, Simpson fue absuelto en sede penal. Posteriormente 3 años después fue declarado culpable de las muertes en el proceso civil.

En el año 1949 se suprimieron los artículos 24 y 67 inciso 11 que hacían referencia al juicio por jurado, En el año 1956 se restaura la vigencia de la Constitución Nacional del año 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, sin incluir las producidas en el año 1949.

He participado en los 13 capítulos del primer programa sobre juicio por jurados, “Fallo & Veredicto”, emitido por la señal A24, con la conducción del Dr. Miguel Ángel Pierri y Karina Ranni, en las distintas emisiones los Domingos a las 15 hs., con repetición a la medianoche,  hemos informado y debatido sobre este instituto, con la participación de distintos colegas, juristas y miembros de la Asociación Argentina de juicios por jurados.

Para finalizar esta breve reseña, debo mencionar que en caso de implementarse el juicio por jurados el mismo debería ser el de los escabinos, que es el que se encuentra funcionando en la provincia de Córdoba.  Por  otra parte debería consultarse a los ciudadanos si están dispuestos a participar como jurados, esa es la única forma de que el Congreso pueda tomar conocimiento si este es el momento oportuno para establecer el instituto.

Dr. Marcelo Ángel Biondi

SALIDAS TRANSITORIAS. DEBE DIFERENCIARSE EL TRATAMIENTO DEL PROCESADO Y DEL CONDENADO. Breve comentario.

Con el advenimiento de la interacción de distintas ONGs, ha generado repercusión pública las salidas a favor de personas privadas de la libertad autorizadas por la justicia y solicitadas por el Servicio Penitenciario Federal a distintos actos políticos o eventos culturales.

En primer término debemos dejar en claro que las salidas autorizadas son con respecto a personas procesadas, es decir las mismas no tienen al menos a la fecha sentencia penal firme, en las causas que se encuentran imputados, cuestión que no es menor, dado que en contrario a la opinión de grandes juristas, entiendo que el principio de inocencia solo se quebranta definitivamente con una sentencia penal firme, es decir no comienza a debilitarse con una sentencia no firme adversa.  El tratamiento de un procesado ante un pedido de salidas extraordinaria para una actividad que lo amerite debe ser atendido favorablemente a mi criterio, cuando menciono a una actividad que lo amerite no me refiero a que sean actos de  política partidaria, por el fundamento que expondré a lo largo del presente.

No debemos confundir las salidas transitorias previstas por la Ley de Ejecución Penal (24.660), con las llamadas salidas extraordinarias o traslados temporales, estas últimas tienen que ver con el concurrir a la inhumación de un familiar, a una actividad cultural (en más de una oportunidad tuve incluso defendidos que participaron de eventos de fotografía, de exposiciones literarias, en distintas provincias Argentinas, cuestión que “prima facie” y analizando cada caso en particular  me parece  acertada.

Creo que desde hace años tenemos problemas en política criminal, las cárceles no cumplen con el mandato Constitucional, el patronato de liberados no funciona eficientemente, la mayoría de las personas que egresan de un penal no salen resocializados, y en muchos casos tampoco tienen posibilidades de reconstruir su vida, sin acceso a un trabajo digno, ello sumado a otros factores dan como resultado que reincidan nuevamente en el delito.

Una buena opción es a mi criterio en el caso de los procesados que se encuentran cumpliendo la medida de coerción más gravosa (prisión preventiva), considero que debe recurrirse con mayor frecuencia al instituto de la morigeración de la prisión preventiva, sea con la prisión domiciliaria, o con salidas laborales o para afianzar vínculos familiares, siempre analizando prudentemente cada caso en particular y con un funcionamiento eficiente del patronato de liberados, que no debe ser el de estos días. El Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, en su art. 163 tiene previsto el instituto.

En el ámbito nacional, debe producirse una reforma urgente del Código Procesal, hoy inquisitivo para adaptarlo al sistema acusatorio, y allí incorporar el instituto de la morigeración de la prisión preventiva expresamente.

Mientras tanto a nivel nacional, dado que la situación de un procesado no puede ser más gravosa que la de un condenado, se recurre para solicitar la prisión domiciliaria al  Código Penal, que en su art. 10 establece que podrán a criterio del Juez competente, cumplir la pena de prisión o reclusión en detención domiciliaria: El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida el adecuado tratamiento de su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario. El interno que parezca una enfermedad incurable en periodo terminal.  El interno discapacitado. El mayor de 70 años. La mujer embarazada o la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo.

Con lo expuesto hasta aquí, atento el principio de progresividad de la pena, el principio de inocencia en el caso de procesados y la efectiva resocialización de las personas privadas de su libertad personal, me encuentro a favor de las salidas temporales y sobre todo de la morigeración de la prisión preventiva, en el caso de los condenados el tratamiento adecuado es en el marco de la Ley 24660, es decir, la salidas transitorias se obtienen al cumplir la mitad de la pena (en las penas temporales sin la accesoria del art. 52 del CP y 15 años en la prisión perpetua, pudiendo a los 20 años incorporarse al régimen de semilibertad, hoy a raíz de la última reforma se reducen los plazos de cumplimiento para quienes cursen estudios).

Resulta claro que en el régimen actual si algún procesado dado el excesivo tiempo de la duración de los procesos se encuentra en las condiciones de obtener salidas transitorias previstas por la Ley 24660, las mismas deben concederse.

Sería saludable y llenaría de salud a nuestro estado de derecho, que se encuentre regulada la actividad de las distintas ONGs que realizan tareas en las unidades penitenciarias, dado que no comparto la autorización de salidas para actividades de política partidaria, entiendo que la persona privada de libertad, dado esa situación fundamentalmente se encuentra en inferiores condiciones de elegir libremente en que espacio pretende militar (procesados).

Las salidas transitorias propiamente dichas permiten al condenado ausentarse por un corto periodo de tiempo de la unidad penitenciaria, generalmente los fines de semana, se clasifican por el tiempo de detención (requisito por ejemplo: si se trata de una pena temporal sin la accesoria del art. 52 del CP,  haber cumplido la mitad de la pena), el motivo y el nivel de confianza, bajo qué condiciones las fijara el Juez de Ejecución.

HOMICIDIO o SUICIDIO? Breve comentario.

Lujan Peñalva y Yanina Nüesch el sábado 14 de Julio de 2012, fue el último día que mantuvieron contacto con sus allegados, desde entonces la ausencia de las mismas género una intensa búsqueda en la ciudad de Salta, dos días después fueron encontradas muertas y con signos de ahorcamiento en un árbol cerca del barrio en el que vivían.

Desde aquel momento comenzaron las distintas hipótesis con respecto a la reconstrucción de la verdad histórica del hecho por el cual perdieron la vida las dos amigas.

Ante este tipo de casos la actuación judicial debe ser muy prudente, dado que luego de todas las medidas probatorias de rigor, en caso de cerrar la causa, entendiendo que nos encontramos frente a un suicidio, el Juez no debe tener duda alguna.

A propósito del suicidio en nuestro derecho contemporáneo debo aclarar que no es punible, si lo es la instigación o ayuda a llevarlo a cabo. Muchos años atrás la sanción, dado la influencia religiosa, para quien se quitaba la vida era sobre sus bienes.

En este caso voy analizar la hipótesis de un pacto suicida entre las amigas, dado la información que tengo de la causa, que desde ya no es la vista de la misma, por ese motivo el presente es solo una posibilidad de reconstrucción histórica del hecho.

Del examen de los cadáveres, del estudio del área circundante, la recolección y protección de rastros, huellas, lo cronológico, meteorológico y en definitiva aspectos generales de la inspección ocular, contamos con los siguientes datos:

Autopsia: Los cuerpos de las chicas no presentan signos de violencia ni lesiones compatibles con abuso, la data de muerte que surge de un informe preliminar es de entre 24 y 28 horas antes del hallazgo de sus cuerpos colgados con la misma soga de un árbol.

En la recolección de rastros en el escenario del hallazgo se encontró la cartera de una de las jóvenes, que en su interior tenía un teléfono celular, debiéndose peritar el contenido como las huellas que posee en el teclado y la pantalla, no encontrándose otros rastros ni huellas en la escena del crimen.  La pericia toxicológica dio resultado negativo, se incorporo a la investigación entrecruzamiento de mensajes de textos de una de las chicas  y  un mensaje por medio de una red social de la otra chica, donde hablaban de las ganas de morir.

En la muerte por ahorcadura, la fuerza constrictora que comprime el cuello es ejercida por el propio peso del sujeto, mediante el lazo sujeto a un punto fijo.

Debemos tener en cuenta: el grado de suspensión de los cuerpos, la situación del nudo, el habito externo de los colgados puede ser: a) por el grado de suspensión del cuerpo a) completa (no hay apoyo del cuerpo en el suelo o sobre muebles) e incompleta (hay apoyo del cuerpo en el suelo o sobre muebles), b) por la situación del nudo: simétrica (el nudo está ubicado en la nuca o el mentón) o asimétrica (el nudo es lateral derecho o izquierdo).

Es muy importante el estudio del surco, dado que el análisis histológico certificara a nivel microscópico si la lesión es vital o no, es importante el estudio de la piel y tejido celular, los músculos, los vasos, el estado de las partes duras del cuello y el resto de los órganos.

El tema da para mucho más pero dada la brevedad que requiere cada publicación, entiendo que la justicia deberá determinar si la ahorcadura de las amigas de Salta fue producida en vida o el colgamiento fue de los cadáveres, siendo importante verificar contusiones de carácter vital, francamente infiltradas de sangre, que no desaparecen al lavado y a nivel de cualquier dislocación, ruptura o fractura que se encuentre. (cuello).

Teniendo en cuenta los resultados de autopsia, pericia toxicológica con resultado negativo, los mensajes de las chicas enviadas en sus últimas horas de vida  y la ausencia de rastros de interés que ubiquen a terceras personas en el lugar del hecho (nos encarrille hacia un homicidio), como el resto de la prueba incorporada a la causa (que nos encarrille hacia alguna persona que instigo o ayudo para que se lleve a cabo el hecho), la hipótesis que se encamina con mayor seriedad es la del suicidio.

Dr. Marcelo Ángel Biondi

Homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (Art. 80 inc. 6 del CP).

En principio, corresponde recordar que la calificante en trato se configura, en su aspecto objetivo, por la actuación conjunta de dos o más personas, mientras que, el aspecto subjetivo de la misma se compone por la confabulación de los sujetos para cometer en concurso el ilícito.

La faz objetiva,  se encuentra satisfecha si se encuentra probada la  intervención de más de dos sujetos en el hecho.

En el aspecto subjetivo de la agravante debemos analizar en primer término la premeditación del concurso, requerida por la figura penal en trato que supone un previo acuerdo (asistencia) para que el ilícito sea cometido de manera conjunta por los sujetos confabulados. El concepto de premeditación alude inequívocamente al tiempo anterior al suceso, pues si de tal operación luego surgirá cierto consentimiento de los complotados para ejecutar de esa forma –en conjunto- determinado hecho, nunca puede pensarse que ese determinado particular modo de realización del ilícito, que los protagonistas asumen llevar a cabo, pueda ser acordado con posterioridad al evento.

No es necesario que entre esa determinación y  la acción medie un lapso significativo, pues el acuerdo puede ser efectuado inmediatamente antes de la comisión del hecho.

Esta confabulación debe discurrir sobre el accionar conjunto de los sujetos complotados, es decir, no alcanza que entre los mismos exista un acuerdo previo para cometer el ilícito sino que es necesaria que la realización del hecho a través del concurso de los intervinientes sea también confabulada.

Por lo tanto resulta de vital importancia en este tipo de delitos que se encuentre probada la acción conjunta de los sujetos agresores y también el acuerdo previo que determina ese actuar conjunto con los requisitos precedentemente enunciados, pues la circunstancia de que más de dos personas (mínimo tres) actuaran de forma conjunta para cometer el homicidio no alcanza para caracterizar el suceso dentro de la calificante del art. 80 inc. 6º del C.P. En tal caso la calificación legal del hecho debe ser la de homicidio simple (art. 79 del Código Penal.

Dr. Marcelo Ángel Biondi